¿Ninguna crisis es como las anteriores?:
A lo largo de la guerra de Secesión de Estados Unidos (1861-1865) la industria textil catalana tuvo serios problemas para abastecerse de algodón en rama. La escasez de materia prima provocó la paralización de muchas empresas. El cónsul británico en Barcelona relataba que los obreros sin trabajo eran empleados por los ayuntamientos o por las autoridades civiles en obras municipales. Grandes cantidades de dinero público, señalaba, se habían gastado juiciosamente. Algo parecido había sucedido en el pasado cuando por razones climatológicas tenía lugar una mala cosecha de cereales.
No parece que los ediles de aquellos tiempos tuvieran demasiada idea de modelos económicos. Sencillamente, bien por caridad, bien por temor a motines populares, recurrían a incrementar el gasto público, incluso endeudándose, con lo que buscaban paliar las consecuencias negativas de la crisis.
Sin duda no de otra forma actuó Franklin D. Roosevelt tras ganar las elecciones en 1933. Cuando los parados se contaban por millones y las coberturas sociales eran casi nulas, los políticos, y mucho menos los políticos de regímenes democráticos, no podían quedarse de brazos cruzados. Tenían que hacer algo, en muchos casos utilizando el método de ensayo-error.
Nunca tendremos la certeza de que fuesen las decisiones de Roosevelt, aplaudidas por Keynes, las que sacaron a Estados Unidos. de la depresión de los años treinta ya que en 1937 se inició otra caída. Algunas de esas medidas adoptadas son poco o nada recordadas, como la devaluación del dólar en torno a un 40% o el cierre de muchos bancos, o el seguro de desempleo. La política económica hitleriana logró reducir el paro en Alemania en 1934 al nivel de 1928, merced a la autarquía y a la expansión del crédito, pero esa política económica tuvo no pequeña responsabilidad en el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
El keynesianismo, como public spending, frente al ortodoxo equilibrio presupuestario prebélico, se popularizó tras la Segunda Guerra Mundial. Pero las décadas en las que se aplicó, grosso modo hasta la recesión de los años 70, fueron muy peculiares. Una parte considerable de la población activa desapareció a causa de la contienda. La brutal elevación de la mortalidad se distribuyó a lo largo de la pirámide de población de forma sesgada. Aunque no hay estudios globales, es muy probable que la mortalidad masculina fuese mayor cuanto menor fuera la cualificación. El esfuerzo bélico en la retaguardia y las argucias alejaron del frente a los especialistas, de picadores de mina a fabricantes de cohetes. Al acabar el conflicto, técnicas e instrumentos vinculados a la guerra —motor a reacción, antibióticos…— se aplicaron a las actividades civiles. Mano de obra muy cualificada, avance técnico, capitales americanos y, todo hay que decirlo, otro modelo de organización social, económica y política al Este, hicieron de los años cincuenta, sesenta e inicios de los setenta una época excepcional en Occidente. La relativa penuria de mano de obra poco cualificada se obtuvo de los países del Sur. Esta etapa acabó hacia mediados de los años setenta. Cuando la coyuntura económica cambió y los gobiernos intentaron reactivar el sistema inyectando capital público se produjo lo que se dio en llamar la estanflación, estancamiento más inflación. Si el incremento del gasto público, endeudándose, hubiera cambiado la tendencia, el llamado neoliberalismo, bien lejano del liberalismo decimonónico, no se hubiera impuesto. Sobre las decisiones y opiniones de los políticos y economistas de los años treinta influía la hiperinflación alemana de los años 1921-1923, de efectos sociales tan devastadores y la mayoría era partidaria de equilibrios presupuestarios y estabilidad monetaria. De forma parecida los temores a una estanflación e intereses nacionales concretos inclinan la balanza hacia el rigor presupuestario y la austeridad ahora.
Ninguna crisis es como la anterior, pero suelen tener ciertas semejanzas. El actual estado de la economía española tiene parecidos con la crisis ferroviaria y bancaria de 1866 y con la depresión de 1890-1896. Una mezcla de ambas.
A mediados del siglo XIX Francia disponía de una capacidad de ahorro por encima de las posibilidades de inversión en su propio país. España fue uno de los países que atrajeron una parte relevante de los capitales galos dedicados a construir caminos de hierro. Se partía de la hipótesis de que una vez montada una red ferroviaria, España se convertiría en un gran exportador de cereales, proporcionando carga y pasajeros. Para financiarla se constituyeron bancos de negocios, amparados en la ley de 28 de enero de 1856. Estos fueron los que canalizaron el ahorro exterior y nacional. El tendido se llevó a cabo con gran rapidez; en diez años unos 6.000 kilómetros. La inmensa mayoría con material importado, libre de derechos aduaneros. Pero cuando los diversos ramales estuvieron interconectados se comprobó que la escasa afluencia de viajeros y de mercancías no hacían rentables las líneas de ferrocarril y sus dificultades afectaron a los bancos que les habían financiado. El error de cálculo arrastró a las empresas ferroviarias y a los bancos. Las quiebras fueron numerosas.
