lunes, 6 de agosto de 2012
Un accidente cada 25,26 minutos
Un accidente cada 25,26 minutos: León es la provincia a la Comunidad con un mayor número de accidentes leves de tráfico y ocupa el puesto 30 en el 'ranking' realizado a nivel nacional
jueves, 2 de agosto de 2012
Rumanía y similares
Rumanía y similares:
Cada país tiene el Gobierno que se merece, y eso más pronto que tarde si cuenta con algún mecanismo democrático. A pesar de que la inmensa mayoría de los rumanos está contra el presidente Basescu por sus recortes brutales en salud, educación y pensiones, y que el 88% de los que votaron el referéndum pidieron su destitución, no tuvo validez, porque la abstención fue del 54%.
La razón que dieron muchos abstencionistas es que tampoco les convencía la oposición. Pobre país, incapaz de encontrar una alternativa, y demasiado parecido a otro, de cuyo nombre no quiero acordarme y en el que ni siquiera se ha podido hacer un referéndum como el rumano, a pesar del rechazo tan masivo y creciente hacia el presidente que revelan las últimas encuestas.— Luis Escobar Huerta.
Cada país tiene el Gobierno que se merece, y eso más pronto que tarde si cuenta con algún mecanismo democrático. A pesar de que la inmensa mayoría de los rumanos está contra el presidente Basescu por sus recortes brutales en salud, educación y pensiones, y que el 88% de los que votaron el referéndum pidieron su destitución, no tuvo validez, porque la abstención fue del 54%.
La razón que dieron muchos abstencionistas es que tampoco les convencía la oposición. Pobre país, incapaz de encontrar una alternativa, y demasiado parecido a otro, de cuyo nombre no quiero acordarme y en el que ni siquiera se ha podido hacer un referéndum como el rumano, a pesar del rechazo tan masivo y creciente hacia el presidente que revelan las últimas encuestas.— Luis Escobar Huerta.
Repsol pretende demandar a un minero leonés por una entrevista en Argentina
Repsol pretende demandar a un minero leonés por una entrevista en Argentina: La empresa cree que las afirmaciones de Víctor Herrero, creador de @Mineros_leon y con más de 13.000 seguidores en twitter, dañan su imagen en Argentina
miércoles, 1 de agosto de 2012
¿Por qué no cambiar las normas?
¿Por qué no cambiar las normas?:
Tenía derecho a una paga extraordinaria esta Navidad y las siguientes, tenía derecho al 5% que me quitaron en 2010, tenía derecho a unos aumentos anuales del sueldo, tenía derecho a unos moscosos y canosos que me dieron a cambio de no darme dinero y tenía otros derechos y me quitan por ley, decreto ley, para ser exactos.
Pregunto: esas indemnizaciones, dietas, gratificaciones, prebendas y sueldos blindados que algunas Instituciones regalan entre sus miembros con el dinero de todos los españoles, ¿no se pueden quitar por ley? ¿Por qué manejan un dinero de todos tan alegremente?
¿Puede el reglamento interno de un grupo ir contra el interés general, las buenas costumbres y la ley que rige para el resto de los mortales? ¿Están por encima de la ley? ¿Qué hace el Gobierno, el Parlamento, el partido del Gobierno y los de la oposición?
¿No pueden los estamentos anteriores reducir sus presupuestos en el importe de estos gastos desmesurados y fuera de todo entendimiento?— Luis Molina.
Tenía derecho a una paga extraordinaria esta Navidad y las siguientes, tenía derecho al 5% que me quitaron en 2010, tenía derecho a unos aumentos anuales del sueldo, tenía derecho a unos moscosos y canosos que me dieron a cambio de no darme dinero y tenía otros derechos y me quitan por ley, decreto ley, para ser exactos.
Pregunto: esas indemnizaciones, dietas, gratificaciones, prebendas y sueldos blindados que algunas Instituciones regalan entre sus miembros con el dinero de todos los españoles, ¿no se pueden quitar por ley? ¿Por qué manejan un dinero de todos tan alegremente?
