Más café:
Desde que se demostró que el tabaco es bueno para la salud, todo el mundo ha dejado de fumar”, decía Woody Allen en El dormilón, su única película futurista. La predicción del cómico no va camino de cumplirse para el tabaco, pero tal vez sí para el café. Después de medio siglo de tabarra facultativa sobre los riesgos abominables que comporta ese brebaje, un estudio de Harvard con 400.000 personas, financiado por el Gobierno norteamericano y publicado el miércoles en el New England Jornal of Medicine, acaba de mostrar que el café alarga la vida. ¿Cómo es posible que los médicos te prohibieran el café al menor pestañeo de la presión sistólica y que ahora, de repente, te lo vayan a tener que recetar, o poco menos? Una razón técnica es que los beneficios del café se camuflaban hasta ahora bajo una hojarasca de trampas estadísticas. Los que toman café viven menos que los abstinentes, pero el culpable no es el café, sino la copa y el puro. Los aficionados al brebaje lo suelen ser también al tabaco, el alcohol y el chuletón, y tienden a ser alérgicos a toda fruta, verdura o aparato de gimnasia.
Cuando se descuentan los efectos perniciosos de todos esos hábitos, resulta que el café alarga la vida: un 10% en los hombres y un 15% en las mujeres. Hay que tomarlo con moderación. Los científicos sugieren dos cafés americanos al día, lo que no suena muy excitante. Y, de forma inesperada, da igual tomarlo normal o descafeinado. El café tiene un millar de compuestos, y sus efectos saludables no parecen deberse a la cafeína, sino a alguno de los otros.
El malditismo del café tiene también algo de manía histórica. Descubierto en Etiopía hace 1.200 años —gracias a una cabra propensa a experimentar con los estimulantes, según la leyenda—, el café se propagó por el mundo a la misma velocidad que su represión por las autoridades religiosas o de otro tipo. Un bebedizo que sabe bien, huele a gloria y despeja el ánimo se convierte de inmediato en un sospechoso, porque contradice el principio de que hemos venido a este mundo a sufrir. Pero nada teman los guardianes de la moral, que ahora vamos a tener que sufrir 10 años más. O dejar de tomarlo, como en El dormilón.
sábado, 21 de julio de 2012
Peajes en las autovías
Peajes en las autovías:
Hace poco leímos en este periódico que el agujero negro que había en algunas concesionarias de autopistas de peaje podía superar los 3.800 millones de euros. Los causantes de semejante desaguisado fueron los planificadores que hicieron mal los presupuestos, pues al final los costes fueron escandalosamente mayores y tampoco fueron capaces de prever los ingresos que fueron un 30% de los previstos. No pasaría nada si los responsables de esta desastrosa planificación asumieran las pérdidas. Pero parece ser que también hay que rescatar a las concesiones fallidas de autopistas; algunos miembros de la CEOE siguen en la línea de socialización de pérdidas tan en boga en el modelo económico que nos ha llevado al desastre. Pretenden que los ciudadanos que ya estamos bastante machacados por la crisis no solo paguemos las autopistas de peaje, sino que vayamos pensando también en pagar peajes en las autovías públicas construidas con el dinero del contribuyente. Está claro que esta medida se aplicaría con la excusa del mantenimiento de la red para enjugar el déficit de las autopistas deficitarias. Aceptar un peaje en las autovías sería un suicidio como ciudadanos con un mínimo de dignidad. Lo único que se me ocurre es hacer un llamamiento a una objeción total y masiva de los peajes en las autovías en caso de que se pongan en marcha. Que cada palo aguante su vela. Ya está bien de abusos.— Rodrigo Córdoba García.