La depresión de 1890-1896 tiene otras características, menos coyunturales, más vinculadas a modificaciones en la economía mundial. Los innovadores de los países avanzados tienden a ampliar sus mercados exportando tecnología a países que no son capaces de producirla, pero si de aplicarla, y en donde su uso puede resultar muy rentable. Estados Unidos y Argentina son dos ejemplos extraeuropeos en donde el ferrocarril, una innovación europea, permitió poner en cultivo enormes extensiones de tierra antes inutilizadas o usadas de forma extensiva, merced al abaratamiento del coste de transporte. La llegada masiva de cereales americanos a Europa provocó una caída de sus precios, dando lugar a una recesión (1890-1896). En España este proceso se vio agravado por la progresiva destrucción del viñedo por la filoxera. Era probablemente la primera vez o casi, que un proceso de globalización tenía consecuencias negativas para ciertos sectores sociales y económicos del viejo continente.
La actual crisis en parte recuerda a la ferroviaria y bancaria de 1866 y en parte a la depresión de 1890-1896. Ciertos países tienen una balanza de comercio excedentaria y una elevada capacidad de ahorro. Para sacar rentabilidad a sus capitales han prestado a terceros de diferentes formas, terceros que han invertido y gastado en negocios no muy solventes, asumiendo grandes riesgos. Sin olvidar que también han generado una importante demanda de bienes y servicios a empresas de los países de donde procedían los préstamos. Cuando se evidencia que los deudores van a tener dificultades para devolver lo prestado surge la crisis. Antes, bajo el liberalismo, esta se llevaba por delante a parte del sistema bancario; ahora implica también al Estado a través de sus intentos por evitar la quiebra de parte del sector financiero nacional. Pero además de sufrir este tipo de crisis, algunos países europeos padecen graves dificultades vinculadas a la globalización, es decir, al uso de nuevas tecnologías en países, antes con tierras abundantes, ahora con mano de obra barata, que son capaces de producir a costes inferiores. A partir de los años cincuenta del siglo pasado la deslocalización de parte de la industria del automóvil europea y estadounidense —Citröen, Renault, Simca, Ford…— benefició a países, como España, con mano de obra barata y capaz de asimilar las nuevas tecnologías. Obviamente, este proceso se ha extendido a otras partes del globo. Dado que no es posible ni razonable recurrir al proteccionismo, ni practicar devaluaciones competitivas solo parece que queda emigrar, lo que ya está haciendo una pequeña parte de la mano de obra cualificada, e incrementar la productividad, invirtiendo en investigación y en formación, pero también adelgazar aquellos sectores que poco o nada contribuyen al crecimiento económico, cuando no lo dificultan. No es solo un problema de capitales, desafortunadamente. Absorber el paro y recuperar la productividad resultará largo y duro, entre otros motivos porque no pocos de los problemas actuales no son solo económicos.
Emiliano Fernández de Pinedo es catedrático de Historia Económica de la UPV-EHU.
miércoles, 1 de agosto de 2012
Argumentos peregrinos
Argumentos peregrinos:
Indemnizar a Dívar por haber sido obligado a abandonar sus cargos en el Poder Judicial supone rizar el rizo del despropósito. Todo comenzó con el peregrino argumento del fiscal que señaló que no comete delito quien detrae para su propio beneficio bienes que recibe en administración, cuando no está obligado a rendir cuentas de su uso. La exoneración de rendir cuentas no elimina el delito y solo produce la inversión de la carga de la prueba. Es decir, obliga al fiscal a probar que el uso de los fondos ha sido ilegítimo, sin perjuicio de actuar cuando existan indicios racionales de mal uso. Confianza no significa discrecionalidad absoluta.
Abusar de esta confianza, lejos de estar amparado en una causa de justificación, constituye en el Código Penal un agravante específico del delito de apropiación indebida. El agravante de abuso de confianza es precisamente uno de los elementos de este tipo delictivo.— Antonio Rato.