¿Puede el reglamento interno de un grupo ir contra el interés general, las buenas costumbres y la ley que rige para el resto de los mortales? ¿Están por encima de la ley? ¿Qué hace el Gobierno, el Parlamento, el partido del Gobierno y los de la oposición?
¿No pueden los estamentos anteriores reducir sus presupuestos en el importe de estos gastos desmesurados y fuera de todo entendimiento?— Luis Molina.
Comparecencias
Comparecencias:
El ciudadano de a pie no sale de su asombro al comprobar atónito las sucesivas comparecencias en el Congreso de los presuntos implicados en Bankia, caso que va a costarnos mas de 23.000 millones de euros.
En el desfile de estos días últimos —por cierto, tal como era de esperar— ningún ilustre compareciente ha tenido que ver algo en su hundimiento, no aportando apenas datos y, eso sí, limitándose a contestar lo que han querido sin posibilidad de ir más allá. A alguno con evidente apetencia científica le da por compararlo con la materia oscura —sustancia que se cree representa alrededor del 80% del universo— y que tras ser estudiada durante décadas, sigue siendo todo un misterio inescrutable.
Y luego se extrañaran de que haya gente que piense que nos toman el pelo.— Carmen Ramos Navarro.
El ciudadano de a pie no sale de su asombro al comprobar atónito las sucesivas comparecencias en el Congreso de los presuntos implicados en Bankia, caso que va a costarnos mas de 23.000 millones de euros.
En el desfile de estos días últimos —por cierto, tal como era de esperar— ningún ilustre compareciente ha tenido que ver algo en su hundimiento, no aportando apenas datos y, eso sí, limitándose a contestar lo que han querido sin posibilidad de ir más allá. A alguno con evidente apetencia científica le da por compararlo con la materia oscura —sustancia que se cree representa alrededor del 80% del universo— y que tras ser estudiada durante décadas, sigue siendo todo un misterio inescrutable.
Y luego se extrañaran de que haya gente que piense que nos toman el pelo.— Carmen Ramos Navarro.
Los descalabros de la virtud
Los descalabros de la virtud:
Esta crisis, en la que cuanto más “hacemos los deberes” y más fuertes son los castigos que nos imponen las instituciones comunitarias peor estamos, recuerda este proverbio chino: “para salir del pozo, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar”. Es lo contrario de lo que, desde hace dos años y medio, se viene imponiendo en Grecia, Irlanda, Portugal y, después, en España e Italia: seguir ahondando en las llamadas políticas de “contracción expansiva”, de “devaluación interna” y, generalmente, de austeridad y recortes.
El origen de la política de austeridad es su equivocado diagnóstico: en general, el problema no era el déficit y las deudas públicas, aunque incidieran en las primas de riesgo de la deuda soberana. Principalmente, los problemas provienen del sistema financiero, que concentró elevados volúmenes de activos tóxicos, generando desconfianza y bloqueando el crédito en un contexto de altísimo endeudamiento privado en todas las economías, ocasionando la recesión y el incremento de los déficits públicos. En lugar de sanearlo y de crecer para poder desendeudar, las medidas impuestas se dirigieron a recortar el gasto público, lo que provocó más recesión, una mayor desconfianza en la capacidad para devolver los préstamos y nuevas subidas de las primas de riesgo; a imponer reformas estructurales cada vez más regresivas que solo han aumentado el paro y deteriorado infraestructuras sociales básicas; y a subir impuestos indirectos, lo que paraliza aún más el consumo.
Sin embargo, el problema estaba en el endeudamiento privado y en la situación de las entidades financieras. Y lo sigue estando. En haber proseguido durante tantos años la estrategia del ladrillo y en no haber exigido a tiempo el saneamiento de los activos de los bancos está la responsabilidad de las autoridades españolas: de gobiernos y de entidades de control. Por ejemplo, Cajas y Bancos despreciaban, a pesar de los informes que advertían de ello, los riesgos de la burbuja inmobiliaria y mantuvieron durante años la sobrevaloración de activos, mientras que desde el Banco de España se repetía que el problema era la reforma laboral, sin advertir sobre esos problemas centrales.