Hace poco leímos en este periódico que el agujero negro que había en algunas concesionarias de autopistas de peaje podía superar los 3.800 millones de euros. Los causantes de semejante desaguisado fueron los planificadores que hicieron mal los presupuestos, pues al final los costes fueron escandalosamente mayores y tampoco fueron capaces de prever los ingresos que fueron un 30% de los previstos. No pasaría nada si los responsables de esta desastrosa planificación asumieran las pérdidas. Pero parece ser que también hay que rescatar a las concesiones fallidas de autopistas; algunos miembros de la CEOE siguen en la línea de socialización de pérdidas tan en boga en el modelo económico que nos ha llevado al desastre. Pretenden que los ciudadanos que ya estamos bastante machacados por la crisis no solo paguemos las autopistas de peaje, sino que vayamos pensando también en pagar peajes en las autovías públicas construidas con el dinero del contribuyente. Está claro que esta medida se aplicaría con la excusa del mantenimiento de la red para enjugar el déficit de las autopistas deficitarias. Aceptar un peaje en las autovías sería un suicidio como ciudadanos con un mínimo de dignidad. Lo único que se me ocurre es hacer un llamamiento a una objeción total y masiva de los peajes en las autovías en caso de que se pongan en marcha. Que cada palo aguante su vela. Ya está bien de abusos.— Rodrigo Córdoba García.
No hay eximentes para los desheredados
No hay eximentes para los desheredados:
Estos días he visto en un programa televisivo de denuncia social, en el que aparecía un chico joven llamado Jesús sentenciado a tres años de cárcel por el robo de dos pizzas años atrás, la constante decepción que supone la justicia en este país. Jesús ya no es un chiquillo; en principio, ha reformado su vida, tiene trabajo fijo desde hace seis años, mujer, un hijo y otro en camino.
No se ha de exculpar una mala acción por haber sido una gamberrada de chiquillos, esto es cierto, no obstante, la condena de tres años de cárcel, tras pasar ocho desde que se cometió el delito es un despropósito contraproducente y que además va en contra de la lógica común, esa que muchas veces es más justa que la justicia.
Jesús, el pobre desheredado, no lo ha pensado muy bien, pues si en vez de robar dos pizzas hubiese robado un banco siendo en él un alto cargo, otro gallo le cantaría. Si hubiese malversado fondos, comprado voluntades y cometido prevaricación siendo representante legítimo del pueblo le iría mejor, cuando menos seguro que no iba a la cárcel. Si Jesús fuese yerno de un rey y estuviese casado con una infanta podría haber robado una cadena entera de pizzerías e irse de rositas. Pero el pobre Jesús es uno más.
Nada tan poco solícito, diligente y en muchas ocasiones eficaz, como la justicia en este país.— Javier Diz Casal.
Estos días he visto en un programa televisivo de denuncia social, en el que aparecía un chico joven llamado Jesús sentenciado a tres años de cárcel por el robo de dos pizzas años atrás, la constante decepción que supone la justicia en este país. Jesús ya no es un chiquillo; en principio, ha reformado su vida, tiene trabajo fijo desde hace seis años, mujer, un hijo y otro en camino.
No se ha de exculpar una mala acción por haber sido una gamberrada de chiquillos, esto es cierto, no obstante, la condena de tres años de cárcel, tras pasar ocho desde que se cometió el delito es un despropósito contraproducente y que además va en contra de la lógica común, esa que muchas veces es más justa que la justicia.
Jesús, el pobre desheredado, no lo ha pensado muy bien, pues si en vez de robar dos pizzas hubiese robado un banco siendo en él un alto cargo, otro gallo le cantaría. Si hubiese malversado fondos, comprado voluntades y cometido prevaricación siendo representante legítimo del pueblo le iría mejor, cuando menos seguro que no iba a la cárcel. Si Jesús fuese yerno de un rey y estuviese casado con una infanta podría haber robado una cadena entera de pizzerías e irse de rositas. Pero el pobre Jesús es uno más.
Nada tan poco solícito, diligente y en muchas ocasiones eficaz, como la justicia en este país.— Javier Diz Casal.
