Estamos ante la estafa perfecta:
La mejor estafa es aquella en la que el estafado nunca llega a ser consciente de su condición. La estafa perfecta aun va un paso más allá, y en este caso el estafador es capaz de conseguir el agradecimiento de la víctima.
Nos amenazan con el abismo, para acto seguido rebajarnos el sueldo como única salvación posible. Nos aseguran que estamos al borde del precipicio inmediatamente antes de convencernos de que lo único que puede evitar que caigamos son los recortes. Nos advierten de que las prestaciones sociales nos van a conducir a la ruina e inmediatamente comienzan a desmantelarlas. Los derechos laborales son incompatibles con el crecimiento así que hay que eliminarlos. Nos quitan de nuestros bolsillos el dinero que hay que entregar como intereses a los especuladores y usureros. Y en medio de este naufragio hay que salvar primero a los bancos si es que queremos tener alguna opción de salvarnos todos los demás.
Finalmente entre amenazas de fin del mundo acaban por convencernos de que todos tenemos que ser más pobres para que los ricos lo sean un poco mas, que al parecer es la única forma de que el mundo siga girando.
La estafa viene de lejos, de muy lejos, tal vez nos hayan estado estafando siempre, pero ahora está llegando a su perfección. Nos recortan salarios, nos despiden, nos despojan de derechos, nos roban y nos mienten. Y están a punto de conseguir que aun les demos las gracias.— Sebastian Fernández Izquierdo.
martes, 1 de mayo de 2012
Por una política bisexual
Por una política bisexual:
Mi receta para que España salga de la crisis es muy sencilla: debemos adoptar políticas de liberalización de nuestra economía más a la derecha que las medidas del gobierno Rajoy y políticas de bienestar social más a la izquierda que las propuestas de Rubalcaba. Puedes pensar que soy políticamente incoherente (o políticamente bisexual), pues la liberalización económica va de la mano del desmantelamiento del estado de bienestar y la regularización de los mercados va de la mano de un gobierno más protector. Así nos lo han dicho siempre. Palabra de todos los políticos.
Y así es cómo, de hecho, se está desarrollando el debate político durante esta crisis económica. Por el flanco derecho, las propuestas Merkozy: austeridad en el gasto (menos estado de bienestar) y reformas estructurales (más liberalización de los factores de producción). Por el flanco izquierdo, oposición a la austeridad (intentando mantener el estado de bienestar) y a las reformas liberalizadoras (sobre todo, la reforma laboral).
Pues bien, creo que esta dicotomía es falsa. No es que piense que la política no importa y que no podemos utilizar categorías que nos permitan agregar políticas públicas que tienden a ir juntas. O que los problemas ciudadanos tienen soluciones simplemente tecnocráticas. Todo lo contrario. Precisamente porque las políticas importan mucho, debemos ser más cautelosos a la hora de clasificarlas. Y la disyuntiva izquierda-derecha, aunque sigue sirviendo para la lucha entre políticos, ha envejecido para afrontar los retos de una economía globalizada.
Una visión más moderna debería distinguir dos dimensiones de política económica. Las llamo dimensiones, porque agrupan a políticas que sí suelen ir de la mano. La primera es la dimensión regularización-liberalización de la economía. Es decir, ¿debería el estado regular más los mercados laborales, de bienes, servicios y de capitales; o debería dar libertad a los individuos para que ellos fijaran libremente los precios de dichos productos? Un vistazo a los países de nuestro entorno OCDE nos muestra (los datos exactos pueden consultarse en un excepcional artículo de Jonathan Hopkin y Mark Blyth en Review of International Political Economy, 2011) que los países tendemos a adoptar políticas coherentes en esa dimensión. En aquellos lugares donde los mercados laborales están más rígidamente regulados (como España, Italia, Grecia, México, Turquía) es también donde los empresarios sufren más trabas burocráticas para abrir un negocio, y donde los precios de muchos bienes y servicios no dependen tanto de la libre competencia como de los intereses corporativos de unos determinados gremios profesionales. En otras palabras, se trata de economías con muchos componentes estatistas. Ello no quiere decir que nuestros estados protejan más el interés general de los excesos de un mercado desregulado, sino más bien que nuestros estados protegen más a los grupos de interés que tienen las conexiones políticas adecuadas – o sea, a nuestros “insiders” a expensas de nuestros “outsiders”.