La estrategia europea, por su parte, no ha contribuido a solucionar esos problemas sino a crear otros. Olvidando que, como dijo Keynes, “es el periodo de auge y no de depresión cuando es el momento de la austeridad”, las medidas europeas de salida de la crisis no han solucionado ninguno de los problemas: los han agravado todos. En nada permanente han mejorado la situación las sucesivas cumbres, la creación de mecanismos de estabilización financiera, un nuevo Tratado sobre la estabilidad, la coordinación y la gobernanza. Ni el préstamo de un billón de euros (el 11% del PIB europeo) a los bancos al 1% de interés, que les ha asegurado pingües beneficios comprando deuda pública a un interés cinco y seis puntos superior, al tiempo que creaba un círculo vicioso infernal entre bancos y deuda pública; esas ingentes cantidades no han llegado a la actividad económica pero sí han servido para mantener artificialmente bancos “zombies”.
Las secuelas más dramáticas de la crisis se han extendido ya a casi un tercio de la población comunitaria, la demanda interior se halla en caída libre en los países en crisis y, globalmente, está a la baja en la zona euro. Y el riesgo de que la moneda única estalle es cada vez más grande.
Seguir con dicha política es un sinsentido desde un punto de vista económico. Así razona uno de los cinco “sabios” que aconsejan al gobierno alemán, Peter Bofinger: “La estrategia del gobierno federal alemán, que consiste en resolver la crisis gracias a la máxima presión de los mercados y de medidas de austeridad procíclicas impuestas con la ayuda de dicha presión, ha sufrido un naufragio completo”.
Pero es también una ruina para el futuro de nuestro país. Las medidas que se están tomando marcarán profunda y negativamente el porvenir de la estructura socio-económica española. El desempleo conlleva grandes costes humanos: entre otros, pérdida de renta a corto y largo plazo; profundo efecto sobre la vida de los jóvenes, repercusiones sobre la salud de los parados y de la esperanza de vida de los mismos (FMI,2010). El paro implica, asimismo, descualificación profesional, desaprovechamiento y pérdida de capital humano para el país.
Esta obsesión depresiva conlleva, asimismo, un enorme destrozo del tejido productivo. Nuestras empresas cotizadas en bolsa valen hoy la mitad que al principio de la crisis y están mucho más expuestas a ser absorbidas, desde 2007 la quiebra de empresas ha aumentado un 400%, el cambio de modelo productivo está parado.
Lo que une a la inmensa mayoría de los gobiernos y a las instituciones de la UE es aprovechar la crisis para desmantelar el Estado social, empezando por el mercado de trabajo y las pensiones. A su vez, el sistema sanitario español, modélico en el mundo por su relación entre calidad y gasto, ya no volverá a ser el mismo. La reducción de dos puntos de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social mina aún más las bases del sistema contributivo, sin ninguna negociación con los firmantes del Acuerdo Social. Los recortes en educación y en política de I+D+I implicarán un retroceso que costará décadas recuperar. El empobrecimiento y la pérdida de cohesión social condicionan la integración y la competitividad de un país.
Necesitamos más Europa, pero también otra Europa. La supervivencia del euro es inviable sin una unión política. Hay que conceder al BCE los atributos que tiene un Banco Central en cualquier país. Es necesario crear una unión bancaria y establecer eurobonos. Tenemos, por supuesto, que ceder soberanía para una coordinación cooperativa de la política presupuestaria. Y caminar hacia una mayor armonización fiscal y social, para evitar el dumping e impedir la regresión fiscal y social.
Todo ello, sin embargo, llevará bastante tiempo., mientras que ahora necesitamos medidas inmediatas y eficaces. Los países del norte exigen establecer primero su modelo de gobierno europeo e imponer su orientación a los objetivos enumerados en el párrafo anterior, en una caricatura asimétrica y deforme de federalismo económico. En ese escenario, algunos países, como el nuestro, corren el riesgo cierto de quedarse por el camino o estar condenados a la ruina y a un papel subsidiario en el escenario europeo. Pero esa es una discusión posterior ante la emergencia que nos acucia.