Error de cálculo en un indulto
Error de cálculo en un indulto:
El que una práctica sea habitual no quiere decir que sea automática. Este es el error de cálculo que puede llevar a la cárcel a cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra de Cataluña, a pesar de haber sido indultados. La Audiencia de Barcelona les había condenado a seis años de prisión por apalear en 2006 a un rumano, detenido, al que habían confundido con un ladrón. El tribunal, presidido por Carmen Sánchez Albornoz, una magistrada muy rigurosa, les condenó. Los agentes recurrieron y lograron que el Supremo les rebajara la pena, pero aun así debían ingresar en la cárcel. Solo un indulto podía librarles.
Aunque legítima, la medida de gracia es una potestad que los Gobiernos suelen ejercer con prudencia, pues puede ser percibida como una injusticia o como un trato de favor, y en todo caso supone una desautorización del tribunal sentenciador. Así se interpretó en dos indultos muy próximos en el tiempo, en los que el Gobierno fue sensible a las peticiones de clemencia procedentes de CiU: una en beneficio de los citados mossos, y otra a favor de dos altos cargos de Unió Democràtica, condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos en 2009.
En este último caso, el indulto sustituyó seis años de cárcel por una simple multa de 3.650 euros, lo que causó un considerable escándalo, porque con esta decisión se beneficiaba a un partido político en un asunto de corrupción. Uno de los condenados tenía además antecedentes penales por un caso previo de financiación irregular. En el de los mossos, sin embargo, el indulto fue parcial, confiando en que, al quedarse la condena en menos de dos años y carecer de antecedentes penales, no ingresarían en prisión. Fue un error de cálculo; pues si bien el Gobierno tiene la potestad de indultar, la decisión de que el afectado ingrese o no en prisión depende del tribunal sentenciador. Que el reo se libre de la prisión es una práctica habitual, pero en absoluto automática.
En este caso el tribunal ha decidido que, atendiendo a la gravedad de los hechos, los mossos vayan a la cárcel, enmendando así la plana al Ejecutivo. Los agentes piden ahora un segundo indulto. ¿Se atreverá el Gobierno a concedérselo?
El que una práctica sea habitual no quiere decir que sea automática. Este es el error de cálculo que puede llevar a la cárcel a cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra de Cataluña, a pesar de haber sido indultados. La Audiencia de Barcelona les había condenado a seis años de prisión por apalear en 2006 a un rumano, detenido, al que habían confundido con un ladrón. El tribunal, presidido por Carmen Sánchez Albornoz, una magistrada muy rigurosa, les condenó. Los agentes recurrieron y lograron que el Supremo les rebajara la pena, pero aun así debían ingresar en la cárcel. Solo un indulto podía librarles.
Aunque legítima, la medida de gracia es una potestad que los Gobiernos suelen ejercer con prudencia, pues puede ser percibida como una injusticia o como un trato de favor, y en todo caso supone una desautorización del tribunal sentenciador. Así se interpretó en dos indultos muy próximos en el tiempo, en los que el Gobierno fue sensible a las peticiones de clemencia procedentes de CiU: una en beneficio de los citados mossos, y otra a favor de dos altos cargos de Unió Democràtica, condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos en 2009.
En este último caso, el indulto sustituyó seis años de cárcel por una simple multa de 3.650 euros, lo que causó un considerable escándalo, porque con esta decisión se beneficiaba a un partido político en un asunto de corrupción. Uno de los condenados tenía además antecedentes penales por un caso previo de financiación irregular. En el de los mossos, sin embargo, el indulto fue parcial, confiando en que, al quedarse la condena en menos de dos años y carecer de antecedentes penales, no ingresarían en prisión. Fue un error de cálculo; pues si bien el Gobierno tiene la potestad de indultar, la decisión de que el afectado ingrese o no en prisión depende del tribunal sentenciador. Que el reo se libre de la prisión es una práctica habitual, pero en absoluto automática.
En este caso el tribunal ha decidido que, atendiendo a la gravedad de los hechos, los mossos vayan a la cárcel, enmendando así la plana al Ejecutivo. Los agentes piden ahora un segundo indulto. ¿Se atreverá el Gobierno a concedérselo?