Por un lado, los trabajadores “insiders” – los trabajadores del sector privado con contratos indefinidos y los funcionarios públicos – disfrutan de unas condiciones de trabajo mucho mejores que las de los “outsiders”. No es la mano invisible del mercado la que determina los salarios, sino la mano visible de los representantes sociales con mayor capacidad de presión política. Así, como apuntaba Germà Bel en La Vanguardia, (14-02-2012), los conductores de Transports Metropolitans de Barcelona tienen unos salarios muy superiores que los de aquellos que ejercen la misma profesión en el sector privado. A todas luces, una injusticia social.
Por otro lado, también hay muchos “insiders” en el empresariado español, un hecho sobre el que se habla menos, supongo que porque los economistas reformistas encuentran más sencillo atacar a los sindicatos que a nuestros “campeones nacionales”. En ese sentido, la serie de artículos de César Molinas para El País ha supuesto una excepción refrescante. Como anota Molinas, el español ha sido, históricamente un “capitalismo castizo”, basado no en el ingenio emprendedor (tenemos muy pocos emprendedores innovadores en España), sino en la proximidad al poder (nuestras grandes empresas no son el resultado de unos chavales soñando en un garaje con cambiar el mundo, sino de regulaciones favorables en el BOE gracias a tener los contactos políticos adecuados). Esto debe preocuparnos, porque las ayudas políticas a nuestros capitalistas ”insiders” son a costa de nuestros empresarios “outsiders” – esos que quieren crecer satisfaciendo exclusivamente las necesidades de los consumidores. Y es que nuestros emprendedores “outsiders” sufren todo tipo de trabas burocráticas. Como subrayaba The Economist, el hecho de que España ocupe el lugar 133 del mundo (por detrás de Kenia) en el ranking de cuán fácil es abrir un negocio puede tener algo que ver con nuestras dificultades – y la de otros países de la Europa del sur – para salir de la crisis.
La consecuencia de nuestro estatismo en esta primera dimensión – es decir, de que nuestros trabajadores y empresarios en posiciones de poder evitan que el mercado funcione de forma libre gracias a la connivencia de nuestros políticos – es que la economía española es menos eficiente de lo que podría ser. Hopkin y Blyth ofrecen datos (y referencias a numerosos estudios) en los que podemos ver cómo los países del sur de Europa hemos perdido capacidad competitiva frente a la Europa del norte y al mundo anglosajón porque estos últimos han adoptado políticas más liberales en esta primera dimensión. Es decir, tienen más mercado y menos estado.
Sin embargo, existe una segunda dimensión de políticas igualmente importante: la que pivota sobre el papel del Estado en la provisión de bienestar social. O sea, ¿deberíamos dejar la sanidad, educación, pensiones, asistencia social y otras políticas de bienestar en manos del estado (lo que implica altos impuestos y alto gasto social) o, por el contrario, en manos de un mercado en el que los individuos pagaran en función de su poder adquisitivo? Me gustaría subrayar que esta dimensión sobre el tamaño del estado de bienestar es independiente de la primera dimensión. Así, si bien es cierto que hay países – como los anglosajones – donde tanto la regulación del estado como el gasto social son escasos, también es cierto que hay muchos otros – como los países nórdicos y, en menor medida, Alemania, Benelux y Francia – donde una escasa regulación de los mercados económicos (primer dimensión) viene acompañada de una alta participación del estado en la provisión de bienestar (segunda dimensión).