Queremos devolver nuestras deudas, pero para ello necesitamos que la UE actúe ya. Que lo haga posible cambiando radicalmente la política de austeridad por otra que conduzca rápidamente al crecimiento sostenible y al empleo. Tan vital como ello es que el BCE, directa o indirectamente, respalde nuestra deuda pública, facilitando un plazo de diez años para su reducción a los niveles requeridos (plazo establecido en EEUU), y asegurando la financiación a tipos de interés similares a los que pagan los países centroeuropeos. Requerimos que el Gobierno español sanee el sistema financiero, implicando a las entidades que sean sostenibles y a los acreedores extranjeros, como parte integrante de la solución.
En fin, es imperativo y urgente relanzar la creación masiva de empleo. Acabar con las devaluaciones internas, y ampliar los plazos de reducción de los déficits, ya tendría en sí mismo un efecto expansivo, pero es necesario un esfuerzo de crecimiento sostenible mucho mayor y mucho más inmediato. Todo ello financiado con impuestos propios de una UE que dispone de un Presupuesto raquítico. Se precisa, igualmente, que los países más saneados aumenten su demanda interna para favorecer el crecimiento de todos
Esta alternativa económica es perfectamente posible. La dificultad proviene de la oposición política, principalmente de Alemania.
Para superarla necesitamos que Gobierno, oposición, organizaciones económicas y sindicales, movimiento sindical europeo, organizaciones sociales, el conjunto de los países más afectados, el Gobierno francés y algunos más se planten y se nieguen a aplicar esta política de austeridad y exijan una política de crecimiento. Y le digan claramente a la señora Merkel que si no se abordan ya las medidas del corto plazo es ilusorio pensar en las de largo plazo, con lo que ellla tendrá también que asumir las consecuencias de no hacerlo.
Es hora de que dejemos de cavar en el pozo. Y de saber si la señora Merkel quiere salvar el euro, si desea que se queden en el euro solo los Estados más ricos, o bien crear una UE neocolonial.
José María Zufiaur es representante de UGT en el Comité Económico y Social Europeo y Antonio González, economista y representante de UGT en el CES español.
Esta crisis, en la que cuanto más “hacemos los deberes” y más fuertes son los castigos que nos imponen las instituciones comunitarias peor estamos, recuerda este proverbio chino: “para salir del pozo, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar”. Es lo contrario de lo que, desde hace dos años y medio, se viene imponiendo en Grecia, Irlanda, Portugal y, después, en España e Italia: seguir ahondando en las llamadas políticas de “contracción expansiva”, de “devaluación interna” y, generalmente, de austeridad y recortes.
El origen de la política de austeridad es su equivocado diagnóstico: en general, el problema no era el déficit y las deudas públicas, aunque incidieran en las primas de riesgo de la deuda soberana. Principalmente, los problemas provienen del sistema financiero, que concentró elevados volúmenes de activos tóxicos, generando desconfianza y bloqueando el crédito en un contexto de altísimo endeudamiento privado en todas las economías, ocasionando la recesión y el incremento de los déficits públicos. En lugar de sanearlo y de crecer para poder desendeudar, las medidas impuestas se dirigieron a recortar el gasto público, lo que provocó más recesión, una mayor desconfianza en la capacidad para devolver los préstamos y nuevas subidas de las primas de riesgo; a imponer reformas estructurales cada vez más regresivas que solo han aumentado el paro y deteriorado infraestructuras sociales básicas; y a subir impuestos indirectos, lo que paraliza aún más el consumo.
Sin embargo, el problema estaba en el endeudamiento privado y en la situación de las entidades financieras. Y lo sigue estando. En haber proseguido durante tantos años la estrategia del ladrillo y en no haber exigido a tiempo el saneamiento de los activos de los bancos está la responsabilidad de las autoridades españolas: de gobiernos y de entidades de control. Por ejemplo, Cajas y Bancos despreciaban, a pesar de los informes que advertían de ello, los riesgos de la burbuja inmobiliaria y mantuvieron durante años la sobrevaloración de activos, mientras que desde el Banco de España se repetía que el problema era la reforma laboral, sin advertir sobre esos problemas centrales.