La ‘doctrina Parot’ no vale
La ‘doctrina Parot’ no vale:
Hace seis años, la Sala Penal del Tribunal Supremo, con tres votos en contra, estableció la llamada doctrina Parot, que hizo retroactiva una decisión penal desfavorable al condenado. Dio así un giro radical a su tradicional jurisprudencia sobre la redención de penas por el trabajo, con la finalidad de impedir la puesta en libertad de sanguinarios etarras condenados por el Código Penal franquista de 1973. Ahora, una de esas condenadas, Inés del Río, ha conseguido que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo revoque la decisión y condene al Estado español a ponerla en libertad e indemnizarla con 30.000 euros.
La decisión de Estrasburgo supone un serio revés jurídico para el Supremo. Pero también deja en mal lugar al Tribunal Constitucional que, habiendo podido enmendar el disparate jurídico que suponía la doctrina Parot, se limitó a examinar si las liquidaciones de condena hechas al amparo de esa doctrina eran o no correctas. No es plato de buen gusto para el Estado español verse condenado a instancias de una etarra que acumula penas de 3.000 años de cárcel por participar, entre otros, en el terrible atentado de la plaza de la República Dominicana, de Madrid, en 1985. Pero es consecuencia del oportunismo jurídico con el que el Supremo decidió que la redención de penas por el trabajo, de la que en 2006 seguían beneficiándose condenados por el Código de 1973, debía efectuarse sobre el total de la pena y no sobre los 30 años de condena máxima, como hasta entonces.
A la oposición de aquella época, hoy Gobierno, en absoluto ajena a la presión social ejercida entonces sobre los tribunales, le corresponde ejecutar la sentencia. Puede dar largas a su cumplimiento, agotar, como pretende, un último recurso —lo que podría lesionar los derechos de esta presa— y dejar abierta la posibilidad de sucesivas bochornosas condenas al Estado en otra treintena de casos.
Hace seis años, la Sala Penal del Tribunal Supremo, con tres votos en contra, estableció la llamada doctrina Parot, que hizo retroactiva una decisión penal desfavorable al condenado. Dio así un giro radical a su tradicional jurisprudencia sobre la redención de penas por el trabajo, con la finalidad de impedir la puesta en libertad de sanguinarios etarras condenados por el Código Penal franquista de 1973. Ahora, una de esas condenadas, Inés del Río, ha conseguido que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo revoque la decisión y condene al Estado español a ponerla en libertad e indemnizarla con 30.000 euros.
La decisión de Estrasburgo supone un serio revés jurídico para el Supremo. Pero también deja en mal lugar al Tribunal Constitucional que, habiendo podido enmendar el disparate jurídico que suponía la doctrina Parot, se limitó a examinar si las liquidaciones de condena hechas al amparo de esa doctrina eran o no correctas. No es plato de buen gusto para el Estado español verse condenado a instancias de una etarra que acumula penas de 3.000 años de cárcel por participar, entre otros, en el terrible atentado de la plaza de la República Dominicana, de Madrid, en 1985. Pero es consecuencia del oportunismo jurídico con el que el Supremo decidió que la redención de penas por el trabajo, de la que en 2006 seguían beneficiándose condenados por el Código de 1973, debía efectuarse sobre el total de la pena y no sobre los 30 años de condena máxima, como hasta entonces.
A la oposición de aquella época, hoy Gobierno, en absoluto ajena a la presión social ejercida entonces sobre los tribunales, le corresponde ejecutar la sentencia. Puede dar largas a su cumplimiento, agotar, como pretende, un último recurso —lo que podría lesionar los derechos de esta presa— y dejar abierta la posibilidad de sucesivas bochornosas condenas al Estado en otra treintena de casos.