Los resultados de esa combinación entre muy poco estado a la hora de regular la economía (es decir, a la hora de elaborar el pastel), pero mucho estado del bienestar (es decir, a la hora de repartir el pastel) es doblemente positivo. Los países que más de cerca han seguido esta política ”incoherente” (o bisexual) son los que, durante las últimas décadas han sido más eficientes económicamente – su productividad ha crecido más – y presentan, a la vez, sociedades más igualitarias. En el fondo, tiene sentido: si no hay grupos disfrutando de privilegios especiales, es natural pensar que tanto trabajadores como empresarios asignarán sus energías y sus recursos de la forma más eficiente posible. Y si existe un estado de bienestar poderoso, los ciudadanos gozan de unas igualdades de oportunidades mayores que en aquellos países donde el acceso a la sanidad y a la educación depende del dinero de cada uno.
Alcanzar esa combinación heterodoxa de políticas en España no requiere necesariamente programas políticos centristas o moderados. Implica adoptar políticas valientes que están, en la dimensión de regulación, a la derecha de unas reformas del gobierno Rajoy que siguen protegiendo a “insiders”. Por ejemplo, la reforma laboral es una regulación laberíntica que libera relativamente poco. Y, a la vez, a la izquierda de las propuestas de Rubalcaba en relación al estado de bienestar. En lugar de evitar recortes, la prioridad socialdemócrata debería ser extender el estado de bienestar a áreas que, en sociedades similares a la nuestra, generan cohesión social y sentido de justicia, como una financiación suficiente de la ley dependencia o una educación gratuita de 0 a 6 años. Si, al mismo tiempo, se apostara por un menor estatismo a la hora de regular los mercados, la sociedad española podría generar los recursos para financiar esta expansión del bienestar. Palabra de bisexual político.
Víctor Lapuente Giné es profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.
Mi receta para que España salga de la crisis es muy sencilla: debemos adoptar políticas de liberalización de nuestra economía más a la derecha que las medidas del gobierno Rajoy y políticas de bienestar social más a la izquierda que las propuestas de Rubalcaba. Puedes pensar que soy políticamente incoherente (o políticamente bisexual), pues la liberalización económica va de la mano del desmantelamiento del estado de bienestar y la regularización de los mercados va de la mano de un gobierno más protector. Así nos lo han dicho siempre. Palabra de todos los políticos.
Y así es cómo, de hecho, se está desarrollando el debate político durante esta crisis económica. Por el flanco derecho, las propuestas Merkozy: austeridad en el gasto (menos estado de bienestar) y reformas estructurales (más liberalización de los factores de producción). Por el flanco izquierdo, oposición a la austeridad (intentando mantener el estado de bienestar) y a las reformas liberalizadoras (sobre todo, la reforma laboral).
Pues bien, creo que esta dicotomía es falsa. No es que piense que la política no importa y que no podemos utilizar categorías que nos permitan agregar políticas públicas que tienden a ir juntas. O que los problemas ciudadanos tienen soluciones simplemente tecnocráticas. Todo lo contrario. Precisamente porque las políticas importan mucho, debemos ser más cautelosos a la hora de clasificarlas. Y la disyuntiva izquierda-derecha, aunque sigue sirviendo para la lucha entre políticos, ha envejecido para afrontar los retos de una economía globalizada.
Una visión más moderna debería distinguir dos dimensiones de política económica. Las llamo dimensiones, porque agrupan a políticas que sí suelen ir de la mano. La primera es la dimensión regularización-liberalización de la economía. Es decir, ¿debería el estado regular más los mercados laborales, de bienes, servicios y de capitales; o debería dar libertad a los individuos para que ellos fijaran libremente los precios de dichos productos? Un vistazo a los países de nuestro entorno OCDE nos muestra (los datos exactos pueden consultarse en un excepcional artículo de Jonathan Hopkin y Mark Blyth en Review of International Political Economy, 2011) que los países tendemos a adoptar políticas coherentes en esa dimensión. En aquellos lugares donde los mercados laborales están más rígidamente regulados (como España, Italia, Grecia, México, Turquía) es también donde los empresarios sufren más trabas burocráticas para abrir un negocio, y donde los precios de muchos bienes y servicios no dependen tanto de la libre competencia como de los intereses corporativos de unos determinados gremios profesionales. En otras palabras, se trata de economías con muchos componentes estatistas. Ello no quiere decir que nuestros estados protejan más el interés general de los excesos de un mercado desregulado, sino más bien que nuestros estados protegen más a los grupos de interés que tienen las conexiones políticas adecuadas – o sea, a nuestros “insiders” a expensas de nuestros “outsiders”.