Indemnizar a Dívar por haber sido obligado a abandonar sus cargos en el Poder Judicial supone rizar el rizo del despropósito. Todo comenzó con el peregrino argumento del fiscal que señaló que no comete delito quien detrae para su propio beneficio bienes que recibe en administración, cuando no está obligado a rendir cuentas de su uso. La exoneración de rendir cuentas no elimina el delito y solo produce la inversión de la carga de la prueba. Es decir, obliga al fiscal a probar que el uso de los fondos ha sido ilegítimo, sin perjuicio de actuar cuando existan indicios racionales de mal uso. Confianza no significa discrecionalidad absoluta.
Abusar de esta confianza, lejos de estar amparado en una causa de justificación, constituye en el Código Penal un agravante específico del delito de apropiación indebida. El agravante de abuso de confianza es precisamente uno de los elementos de este tipo delictivo.— Antonio Rato.
Siguen sin hablar de empleo
Siguen sin hablar de empleo:
Se reúne el Gobierno con los barones del PP y únicamente hablan de déficit y recortes, cuando evidentemente el mayor problema es el desempleo que poco tiene que ver con el déficit. Parece que su única misión es garantizar que cobren los prestamistas. ¿Es que no les preocupa el paro? ¿De verdad creen que la solución del paro es facilitar el despido, o que cada empresa haga un ERE a la carta? ¿Por qué no analizan sin idealismos políticos desfasados los verdaderos motivos del desempleo? Los principales en Europa de sur son la competencia desleal que la UE permite por intereses comerciales de algunos países influyentes a empresas de naciones con impuestos mínimos y que carecen de Seguridad Social exportarnos sus productos sin apenas aranceles.
En España se ha agravado por el boom del ladrillo, las leyes permisivas y la falta de rigor en las inspecciones que hacen mucho más rentable especular que montar empresas sobre las que caen toda clase de gravámenes.— Rafael Martínez Monserrat.
Se reúne el Gobierno con los barones del PP y únicamente hablan de déficit y recortes, cuando evidentemente el mayor problema es el desempleo que poco tiene que ver con el déficit. Parece que su única misión es garantizar que cobren los prestamistas. ¿Es que no les preocupa el paro? ¿De verdad creen que la solución del paro es facilitar el despido, o que cada empresa haga un ERE a la carta? ¿Por qué no analizan sin idealismos políticos desfasados los verdaderos motivos del desempleo? Los principales en Europa de sur son la competencia desleal que la UE permite por intereses comerciales de algunos países influyentes a empresas de naciones con impuestos mínimos y que carecen de Seguridad Social exportarnos sus productos sin apenas aranceles.
En España se ha agravado por el boom del ladrillo, las leyes permisivas y la falta de rigor en las inspecciones que hacen mucho más rentable especular que montar empresas sobre las que caen toda clase de gravámenes.— Rafael Martínez Monserrat.
Mazazo a la Universidad
Mazazo a la Universidad:
El día 14 de enero de este año, acudí a Santander para impartir un curso de voluntariado en cooperación internacional y me encontré con la sorpresa de que, entre la docena de participantes, había nada menos que cuatro o cinco doctores. Me impactó profundamente que, en el coloquio final que mantuvimos, varios expresaran su decepción ante el hecho de que con 30 años estaban apurando una beca de formación postdoctoral y que, debido a la crisis, no creían que pudieran conseguir ningún empleo en su campo de especialización. Con cierta amargura, uno de los asistentes compartió con nosotros la extraña sensación que experimentaba por el hecho de que, habiendo sido el único de su “quinta” que había salido del pueblo para estudiar en la Universidad, ahora observaba cómo sus amigos habían podido casarse, constituir una familia, encontrar una casa y trabajar, mientras él se enfrentaba a un horizonte incierto. Cuando sus conocidos le preguntaban por su futuro a corto plazo no podía contestar nada en concreto y, lo que es peor, se veía con 40 años sin saber que sería de su vida. El resto de los jóvenes asistentes al taller afirmaba estar en la misma situación, después de haber dedicado muchos años al estudio de su carrera, a aprender idiomas o a realizar viajes al extranjero para mejorar su formación académica. Inmediatamente pensé en la situación de tantos profesores universitarios jóvenes con los que me relaciono.
El pasado sábado 21 de abril el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley de “Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo” que amenaza con arrasar a la institución universitaria. En concreto, de aplicarse en su integridad el conjunto de las disposiciones, podría acabar con más de un tercio de las plantillas docentes y, precisamente, haciendo recaer ese sacrificio sobre la generación más prometedora. Con la amenaza de recortar aún más los fondos dedicados a la educación superior, el decreto pende cual espada de Damocles sobre el conjunto de la comunidad universitaria. Las diversas normas aprobadas a lo largo del presente mes de julio (p.e. la Ley 4/2012 del 4 de julio de la Comunidad de Madrid o el Real Decreto-Ley 20/2012 del 13 de julio) han confirmado la gravedad del escenario en el que nos encontramos. De hecho, son numerosísimas las universidades de nuestro país que han procedido ya a eliminar docentes.