Recortes: llueve sobre mojado
Recortes: llueve sobre mojado:
A los años de congelación de los salarios de los empleados públicos en pleno boom de la economía española han seguido, ya en la era Rajoy, las reducciones salariales y el aumento normativo de las horas de trabajo. Esta mañana nos hemos desayunado con el anuncio de que los funcionarios nos quedamos ahora sin la paga extra de Navidad, además de tener que hacer frente, como el resto de ciudadanos, a la subida del IVA. Yo ya me planteo cuales serán los efectos de estas nuevas medidas sobre mi plan de austeridad familiar que, a base de adelgazar el consumo para hacer frente a tanto recorte, está estrangulando la economía doméstica. Para empezar, en casa tendremos que suprimir el teléfono fijo, rescindir el contrato de suministro de gas, renegociar (de nuevo) o dar de baja los seguros habituales, y un etcétera aún por determinar. La cesta de la compra y el ocio ya los habíamos reducido a lo esencial, pero habrá que reinventar fórmulas aún más baratas.
Y en Navidad, sin paga extra, más de lo mismo. Aparte de desconsuelo y angustia, oír a nuestros gobernantes decir que sin dinamización de la economía ni aumento del consumo no habrá crecimiento económico ni salida de la crisis me produce desconfianza e indignación. Y miedo.— Francisco Pérez Sánchez. Naquera, Valencia.
Tengo 30 años y estoy hipotecado como muchos millones de ciudadanos de mi edad. Me gustaría que Mariano Rajoy, ya que yo no tengo asesores trabajando para mí, me explicase como una crisis que lleva cinco años afectando al consumo, se soluciona subiendo impuestos.
Por mi parte, y creo que no soy el único que piensa así, no voy a gastar más, simplemente aportaré menos a las arcas del IVA. Si hasta ahora he comprado filetes tres días a la semana, compraré dos y el tercero comere arroz (el comerciante va a ganar menos, otro que también va a bajar su consumo). No voy a cambiar el coche dentro de tres años, lo haré dentro de cinco. No voy a salir a cenar todos los fines de semana, invitaré a mis amigos a paella con el arroz que he comprado y nos lo pasaremos igual de bien en casa.
Sí compraré una cosa: volveré al calentador de butano, y recuperaré una cocina de gas del trastero de mis abuelos, porque no pienso consumir más luz de la necesaria después de las dos últimas subidas. No pienso aportar más dinero al Estado porque supondría, usando sus propias palabras, gastar por encima de mis posibilidades y sobre todo, porque ese dinero no se está empleando en la gente que lo está pasando peor que yo, que visto lo visto, me considero un privilegiado.— Santiago García Domínguez. Vigo, Pontevedra.
Si la política económica no reduce la pobreza sino que la aumenta; si no soluciona los problemas de los ciudadanos sino que los complica más; si no es capaz de garantizar que todos los ciudadanos puedan, por lo menos, disponer de educación, sanidad, comida, vestido y techo; si tenemos que pasar por la vergüenza de saber que cada vez hay más niños que van al colegio sin desayunar porque sólo hacen una comida al día... La política económica que se hace no sirve, hay que cambiarla.— Mª Jesús Canet González. Madrid.
A los años de congelación de los salarios de los empleados públicos en pleno boom de la economía española han seguido, ya en la era Rajoy, las reducciones salariales y el aumento normativo de las horas de trabajo. Esta mañana nos hemos desayunado con el anuncio de que los funcionarios nos quedamos ahora sin la paga extra de Navidad, además de tener que hacer frente, como el resto de ciudadanos, a la subida del IVA. Yo ya me planteo cuales serán los efectos de estas nuevas medidas sobre mi plan de austeridad familiar que, a base de adelgazar el consumo para hacer frente a tanto recorte, está estrangulando la economía doméstica. Para empezar, en casa tendremos que suprimir el teléfono fijo, rescindir el contrato de suministro de gas, renegociar (de nuevo) o dar de baja los seguros habituales, y un etcétera aún por determinar. La cesta de la compra y el ocio ya los habíamos reducido a lo esencial, pero habrá que reinventar fórmulas aún más baratas.