La estrategia europea, por su parte, no ha contribuido a solucionar esos problemas sino a crear otros. Olvidando que, como dijo Keynes, “es el periodo de auge y no de depresión cuando es el momento de la austeridad”, las medidas europeas de salida de la crisis no han solucionado ninguno de los problemas: los han agravado todos. En nada permanente han mejorado la situación las sucesivas cumbres, la creación de mecanismos de estabilización financiera, un nuevo Tratado sobre la estabilidad, la coordinación y la gobernanza. Ni el préstamo de un billón de euros (el 11% del PIB europeo) a los bancos al 1% de interés, que les ha asegurado pingües beneficios comprando deuda pública a un interés cinco y seis puntos superior, al tiempo que creaba un círculo vicioso infernal entre bancos y deuda pública; esas ingentes cantidades no han llegado a la actividad económica pero sí han servido para mantener artificialmente bancos “zombies”.
Las secuelas más dramáticas de la crisis se han extendido ya a casi un tercio de la población comunitaria, la demanda interior se halla en caída libre en los países en crisis y, globalmente, está a la baja en la zona euro. Y el riesgo de que la moneda única estalle es cada vez más grande.
Seguir con dicha política es un sinsentido desde un punto de vista económico. Así razona uno de los cinco “sabios” que aconsejan al gobierno alemán, Peter Bofinger: “La estrategia del gobierno federal alemán, que consiste en resolver la crisis gracias a la máxima presión de los mercados y de medidas de austeridad procíclicas impuestas con la ayuda de dicha presión, ha sufrido un naufragio completo”.
Pero es también una ruina para el futuro de nuestro país. Las medidas que se están tomando marcarán profunda y negativamente el porvenir de la estructura socio-económica española. El desempleo conlleva grandes costes humanos: entre otros, pérdida de renta a corto y largo plazo; profundo efecto sobre la vida de los jóvenes, repercusiones sobre la salud de los parados y de la esperanza de vida de los mismos (FMI,2010). El paro implica, asimismo, descualificación profesional, desaprovechamiento y pérdida de capital humano para el país.
Esta obsesión depresiva conlleva, asimismo, un enorme destrozo del tejido productivo. Nuestras empresas cotizadas en bolsa valen hoy la mitad que al principio de la crisis y están mucho más expuestas a ser absorbidas, desde 2007 la quiebra de empresas ha aumentado un 400%, el cambio de modelo productivo está parado.
Lo que une a la inmensa mayoría de los gobiernos y a las instituciones de la UE es aprovechar la crisis para desmantelar el Estado social, empezando por el mercado de trabajo y las pensiones. A su vez, el sistema sanitario español, modélico en el mundo por su relación entre calidad y gasto, ya no volverá a ser el mismo. La reducción de dos puntos de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social mina aún más las bases del sistema contributivo, sin ninguna negociación con los firmantes del Acuerdo Social. Los recortes en educación y en política de I+D+I implicarán un retroceso que costará décadas recuperar. El empobrecimiento y la pérdida de cohesión social condicionan la integración y la competitividad de un país.
Necesitamos más Europa, pero también otra Europa. La supervivencia del euro es inviable sin una unión política. Hay que conceder al BCE los atributos que tiene un Banco Central en cualquier país. Es necesario crear una unión bancaria y establecer eurobonos. Tenemos, por supuesto, que ceder soberanía para una coordinación cooperativa de la política presupuestaria. Y caminar hacia una mayor armonización fiscal y social, para evitar el dumping e impedir la regresión fiscal y social.
Todo ello, sin embargo, llevará bastante tiempo., mientras que ahora necesitamos medidas inmediatas y eficaces. Los países del norte exigen establecer primero su modelo de gobierno europeo e imponer su orientación a los objetivos enumerados en el párrafo anterior, en una caricatura asimétrica y deforme de federalismo económico. En ese escenario, algunos países, como el nuestro, corren el riesgo cierto de quedarse por el camino o estar condenados a la ruina y a un papel subsidiario en el escenario europeo. Pero esa es una discusión posterior ante la emergencia que nos acucia.