Empecemos por reconocer expresamente que, en tiempos tan difíciles como los actuales, todos –también las universidades- estamos moralmente obligados a asumir restricciones financieras. Vaya también por delante la aceptación de que resulta necesario racionalizar el gasto universitario en aquellos lugares, centros y titulaciones en los que no existe un número razonable de alumnos y que se encuentran, por consiguiente, sobredimensionados. Incluso me parece razonable elevar las tasas sensiblemente, siempre que un sistema efectivo de becas haga factible la igualdad de oportunidades de acceso a la enseñanza superior al margen de la capacidad económica de las familias
Pero, más allá de estos supuestos, existe una amenaza real de descapitalización de la universidad que puede tener consecuencias de enorme calado y que no se justifica en modo alguno. De hecho, se está produciendo una escisión esquizofrénica entre el discurso oficial de los responsables ministeriales —empeñados en hablar de “excelencia”, “investigación”, “calidad”, “internacionalización”, “enseñanza personalizada”, “Espacio Europeo de Educación Superior” o la consideración de la formación superior como la “herramienta estratégica para el desarrollo del país”— y la praxis presupuestaria restrictiva de los últimos años que revierte una tendencia hacia el fortalecimiento de la enseñanza superior que ha sido reconocida por la OCDE y que había conducido a resultados muy positivos tanto en términos de logros académicos como en el terreno del incremento de la investigación, algo que recordaron acertadamente los rectores hace pocas semanas.
De aplicarse el decreto literalmente, la carga lectiva de muchos docentes con dedicación exclusiva podría incrementarse un 33% —el equivalente a elevar de 40 a 53 horas la jornada de trabajo— lo que unido a la eliminación o fusión de grupos o la minusvaloración de otras actividades docentes permitiría recortar drásticamente las plantillas. Lo que conviene poner de relieve es que la medida resulta ineficiente desde el punto de vista económico y profundamente injusta desde el social. El motivo es fácil de entender. Una parte importante de las plantillas universitarias corresponde a los profesores asociados, ayudantes e interinos, cuyas plazas se renuevan cada año o cada tres. Este hecho los sitúa en una posición extremadamente vulnerable. Basta con no renovarles para que dejen de formar parte de los cuerpos docentes y, además, no se hace necesario indemnizarles. Para colmo de males, la política de ahorro que se lleva aplicando desde hace muchos años, conduce a que sus jornadas no sean completas y que, así mismo, sus derechos laborales en caso de despido sean mínimos Estas plazas están ocupadas, muy mayoritariamente, por jóvenes que desean hacer una carrera académica, pero que no han podido acceder a una plaza fija por la falta de fondos. Lo significativo de este amplio número de “descartables” es que son, precisamente, los que se han preparado durante más tiempo para llegar a poder ser profesores y los que siguen con mayor rigor los criterios de exigencia académica establecidos por la ANECA, dado que son requisito imprescindible para obtener la ansiada acreditación.
Es decir, buena parte de los mejores estudiantes del país —en capacidad y esfuerzo—, después de diez o más años dedicados intensamente a la formación (licenciatura, doctorado, idiomas, estancias en centros foráneos, experiencia docente y elaboración de publicaciones) no pueden obtener la mínima estabilidad laboral en la situación actual. Ningún colectivo de trabajadores de nuestro país tiene que acumular tantos méritos para acceder a un puesto de trabajo, durante un periodo de prueba tan dilatado y padeciendo una situación tan precaria. Tengamos en cuenta que son el recambio natural de los profesores veteranos y corremos el riesgo de perderles definitivamente, creando un hueco generacional que no podremos cubrir.
Pero si desde el punto de vista académico esta situación que afecta a personas que superan los 30 años es lamentable, la consideración de la variable económica resulta simplemente indignante. A la mayoría de estos docentes las universidades les contratan con dedicación parcial por lo que impartiendo un 75% de las clases de quienes tenemos la dedicación exclusiva, pueden llegar a cobrar —según las categorías— mucho menos de la mitad. Eso sí, a pesar de no poder acceder a la dedicación exclusiva que muchos de ellos desearían, se ven afectados por las normas de incompatibilidad. En este contexto, la aplicación del Decreto-Ley hará recaer el ajuste sobre quienes son más jóvenes, están haciendo un mayor esfuerzo formativo e investigador, cobran menos y dan relativamente más clases. Por ese motivo, no hay proporción entre el ahorro económico, muy moderado, que se deriva de su despido y la pérdida de capital humano que representará para las universidades a medio y largo plazo.