Y en Navidad, sin paga extra, más de lo mismo. Aparte de desconsuelo y angustia, oír a nuestros gobernantes decir que sin dinamización de la economía ni aumento del consumo no habrá crecimiento económico ni salida de la crisis me produce desconfianza e indignación. Y miedo.— Francisco Pérez Sánchez. Naquera, Valencia.
Tengo 30 años y estoy hipotecado como muchos millones de ciudadanos de mi edad. Me gustaría que Mariano Rajoy, ya que yo no tengo asesores trabajando para mí, me explicase como una crisis que lleva cinco años afectando al consumo, se soluciona subiendo impuestos.
Por mi parte, y creo que no soy el único que piensa así, no voy a gastar más, simplemente aportaré menos a las arcas del IVA. Si hasta ahora he comprado filetes tres días a la semana, compraré dos y el tercero comere arroz (el comerciante va a ganar menos, otro que también va a bajar su consumo). No voy a cambiar el coche dentro de tres años, lo haré dentro de cinco. No voy a salir a cenar todos los fines de semana, invitaré a mis amigos a paella con el arroz que he comprado y nos lo pasaremos igual de bien en casa.
Sí compraré una cosa: volveré al calentador de butano, y recuperaré una cocina de gas del trastero de mis abuelos, porque no pienso consumir más luz de la necesaria después de las dos últimas subidas. No pienso aportar más dinero al Estado porque supondría, usando sus propias palabras, gastar por encima de mis posibilidades y sobre todo, porque ese dinero no se está empleando en la gente que lo está pasando peor que yo, que visto lo visto, me considero un privilegiado.— Santiago García Domínguez. Vigo, Pontevedra.
Si la política económica no reduce la pobreza sino que la aumenta; si no soluciona los problemas de los ciudadanos sino que los complica más; si no es capaz de garantizar que todos los ciudadanos puedan, por lo menos, disponer de educación, sanidad, comida, vestido y techo; si tenemos que pasar por la vergüenza de saber que cada vez hay más niños que van al colegio sin desayunar porque sólo hacen una comida al día... La política económica que se hace no sirve, hay que cambiarla.— Mª Jesús Canet González. Madrid.
No maltraten a la energía fotovoltaica
No maltraten a la energía fotovoltaica:
Las empresas de UNESA no paran de repetir que las renovables —y en especial las tecnologías solares— son las responsables del déficit de tarifa. La afirmación no encaja demasiado bien con el hecho de que la energía solar prácticamente no existiera en España antes de 2008 y el déficit empezara a crecer hace una década, allá por 2002.
El déficit de tarifa se produce porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir los costes, debido a decisiones políticas del pasado. Y a esas malas decisiones hay que sumar un sistema eléctrico oscurantista, con una estructura tarifaria en la que algunos costes son muy visibles —las primas renovables— y otros muy opacos, como las subvenciones a las centrales de gas: ¿sabían que cada central de gas recibe durante sus primeros 10 años de vida 260.000 euros anuales por MW instalado? Con un parque de 25.269 MW de gas, ese incentivo a la inversión es una carga superior a los 6.000 millones.
Cuando la fotovoltaica irrumpió en 2008 en el mix eléctrico, causó un incremento del 10% de los costes del sistema; ello conllevó un incremento proporcional del recibo de la luz. Sin embargo, desde ese año, con la fotovoltaica prácticamente paralizada por la regulación, la tarifa eléctrica se ha incrementado un 40%, no siendo suficiente para acabar con el déficit de tarifa. La fotovoltaica tiene su parte de responsabilidad, pero no es la máxima responsable.
Probablemente, usted sabrá que las renovables cuestan unos 6.000 millones al año. Pero seguramente no sabe que también reducen el precio de la electricidad en el Mercado Mayorista o pool, y que ese efecto lo ha cuantificado Deloitte en más de 5.000 millones al año. REE, el gestor del sistema eléctrico, ya afirmaba en 2009 que ese efecto reductor del precio del pool y las primas renovables “se contrarrestan en un equilibrio a largo plazo”.