Queremos devolver nuestras deudas, pero para ello necesitamos que la UE actúe ya. Que lo haga posible cambiando radicalmente la política de austeridad por otra que conduzca rápidamente al crecimiento sostenible y al empleo. Tan vital como ello es que el BCE, directa o indirectamente, respalde nuestra deuda pública, facilitando un plazo de diez años para su reducción a los niveles requeridos (plazo establecido en EEUU), y asegurando la financiación a tipos de interés similares a los que pagan los países centroeuropeos. Requerimos que el Gobierno español sanee el sistema financiero, implicando a las entidades que sean sostenibles y a los acreedores extranjeros, como parte integrante de la solución.
En fin, es imperativo y urgente relanzar la creación masiva de empleo. Acabar con las devaluaciones internas, y ampliar los plazos de reducción de los déficits, ya tendría en sí mismo un efecto expansivo, pero es necesario un esfuerzo de crecimiento sostenible mucho mayor y mucho más inmediato. Todo ello financiado con impuestos propios de una UE que dispone de un Presupuesto raquítico. Se precisa, igualmente, que los países más saneados aumenten su demanda interna para favorecer el crecimiento de todos
Esta alternativa económica es perfectamente posible. La dificultad proviene de la oposición política, principalmente de Alemania.
Para superarla necesitamos que Gobierno, oposición, organizaciones económicas y sindicales, movimiento sindical europeo, organizaciones sociales, el conjunto de los países más afectados, el Gobierno francés y algunos más se planten y se nieguen a aplicar esta política de austeridad y exijan una política de crecimiento. Y le digan claramente a la señora Merkel que si no se abordan ya las medidas del corto plazo es ilusorio pensar en las de largo plazo, con lo que ellla tendrá también que asumir las consecuencias de no hacerlo.
Es hora de que dejemos de cavar en el pozo. Y de saber si la señora Merkel quiere salvar el euro, si desea que se queden en el euro solo los Estados más ricos, o bien crear una UE neocolonial.
José María Zufiaur es representante de UGT en el Comité Económico y Social Europeo y Antonio González, economista y representante de UGT en el CES español.
Esperando a la Constitución
Esperando a la Constitución:
Esperar a la Constitución es lo que en la actualidad le ocurre a poderes públicos y a particulares para intentar ver satisfechas sus pretensiones. Pero esta espera se hace desesperadamente prolongada hasta que la norma suprema pueda desplegar sus efectos. No solo frente a una ley recurrida ante el Tribunal Constitucional, o en relación a los conflictos competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas; sino también con respecto a sentencias de los órganos judiciales que el ciudadano considera lesivas de sus derechos fundamentales. Es una obviedad, pero cuando una constitución se aplica tarde por la jurisdicción constitucional encargada de asegurar su eficacia jurídica, el Estado democrático tiene un problema grave. Y lo es porque afecta a una de las señas de identidad de la constitución, como es su carácter normativo y su exigibilidad jurídica ante los tribunales. Una constitución que el Tribunal Constitucional tarde en aplicar pierde legitimidad política y corre el riesgo de devenir, como decía Loewenstein, en una constitución nominal, es decir, aquella que en realidad no se aplica.
¿Se encuentra ya la Constitución española de 1978 en esta tesitura? La verdad es que la impresión que el ciudadano políticamente activo y consciente de sus derechos y obligaciones puede tener de los retrasos del Tribunal Constitucional, ha de ser de una notable desesperanza sobre su eficacia real. Incluso, ante la pavorosa crisis económica que asola al país, su nivel de decepción ha de ser más intenso y no es imposible que llegue a preguntarse si realmente la Constitución existe, como recientemente me apuntaba el profesor Pedro Jover. Es probable que la situación no llegue de momento a este extremo, pero los retrasos que sigue padeciendo el Tribunal en sus resoluciones son excesivos y afectan a cuestiones pendientes relativas a leyes de gran trascendencia social. Este es el caso, por ejemplo, de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que estableció una nueva regulación a la interrupción del embarazo, aprobada hace más de dos años; o, de la Ley que reconoce el derecho al matrimonio entre parejas homosexuales, aprobada hace nada menos que siete años.