Muchos de estos jóvenes profesores iniciaron su carrera profesional merced a la ampliación de becas pre-doctorales y post-doctorales que llevaron a cabo los gobiernos recientes, convencidos de que la preparación científica y profesional era una de las carencias históricas de nuestro país. Durante muchos años España ha invertido recursos públicos en la preparación de sus estudiantes más destacados para, finalmente, desperdiciar el esfuerzo. Muchos de ellos abandonarán la actividad investigadora y docente de modo irreversible, mientras otros, los más motivados o desesperados, saldrán de nuestro país y enriquecerán con su inquietud y conocimientos a otros Estados capaces de ofrecerles oportunidades. No olvidemos que la valoración que hacen de nuestros graduados en Europa y Estados Unidos es muy alta en muchas ramas del conocimiento: matemáticas, biología, ingenierías, informática, profesiones sanitarias, arquitectura, etc.
Curiosamente, el panorama educativo de nuestro país se encuentra muy polarizado. Mientras presentamos uno de los índices más altos de fracaso escolar de la OCDE, tenemos también unos resultados notables en materia de educación superior. Mantener o mejorar este último logro y superar el desafío que representa el fracaso escolar reclaman más y mejores profesionales de la educación, no menos y más desbordados.
En cierta ocasión la entonces primera ministra de la India —Indira Gandhi— viendo el tratamiento que daban en la televisión los reporteros occidentales a su país dijo: “nos vemos con los ojos de quienes nos desprecian”. Quienes somos profesionales de la educación en nuestro país en estos difíciles tiempos podemos cambiar algo la expresión y afirmar “estamos gobernados por quienes desconfían de nosotros”. Ya lo decía Mafalda: “lo urgente no deja tiempo para lo importante”. En este caso, la urgencia de los recortes, amenaza con hipotecar lo más importante: la consolidación de una enseñanza superior de mayor calidad que pueda capacitar a nuestro país para enfrentarse a los retos globales que nos esperan. Lo siento, yo también estoy indignado.
Pedro José Gómez Serrano es director del Departamento de Economía Aplicada I en la Universidad Complutense de Madrid.
El día 14 de enero de este año, acudí a Santander para impartir un curso de voluntariado en cooperación internacional y me encontré con la sorpresa de que, entre la docena de participantes, había nada menos que cuatro o cinco doctores. Me impactó profundamente que, en el coloquio final que mantuvimos, varios expresaran su decepción ante el hecho de que con 30 años estaban apurando una beca de formación postdoctoral y que, debido a la crisis, no creían que pudieran conseguir ningún empleo en su campo de especialización. Con cierta amargura, uno de los asistentes compartió con nosotros la extraña sensación que experimentaba por el hecho de que, habiendo sido el único de su “quinta” que había salido del pueblo para estudiar en la Universidad, ahora observaba cómo sus amigos habían podido casarse, constituir una familia, encontrar una casa y trabajar, mientras él se enfrentaba a un horizonte incierto. Cuando sus conocidos le preguntaban por su futuro a corto plazo no podía contestar nada en concreto y, lo que es peor, se veía con 40 años sin saber que sería de su vida. El resto de los jóvenes asistentes al taller afirmaba estar en la misma situación, después de haber dedicado muchos años al estudio de su carrera, a aprender idiomas o a realizar viajes al extranjero para mejorar su formación académica. Inmediatamente pensé en la situación de tantos profesores universitarios jóvenes con los que me relaciono.
El pasado sábado 21 de abril el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley de “Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo” que amenaza con arrasar a la institución universitaria. En concreto, de aplicarse en su integridad el conjunto de las disposiciones, podría acabar con más de un tercio de las plantillas docentes y, precisamente, haciendo recaer ese sacrificio sobre la generación más prometedora. Con la amenaza de recortar aún más los fondos dedicados a la educación superior, el decreto pende cual espada de Damocles sobre el conjunto de la comunidad universitaria. Las diversas normas aprobadas a lo largo del presente mes de julio (p.e. la Ley 4/2012 del 4 de julio de la Comunidad de Madrid o el Real Decreto-Ley 20/2012 del 13 de julio) han confirmado la gravedad del escenario en el que nos encontramos. De hecho, son numerosísimas las universidades de nuestro país que han procedido ya a eliminar docentes.