Por un lado, los trabajadores “insiders” – los trabajadores del sector privado con contratos indefinidos y los funcionarios públicos – disfrutan de unas condiciones de trabajo mucho mejores que las de los “outsiders”. No es la mano invisible del mercado la que determina los salarios, sino la mano visible de los representantes sociales con mayor capacidad de presión política. Así, como apuntaba Germà Bel en La Vanguardia, (14-02-2012), los conductores de Transports Metropolitans de Barcelona tienen unos salarios muy superiores que los de aquellos que ejercen la misma profesión en el sector privado. A todas luces, una injusticia social.
Por otro lado, también hay muchos “insiders” en el empresariado español, un hecho sobre el que se habla menos, supongo que porque los economistas reformistas encuentran más sencillo atacar a los sindicatos que a nuestros “campeones nacionales”. En ese sentido, la serie de artículos de César Molinas para El País ha supuesto una excepción refrescante. Como anota Molinas, el español ha sido, históricamente un “capitalismo castizo”, basado no en el ingenio emprendedor (tenemos muy pocos emprendedores innovadores en España), sino en la proximidad al poder (nuestras grandes empresas no son el resultado de unos chavales soñando en un garaje con cambiar el mundo, sino de regulaciones favorables en el BOE gracias a tener los contactos políticos adecuados). Esto debe preocuparnos, porque las ayudas políticas a nuestros capitalistas ”insiders” son a costa de nuestros empresarios “outsiders” – esos que quieren crecer satisfaciendo exclusivamente las necesidades de los consumidores. Y es que nuestros emprendedores “outsiders” sufren todo tipo de trabas burocráticas. Como subrayaba The Economist, el hecho de que España ocupe el lugar 133 del mundo (por detrás de Kenia) en el ranking de cuán fácil es abrir un negocio puede tener algo que ver con nuestras dificultades – y la de otros países de la Europa del sur – para salir de la crisis.
La consecuencia de nuestro estatismo en esta primera dimensión – es decir, de que nuestros trabajadores y empresarios en posiciones de poder evitan que el mercado funcione de forma libre gracias a la connivencia de nuestros políticos – es que la economía española es menos eficiente de lo que podría ser. Hopkin y Blyth ofrecen datos (y referencias a numerosos estudios) en los que podemos ver cómo los países del sur de Europa hemos perdido capacidad competitiva frente a la Europa del norte y al mundo anglosajón porque estos últimos han adoptado políticas más liberales en esta primera dimensión. Es decir, tienen más mercado y menos estado.
Sin embargo, existe una segunda dimensión de políticas igualmente importante: la que pivota sobre el papel del Estado en la provisión de bienestar social. O sea, ¿deberíamos dejar la sanidad, educación, pensiones, asistencia social y otras políticas de bienestar en manos del estado (lo que implica altos impuestos y alto gasto social) o, por el contrario, en manos de un mercado en el que los individuos pagaran en función de su poder adquisitivo? Me gustaría subrayar que esta dimensión sobre el tamaño del estado de bienestar es independiente de la primera dimensión. Así, si bien es cierto que hay países – como los anglosajones – donde tanto la regulación del estado como el gasto social son escasos, también es cierto que hay muchos otros – como los países nórdicos y, en menor medida, Alemania, Benelux y Francia – donde una escasa regulación de los mercados económicos (primer dimensión) viene acompañada de una alta participación del estado en la provisión de bienestar (segunda dimensión).