Se podría desglosar una auténtica catarata de costes enmascarados, externalizados o indebidamente computados en la tarifa eléctrica, desde la gestión de los residuos radiactivos hasta las ayudas al carbón. Hágase una idea con el dato de que la retribución a las centrales nucleares en nuestro país es un 60% mayor que en Alemania y un 40% mayor que en Francia y Bélgica.
Más allá del debate de quién es culpable del déficit, que sólo beneficia a aquellos que tienen poder para señalar públicamente a sus enemigos, deberíamos centrarnos en solucionarlo de un modo justo y satisfactorio para los afectados: consumidores, empresas y Administración.
En este punto, no podemos olvidar los pasos que ya se han dado para solucionar el déficit. La fotovoltaica soporta el 60% del ajuste a todo el sector eléctrico que aprobó el anterior Gobierno para paliarlo: las instalaciones cobran un 30% menos hasta 2013 inclusive, y a partir de ese momento, la merma es del 10% durante las tres décadas de vida útil que les quedan. Como resultado, la mayoría de las plantas solares han tenido que refinanciarse y un ajuste adicional les llevaría directamente a suspender pagos.
Se dice que el Gobierno prepara una nueva fiscalidad a la generación que incluye un “baremo de eficiencia” que afectará más a las energías solares. Pues bien, si ese baremo fuera realmente en función de la eficiencia, las más afectadas serían las energías convencionales: la fotovoltaica convierte en electricidad el 15% de la energía solar, mientras que las fósiles convierten en energía útil el 35% del 0,005% de la energía solar que capturaron las plantas, y eso tras procesos naturales de miles de años y procesos industriales de extracción y transformación sucios y peligrosos. La nuclear convierte en electricidad menos del 1% de la energía del uranio.
El Gobierno va a acabar con el déficit de tarifa y a remodelar nuestro sistema eléctrico para evitar situaciones abusivas, como esa que permite a las centrales hidroeléctricas y nucleares cobrar cada kWh al precio que fijan los ciclos combinados de gas natural en el pool, gracias a lo cual han conseguido unos ingresos extra de 23.000 millones sólo desde 2006.
Otro hecho diferenciador del trato otorgado al sector energético tradicional es que se le haya permitido la titulización de 5.000 millones del déficit de tarifa con aval del Estado, porque no existe otro caso en el que el Estado haya dado garantías totales de cobro sobre una deuda.
La energía fotovoltaica apoya al Gobierno en la tarea. Y está dispuesta a aceptar ciertas medidas. Algunas ya han sido analizadas por el Gobierno como la asignación del céntimo verde, la aplicación de un impuesto lineal a la generación, y otras que se han aplicado en otros países como la tasa “Robin Hood”, que grava los beneficios, en Italia. La solución más razonable y eficiente sería alguna combinación de estas alternativas. Desde el sector fotovoltaico ofrecemos total colaboración para alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes.
Eso sí, para aceptar cualquier tipo de ajuste, tendrían que derogarse las medidas que ya soporta la fotovoltaica; un recorte adicional, obviando el pasado reciente, nos condena a la insolvencia.
Jorge Barredo es presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Las empresas de UNESA no paran de repetir que las renovables —y en especial las tecnologías solares— son las responsables del déficit de tarifa. La afirmación no encaja demasiado bien con el hecho de que la energía solar prácticamente no existiera en España antes de 2008 y el déficit empezara a crecer hace una década, allá por 2002.
El déficit de tarifa se produce porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir los costes, debido a decisiones políticas del pasado. Y a esas malas decisiones hay que sumar un sistema eléctrico oscurantista, con una estructura tarifaria en la que algunos costes son muy visibles —las primas renovables— y otros muy opacos, como las subvenciones a las centrales de gas: ¿sabían que cada central de gas recibe durante sus primeros 10 años de vida 260.000 euros anuales por MW instalado? Con un parque de 25.269 MW de gas, ese incentivo a la inversión es una carga superior a los 6.000 millones.