Empecemos por reconocer expresamente que, en tiempos tan difíciles como los actuales, todos –también las universidades- estamos moralmente obligados a asumir restricciones financieras. Vaya también por delante la aceptación de que resulta necesario racionalizar el gasto universitario en aquellos lugares, centros y titulaciones en los que no existe un número razonable de alumnos y que se encuentran, por consiguiente, sobredimensionados. Incluso me parece razonable elevar las tasas sensiblemente, siempre que un sistema efectivo de becas haga factible la igualdad de oportunidades de acceso a la enseñanza superior al margen de la capacidad económica de las familias
Pero, más allá de estos supuestos, existe una amenaza real de descapitalización de la universidad que puede tener consecuencias de enorme calado y que no se justifica en modo alguno. De hecho, se está produciendo una escisión esquizofrénica entre el discurso oficial de los responsables ministeriales —empeñados en hablar de “excelencia”, “investigación”, “calidad”, “internacionalización”, “enseñanza personalizada”, “Espacio Europeo de Educación Superior” o la consideración de la formación superior como la “herramienta estratégica para el desarrollo del país”— y la praxis presupuestaria restrictiva de los últimos años que revierte una tendencia hacia el fortalecimiento de la enseñanza superior que ha sido reconocida por la OCDE y que había conducido a resultados muy positivos tanto en términos de logros académicos como en el terreno del incremento de la investigación, algo que recordaron acertadamente los rectores hace pocas semanas.
De aplicarse el decreto literalmente, la carga lectiva de muchos docentes con dedicación exclusiva podría incrementarse un 33% —el equivalente a elevar de 40 a 53 horas la jornada de trabajo— lo que unido a la eliminación o fusión de grupos o la minusvaloración de otras actividades docentes permitiría recortar drásticamente las plantillas. Lo que conviene poner de relieve es que la medida resulta ineficiente desde el punto de vista económico y profundamente injusta desde el social. El motivo es fácil de entender. Una parte importante de las plantillas universitarias corresponde a los profesores asociados, ayudantes e interinos, cuyas plazas se renuevan cada año o cada tres. Este hecho los sitúa en una posición extremadamente vulnerable. Basta con no renovarles para que dejen de formar parte de los cuerpos docentes y, además, no se hace necesario indemnizarles. Para colmo de males, la política de ahorro que se lleva aplicando desde hace muchos años, conduce a que sus jornadas no sean completas y que, así mismo, sus derechos laborales en caso de despido sean mínimos Estas plazas están ocupadas, muy mayoritariamente, por jóvenes que desean hacer una carrera académica, pero que no han podido acceder a una plaza fija por la falta de fondos. Lo significativo de este amplio número de “descartables” es que son, precisamente, los que se han preparado durante más tiempo para llegar a poder ser profesores y los que siguen con mayor rigor los criterios de exigencia académica establecidos por la ANECA, dado que son requisito imprescindible para obtener la ansiada acreditación.
Es decir, buena parte de los mejores estudiantes del país —en capacidad y esfuerzo—, después de diez o más años dedicados intensamente a la formación (licenciatura, doctorado, idiomas, estancias en centros foráneos, experiencia docente y elaboración de publicaciones) no pueden obtener la mínima estabilidad laboral en la situación actual. Ningún colectivo de trabajadores de nuestro país tiene que acumular tantos méritos para acceder a un puesto de trabajo, durante un periodo de prueba tan dilatado y padeciendo una situación tan precaria. Tengamos en cuenta que son el recambio natural de los profesores veteranos y corremos el riesgo de perderles definitivamente, creando un hueco generacional que no podremos cubrir.
Pero si desde el punto de vista académico esta situación que afecta a personas que superan los 30 años es lamentable, la consideración de la variable económica resulta simplemente indignante. A la mayoría de estos docentes las universidades les contratan con dedicación parcial por lo que impartiendo un 75% de las clases de quienes tenemos la dedicación exclusiva, pueden llegar a cobrar —según las categorías— mucho menos de la mitad. Eso sí, a pesar de no poder acceder a la dedicación exclusiva que muchos de ellos desearían, se ven afectados por las normas de incompatibilidad. En este contexto, la aplicación del Decreto-Ley hará recaer el ajuste sobre quienes son más jóvenes, están haciendo un mayor esfuerzo formativo e investigador, cobran menos y dan relativamente más clases. Por ese motivo, no hay proporción entre el ahorro económico, muy moderado, que se deriva de su despido y la pérdida de capital humano que representará para las universidades a medio y largo plazo.