Pero vayamos a los datos que ofrecen las sentencias que hasta principios de julio ha dictado el Tribunal Constitucional sobre leyes. La mayoría de aquellas han enjuiciado la constitucionalidad de normas que fueron aprobadas entre 1999 y 2002. Un retraso medio de 10 años comporta que en más de una ocasión, cuando el Tribunal ya ha decidido sobre el recurso, lo está haciendo respecto de una disposición que en ese largo lapso de tiempo ya ha sido modificada, es decir, que se está pronunciando sobre un derecho histórico. Esta circunstancia hace que el recurso de inconstitucionalidad presentado contra una ley, si esta es estatal, no preocupe en exceso a sus autores, porque mientras tanto no podrá ser suspendida a diferencia de lo que puede ocurrir si se trata de una ley de una Comunidad Autónoma. Con lo cual, la ley o el decreto-ley estatales aprobados en su momento, siempre podrán resultar útiles en términos políticos para quienes los promovieron, más allá de que el Tribunal, transcurridos 10 años, llegue incluso, a declarar contrarios a la Constitución algunos de sus preceptos.
En la resolución de los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas que se producen no solo a través de leyes sino también mediante disposiciones de rango inferior (decretos, órdenes), las sentencias dictadas en lo que va de año también reflejan un notorio retraso. La mayoría se refieren a aquellas que fueron aprobadas entre 2005 y 2008 aunque, por supuesto, también hay otras de años anteriores y muy pocas de los más recientes: total, una media de retraso de unos cuatro años para decidir a quién corresponde la competencia. Lo cual no es precisamente un buen dato, tratándose de un Estado que como el español, se pretendió que fuese políticamente descentralizado, y en el que tanto la Administración central como la de las Comunidades Autónomas deberían disponer de la mayor seguridad y certeza sobre lo que les corresponde regular y gestionar. Cierto es, que la distribución de competencias diseñada por la Constitución y concretada por los Estatutos no ha facilitado las cosas al Tribunal que ha asumido una carga que no le correspondía.
Como también lo es que al igual que ocurrió con el recurso de amparo en Alemania, en España la acumulación de estas demandas individuales de tutela de derechos (en 2006, ingresaron nada menos que 11.471) hizo que el Tribunal tuviese que desatender el juicio sobre la ley y los conflictos competenciales. La reforma del amparo de 2007, que refuerza la condición de los jueces y tribunales ordinarios como sede natural de garantía de los derechos ha de permitir revertir la situación. Pero todavía el retraso es mucho para un tema tan sensible como los derechos fundamentales: las sentencias de este año se refieren en su mayoría a actos de los poderes públicos que fueron recurridos en amparo entre 2006 y 2010, o sea una media de casi cuatro años.
Conclusión: una constitución “viva” no puede ser objeto de mucha espera y ello es una responsabilidad para los poderes públicos y un reto para el Tribunal Constitucional renovado.
Marc Carrillo es Catedrático de Derecho Constitucional Universidad Pompeu Fabra.
Esperar a la Constitución es lo que en la actualidad le ocurre a poderes públicos y a particulares para intentar ver satisfechas sus pretensiones. Pero esta espera se hace desesperadamente prolongada hasta que la norma suprema pueda desplegar sus efectos. No solo frente a una ley recurrida ante el Tribunal Constitucional, o en relación a los conflictos competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas; sino también con respecto a sentencias de los órganos judiciales que el ciudadano considera lesivas de sus derechos fundamentales. Es una obviedad, pero cuando una constitución se aplica tarde por la jurisdicción constitucional encargada de asegurar su eficacia jurídica, el Estado democrático tiene un problema grave. Y lo es porque afecta a una de las señas de identidad de la constitución, como es su carácter normativo y su exigibilidad jurídica ante los tribunales. Una constitución que el Tribunal Constitucional tarde en aplicar pierde legitimidad política y corre el riesgo de devenir, como decía Loewenstein, en una constitución nominal, es decir, aquella que en realidad no se aplica.