Cuando la fotovoltaica irrumpió en 2008 en el mix eléctrico, causó un incremento del 10% de los costes del sistema; ello conllevó un incremento proporcional del recibo de la luz. Sin embargo, desde ese año, con la fotovoltaica prácticamente paralizada por la regulación, la tarifa eléctrica se ha incrementado un 40%, no siendo suficiente para acabar con el déficit de tarifa. La fotovoltaica tiene su parte de responsabilidad, pero no es la máxima responsable.
Probablemente, usted sabrá que las renovables cuestan unos 6.000 millones al año. Pero seguramente no sabe que también reducen el precio de la electricidad en el Mercado Mayorista o pool, y que ese efecto lo ha cuantificado Deloitte en más de 5.000 millones al año. REE, el gestor del sistema eléctrico, ya afirmaba en 2009 que ese efecto reductor del precio del pool y las primas renovables “se contrarrestan en un equilibrio a largo plazo”.
Se podría desglosar una auténtica catarata de costes enmascarados, externalizados o indebidamente computados en la tarifa eléctrica, desde la gestión de los residuos radiactivos hasta las ayudas al carbón. Hágase una idea con el dato de que la retribución a las centrales nucleares en nuestro país es un 60% mayor que en Alemania y un 40% mayor que en Francia y Bélgica.
Más allá del debate de quién es culpable del déficit, que sólo beneficia a aquellos que tienen poder para señalar públicamente a sus enemigos, deberíamos centrarnos en solucionarlo de un modo justo y satisfactorio para los afectados: consumidores, empresas y Administración.
En este punto, no podemos olvidar los pasos que ya se han dado para solucionar el déficit. La fotovoltaica soporta el 60% del ajuste a todo el sector eléctrico que aprobó el anterior Gobierno para paliarlo: las instalaciones cobran un 30% menos hasta 2013 inclusive, y a partir de ese momento, la merma es del 10% durante las tres décadas de vida útil que les quedan. Como resultado, la mayoría de las plantas solares han tenido que refinanciarse y un ajuste adicional les llevaría directamente a suspender pagos.
Se dice que el Gobierno prepara una nueva fiscalidad a la generación que incluye un “baremo de eficiencia” que afectará más a las energías solares. Pues bien, si ese baremo fuera realmente en función de la eficiencia, las más afectadas serían las energías convencionales: la fotovoltaica convierte en electricidad el 15% de la energía solar, mientras que las fósiles convierten en energía útil el 35% del 0,005% de la energía solar que capturaron las plantas, y eso tras procesos naturales de miles de años y procesos industriales de extracción y transformación sucios y peligrosos. La nuclear convierte en electricidad menos del 1% de la energía del uranio.
El Gobierno va a acabar con el déficit de tarifa y a remodelar nuestro sistema eléctrico para evitar situaciones abusivas, como esa que permite a las centrales hidroeléctricas y nucleares cobrar cada kWh al precio que fijan los ciclos combinados de gas natural en el pool, gracias a lo cual han conseguido unos ingresos extra de 23.000 millones sólo desde 2006.
Otro hecho diferenciador del trato otorgado al sector energético tradicional es que se le haya permitido la titulización de 5.000 millones del déficit de tarifa con aval del Estado, porque no existe otro caso en el que el Estado haya dado garantías totales de cobro sobre una deuda.
La energía fotovoltaica apoya al Gobierno en la tarea. Y está dispuesta a aceptar ciertas medidas. Algunas ya han sido analizadas por el Gobierno como la asignación del céntimo verde, la aplicación de un impuesto lineal a la generación, y otras que se han aplicado en otros países como la tasa “Robin Hood”, que grava los beneficios, en Italia. La solución más razonable y eficiente sería alguna combinación de estas alternativas. Desde el sector fotovoltaico ofrecemos total colaboración para alcanzar una solución satisfactoria para todas las partes.
Eso sí, para aceptar cualquier tipo de ajuste, tendrían que derogarse las medidas que ya soporta la fotovoltaica; un recorte adicional, obviando el pasado reciente, nos condena a la insolvencia.
Jorge Barredo es presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
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