Muchos de estos jóvenes profesores iniciaron su carrera profesional merced a la ampliación de becas pre-doctorales y post-doctorales que llevaron a cabo los gobiernos recientes, convencidos de que la preparación científica y profesional era una de las carencias históricas de nuestro país. Durante muchos años España ha invertido recursos públicos en la preparación de sus estudiantes más destacados para, finalmente, desperdiciar el esfuerzo. Muchos de ellos abandonarán la actividad investigadora y docente de modo irreversible, mientras otros, los más motivados o desesperados, saldrán de nuestro país y enriquecerán con su inquietud y conocimientos a otros Estados capaces de ofrecerles oportunidades. No olvidemos que la valoración que hacen de nuestros graduados en Europa y Estados Unidos es muy alta en muchas ramas del conocimiento: matemáticas, biología, ingenierías, informática, profesiones sanitarias, arquitectura, etc.
Curiosamente, el panorama educativo de nuestro país se encuentra muy polarizado. Mientras presentamos uno de los índices más altos de fracaso escolar de la OCDE, tenemos también unos resultados notables en materia de educación superior. Mantener o mejorar este último logro y superar el desafío que representa el fracaso escolar reclaman más y mejores profesionales de la educación, no menos y más desbordados.
En cierta ocasión la entonces primera ministra de la India —Indira Gandhi— viendo el tratamiento que daban en la televisión los reporteros occidentales a su país dijo: “nos vemos con los ojos de quienes nos desprecian”. Quienes somos profesionales de la educación en nuestro país en estos difíciles tiempos podemos cambiar algo la expresión y afirmar “estamos gobernados por quienes desconfían de nosotros”. Ya lo decía Mafalda: “lo urgente no deja tiempo para lo importante”. En este caso, la urgencia de los recortes, amenaza con hipotecar lo más importante: la consolidación de una enseñanza superior de mayor calidad que pueda capacitar a nuestro país para enfrentarse a los retos globales que nos esperan. Lo siento, yo también estoy indignado.
Pedro José Gómez Serrano es director del Departamento de Economía Aplicada I en la Universidad Complutense de Madrid.
El Ayuntamiento se encargará de los parques y jardines de la zona oeste de la ciudad para poderse ahorrar unos 600.000 euros al año
El Ayuntamiento se encargará de los parques y jardines de la zona oeste de la ciudad para poderse ahorrar unos 600.000 euros al año: El Consistorio y la UTE Verde León renegocian el contrato de mantenimiento y conservación de los espacios verdes, para reducir sus términos en un 20%
Los delitos y faltas caen en la provincia un 2,1%
Los delitos y faltas caen en la provincia un 2,1%: El número de robos con fuerza en viviendas crece en la Comunidad un 70% en el primer semestre
Grandes con mecánica deficiente
Grandes con mecánica deficiente:
La natación es el deporte en el que más se evoluciona. En el atletismo, para recortar un segundo en 100 metros han tenido que transcurrir 80 años. A los hombres nos resulta más sencillo ir superando la resistencia de un medio extraño, como el agua, que mejorar en seco, en circunstancias que se acomodan mejor a nuestra naturaleza. El desarrollo de los entrenamientos fuera de la piscina, las pesas, la simulación de brazadas en máquinas para aumentar la fuerza específica..., harán que dentro de cinco años ni nos acordemos de las marcas que se hicieron entre 2008 y 2009 con los bañadores de poliuretano.
Desde la época en que yo nadaba, hace cuatro décadas, el récord mundial de los 100 metros braza ha bajado casi ocho segundos. Un recorte del 10%. Lo que va de la marca del japonés Nobutaka Taguchi en los Juegos de Múnich 1972 (1m 4,94s) a la del sudafricano Van den Burgh en la final del domingo en Londres (58,46s). En 1972, Mark Spitz nadaba los 100 libre en 52,4s. Ahora se nadan en 47s. No somos peces, pero podemos aprender a serlo bastante rápidamente.
Los récords seguirán produciéndose porque todavía hay un gran margen de mejora. Hay grandes nadadores que no tienen una buena técnica. Veo que se puede avanzar más en este sentido cada vez que la cámara cenital o la cámara que sigue las carreras bajo el agua enfocan a los nadadores en plena acción. Muchos de los finalistas no nadan del todo bien. No aprovechan del todo sus brazadas, ni le sacan todo el provecho a las palancas en los virajes ni saben salir del volteo respirando en el momento adecuado para maximizar el impulso. Lo veo sobre todo en las chicas. Principalmente en libre, en espalda y en mariposa, estilos en los que los nadadores insisten en empujar el agua con el brazo estirado, contraviniendo las leyes de la dinámica de fluidos. Ya nos lo enseñó Doc Counsilman cuando aplicó a la natación algunas leyes físicas, como el principio de Bernoulli.