¿Se encuentra ya la Constitución española de 1978 en esta tesitura? La verdad es que la impresión que el ciudadano políticamente activo y consciente de sus derechos y obligaciones puede tener de los retrasos del Tribunal Constitucional, ha de ser de una notable desesperanza sobre su eficacia real. Incluso, ante la pavorosa crisis económica que asola al país, su nivel de decepción ha de ser más intenso y no es imposible que llegue a preguntarse si realmente la Constitución existe, como recientemente me apuntaba el profesor Pedro Jover. Es probable que la situación no llegue de momento a este extremo, pero los retrasos que sigue padeciendo el Tribunal en sus resoluciones son excesivos y afectan a cuestiones pendientes relativas a leyes de gran trascendencia social. Este es el caso, por ejemplo, de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que estableció una nueva regulación a la interrupción del embarazo, aprobada hace más de dos años; o, de la Ley que reconoce el derecho al matrimonio entre parejas homosexuales, aprobada hace nada menos que siete años.
Pero vayamos a los datos que ofrecen las sentencias que hasta principios de julio ha dictado el Tribunal Constitucional sobre leyes. La mayoría de aquellas han enjuiciado la constitucionalidad de normas que fueron aprobadas entre 1999 y 2002. Un retraso medio de 10 años comporta que en más de una ocasión, cuando el Tribunal ya ha decidido sobre el recurso, lo está haciendo respecto de una disposición que en ese largo lapso de tiempo ya ha sido modificada, es decir, que se está pronunciando sobre un derecho histórico. Esta circunstancia hace que el recurso de inconstitucionalidad presentado contra una ley, si esta es estatal, no preocupe en exceso a sus autores, porque mientras tanto no podrá ser suspendida a diferencia de lo que puede ocurrir si se trata de una ley de una Comunidad Autónoma. Con lo cual, la ley o el decreto-ley estatales aprobados en su momento, siempre podrán resultar útiles en términos políticos para quienes los promovieron, más allá de que el Tribunal, transcurridos 10 años, llegue incluso, a declarar contrarios a la Constitución algunos de sus preceptos.
En la resolución de los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas que se producen no solo a través de leyes sino también mediante disposiciones de rango inferior (decretos, órdenes), las sentencias dictadas en lo que va de año también reflejan un notorio retraso. La mayoría se refieren a aquellas que fueron aprobadas entre 2005 y 2008 aunque, por supuesto, también hay otras de años anteriores y muy pocas de los más recientes: total, una media de retraso de unos cuatro años para decidir a quién corresponde la competencia. Lo cual no es precisamente un buen dato, tratándose de un Estado que como el español, se pretendió que fuese políticamente descentralizado, y en el que tanto la Administración central como la de las Comunidades Autónomas deberían disponer de la mayor seguridad y certeza sobre lo que les corresponde regular y gestionar. Cierto es, que la distribución de competencias diseñada por la Constitución y concretada por los Estatutos no ha facilitado las cosas al Tribunal que ha asumido una carga que no le correspondía.
Como también lo es que al igual que ocurrió con el recurso de amparo en Alemania, en España la acumulación de estas demandas individuales de tutela de derechos (en 2006, ingresaron nada menos que 11.471) hizo que el Tribunal tuviese que desatender el juicio sobre la ley y los conflictos competenciales. La reforma del amparo de 2007, que refuerza la condición de los jueces y tribunales ordinarios como sede natural de garantía de los derechos ha de permitir revertir la situación. Pero todavía el retraso es mucho para un tema tan sensible como los derechos fundamentales: las sentencias de este año se refieren en su mayoría a actos de los poderes públicos que fueron recurridos en amparo entre 2006 y 2010, o sea una media de casi cuatro años.
Conclusión: una constitución “viva” no puede ser objeto de mucha espera y ello es una responsabilidad para los poderes públicos y un reto para el Tribunal Constitucional renovado.
Marc Carrillo es Catedrático de Derecho Constitucional Universidad Pompeu Fabra.
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