Los resultados de esa combinación entre muy poco estado a la hora de regular la economía (es decir, a la hora de elaborar el pastel), pero mucho estado del bienestar (es decir, a la hora de repartir el pastel) es doblemente positivo. Los países que más de cerca han seguido esta política ”incoherente” (o bisexual) son los que, durante las últimas décadas han sido más eficientes económicamente – su productividad ha crecido más – y presentan, a la vez, sociedades más igualitarias. En el fondo, tiene sentido: si no hay grupos disfrutando de privilegios especiales, es natural pensar que tanto trabajadores como empresarios asignarán sus energías y sus recursos de la forma más eficiente posible. Y si existe un estado de bienestar poderoso, los ciudadanos gozan de unas igualdades de oportunidades mayores que en aquellos países donde el acceso a la sanidad y a la educación depende del dinero de cada uno.
Alcanzar esa combinación heterodoxa de políticas en España no requiere necesariamente programas políticos centristas o moderados. Implica adoptar políticas valientes que están, en la dimensión de regulación, a la derecha de unas reformas del gobierno Rajoy que siguen protegiendo a “insiders”. Por ejemplo, la reforma laboral es una regulación laberíntica que libera relativamente poco. Y, a la vez, a la izquierda de las propuestas de Rubalcaba en relación al estado de bienestar. En lugar de evitar recortes, la prioridad socialdemócrata debería ser extender el estado de bienestar a áreas que, en sociedades similares a la nuestra, generan cohesión social y sentido de justicia, como una financiación suficiente de la ley dependencia o una educación gratuita de 0 a 6 años. Si, al mismo tiempo, se apostara por un menor estatismo a la hora de regular los mercados, la sociedad española podría generar los recursos para financiar esta expansión del bienestar. Palabra de bisexual político.
Víctor Lapuente Giné es profesor en el Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo.
Las atletas saudíes, en casa
Las atletas saudíes, en casa:
Después de haber insinuado que esta vez las mujeres saudíes podrían ser autorizadas a participar en los Juegos Olímpicos de Londres, el príncipe Nawaf bin Faisal, responsable de la agencia de Bienestar Juvenil y miembro del Comité Olímpico Internacional echó el jueves por tierra las esperanzas de que eso pudiera ocurrir. No, Arabia Saudí no enviará oficialmente a ninguna atleta femenina a Londres. Magnánimo, admitió sin embargo que puedan competir mujeres saudíes residentes en el extranjero si las invita el Comité Olímpico Internacional, aunque en este caso, Arabia Saudí “ofrecerá su ayuda” para “asegurar” que la participación de esas atletas se haga “conforme a la ley islámica”, es decir, cubiertas de tal manera que su cuerpo no pueda ser contemplado de forma lujuriosa.
Con esta pequeña concesión salva la participación de la amazona Dalma Mahas, que ganó una medalla de bronce en las pruebas de 2010 en Singapur. Pero la posición de Arabia Saudí es inaceptable. No porque el olimpismo haya de esperar mucho de la participación de un país que prohíbe el deporte femenino en las escuelas y que las pocas mujeres que lo practican lo hacen escondidas en clubes privados. En esas condiciones, pocas medallas pueden ganar.
Es por una cuestión de principio. La organización Human Rights Watch ha pedido que si las mujeres saudíes no pueden participar, tampoco se admita a los hombres. Propone que se vete la participación de Arabia Saudí por contravenir los principios de igualdad y no discriminación. El COI no puede admitir la participación de un país que prohíbe el deporte a la mitad de su población por las mismas leyes y la misma cultura que obliga a las mujeres a cubrirse de negro de la cabeza a los pies y a caminar siempre dos pasos por detrás de los hombres, que no les permite conducir un coche y que tampoco las deja viajar al extranjero por debajo de los 45 años sin tutela masculina.
La cuestión será discutida en la reunión de mayo. Si quiere ser coherente, el COI debe vetar a Arabia Saudí como vetó entre 1964 y 1990 a Sudáfrica por discriminar a los negros o en 1999 a Afganistán porque el régimen talibán discriminaba a las mujeres de la misma forma y por la misma razón que lo hace el rico país del petróleo.