Les invito a experimentar con la técnica. Métanse en una piscina. Sumérjanse hasta apoyar los pies en el fondo. Estiren los brazos hacia adelante en línea recta y luego, sin flexionar los codos, intenten empujar hacia abajo para emerger. Verán que hacen un gran esfuerzo, pero solo suben unos centímetros. Luego flexionen los brazos y empujen hacia abajo con las manos más pegadas al cuerpo. Subirán como cohetes. Por eso la brazada se da con el codo flexionado hacia arriba y luego con un movimiento ondulatorio, en forma de ese, se lleva la mano hacia atrás por debajo del cuerpo y luego hacia afuera procurando ahuecar la palma un poco, como las alas de un avión. Buscando puntos de resistencia del agua, se empuja mejor porque el cuerpo encuentra apoyos, aunque ahora muchos nadadores de éxito empujen con las palmas rectas y con los brazos estirados. Esta forma de hacerlo genera turbulencias en el dorso de la mano y es menos eficaz.
En mi época me decían que un nadador de 20 años difícilmente puede aprender una técnica nueva. Cuando me fui a Estados Unidos, comprobé que eso era falso. Mejoré yo, como mejoró Rafa Escalas y mejoró Sergi López. Nunca es tarde para perfeccionar la técnica y cada detalle sirve para recortar centésimas de segundo.
Santiago Esteva fue el primer nadador finalista olímpico: quinto en los 200m espalda en México 68.
La natación es el deporte en el que más se evoluciona. En el atletismo, para recortar un segundo en 100 metros han tenido que transcurrir 80 años. A los hombres nos resulta más sencillo ir superando la resistencia de un medio extraño, como el agua, que mejorar en seco, en circunstancias que se acomodan mejor a nuestra naturaleza. El desarrollo de los entrenamientos fuera de la piscina, las pesas, la simulación de brazadas en máquinas para aumentar la fuerza específica..., harán que dentro de cinco años ni nos acordemos de las marcas que se hicieron entre 2008 y 2009 con los bañadores de poliuretano.
Desde la época en que yo nadaba, hace cuatro décadas, el récord mundial de los 100 metros braza ha bajado casi ocho segundos. Un recorte del 10%. Lo que va de la marca del japonés Nobutaka Taguchi en los Juegos de Múnich 1972 (1m 4,94s) a la del sudafricano Van den Burgh en la final del domingo en Londres (58,46s). En 1972, Mark Spitz nadaba los 100 libre en 52,4s. Ahora se nadan en 47s. No somos peces, pero podemos aprender a serlo bastante rápidamente.
Los récords seguirán produciéndose porque todavía hay un gran margen de mejora. Hay grandes nadadores que no tienen una buena técnica. Veo que se puede avanzar más en este sentido cada vez que la cámara cenital o la cámara que sigue las carreras bajo el agua enfocan a los nadadores en plena acción. Muchos de los finalistas no nadan del todo bien. No aprovechan del todo sus brazadas, ni le sacan todo el provecho a las palancas en los virajes ni saben salir del volteo respirando en el momento adecuado para maximizar el impulso. Lo veo sobre todo en las chicas. Principalmente en libre, en espalda y en mariposa, estilos en los que los nadadores insisten en empujar el agua con el brazo estirado, contraviniendo las leyes de la dinámica de fluidos. Ya nos lo enseñó Doc Counsilman cuando aplicó a la natación algunas leyes físicas, como el principio de Bernoulli.
Les invito a experimentar con la técnica. Métanse en una piscina. Sumérjanse hasta apoyar los pies en el fondo. Estiren los brazos hacia adelante en línea recta y luego, sin flexionar los codos, intenten empujar hacia abajo para emerger. Verán que hacen un gran esfuerzo, pero solo suben unos centímetros. Luego flexionen los brazos y empujen hacia abajo con las manos más pegadas al cuerpo. Subirán como cohetes. Por eso la brazada se da con el codo flexionado hacia arriba y luego con un movimiento ondulatorio, en forma de ese, se lleva la mano hacia atrás por debajo del cuerpo y luego hacia afuera procurando ahuecar la palma un poco, como las alas de un avión. Buscando puntos de resistencia del agua, se empuja mejor porque el cuerpo encuentra apoyos, aunque ahora muchos nadadores de éxito empujen con las palmas rectas y con los brazos estirados. Esta forma de hacerlo genera turbulencias en el dorso de la mano y es menos eficaz.
En mi época me decían que un nadador de 20 años difícilmente puede aprender una técnica nueva. Cuando me fui a Estados Unidos, comprobé que eso era falso. Mejoré yo, como mejoró Rafa Escalas y mejoró Sergi López. Nunca es tarde para perfeccionar la técnica y cada detalle sirve para recortar centésimas de segundo.
Santiago Esteva fue el primer nadador finalista olímpico: quinto en los 200m espalda en México 68.
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