Después de haber insinuado que esta vez las mujeres saudíes podrían ser autorizadas a participar en los Juegos Olímpicos de Londres, el príncipe Nawaf bin Faisal, responsable de la agencia de Bienestar Juvenil y miembro del Comité Olímpico Internacional echó el jueves por tierra las esperanzas de que eso pudiera ocurrir. No, Arabia Saudí no enviará oficialmente a ninguna atleta femenina a Londres. Magnánimo, admitió sin embargo que puedan competir mujeres saudíes residentes en el extranjero si las invita el Comité Olímpico Internacional, aunque en este caso, Arabia Saudí “ofrecerá su ayuda” para “asegurar” que la participación de esas atletas se haga “conforme a la ley islámica”, es decir, cubiertas de tal manera que su cuerpo no pueda ser contemplado de forma lujuriosa.
Con esta pequeña concesión salva la participación de la amazona Dalma Mahas, que ganó una medalla de bronce en las pruebas de 2010 en Singapur. Pero la posición de Arabia Saudí es inaceptable. No porque el olimpismo haya de esperar mucho de la participación de un país que prohíbe el deporte femenino en las escuelas y que las pocas mujeres que lo practican lo hacen escondidas en clubes privados. En esas condiciones, pocas medallas pueden ganar.
Es por una cuestión de principio. La organización Human Rights Watch ha pedido que si las mujeres saudíes no pueden participar, tampoco se admita a los hombres. Propone que se vete la participación de Arabia Saudí por contravenir los principios de igualdad y no discriminación. El COI no puede admitir la participación de un país que prohíbe el deporte a la mitad de su población por las mismas leyes y la misma cultura que obliga a las mujeres a cubrirse de negro de la cabeza a los pies y a caminar siempre dos pasos por detrás de los hombres, que no les permite conducir un coche y que tampoco las deja viajar al extranjero por debajo de los 45 años sin tutela masculina.
La cuestión será discutida en la reunión de mayo. Si quiere ser coherente, el COI debe vetar a Arabia Saudí como vetó entre 1964 y 1990 a Sudáfrica por discriminar a los negros o en 1999 a Afganistán porque el régimen talibán discriminaba a las mujeres de la misma forma y por la misma razón que lo hace el rico país del petróleo.
¡Qué tiempos aquellos!
¡Qué tiempos aquellos!:
La llegada del viernes era esperada por los trabajadores para poder disfrutar del fin de semana. Hoy la llegada del viernes, se espera con preocupación y temor a las hasta ahora malas noticias que nos da el Gobierno después del Consejo de Ministros. Sigue subiendo el paro, y dicen que este año las listas de desempleados se van a incrementar en más de 600.000 trabajadores. Si es cierto que la Reforma Laboral no abarata el despido sino todo lo contrario, que creará puestos de trabajo, la explicación debe ser que hay que eliminar en el año 2012 a los más viejos y a los que tienen reconocidos sus derechos por los convenios y por la negociación colectiva.
Me acuerdo de aquellos fines de semana, que podías ir al cine. Hoy en esta ciudad, ni eso; porque han hecho un ERE, y los cierran.
Los museos, eran otra opción cultural; pero ya han cerrado el Espacio Gustavo Torner y está sin subvención la fundación Antonio Saura, “Casa Zabala”, con lo que temo también se cierre. Aunque nos queda el Museo de la Semana Santa que también es cultura.
Por el fin de semana, perdemos dos días para buscar trabajo; pero podemos ir a la casa de la cultura o a la biblioteca —que sigue siendo gratuita— pedimos un libro, nos vamos al parque y nos sentamos en un banco, cuando lo hemos despejado de la suciedad acumulada por la falta de limpieza, ya que fueron despedidos los trabajadores que se ocupaban en hacerla.
Y si no vamos a los fantásticos espacios naturales existentes, es por lo que cuesta el carburante.— Manuel Guzman Uceda.
La llegada del viernes era esperada por los trabajadores para poder disfrutar del fin de semana. Hoy la llegada del viernes, se espera con preocupación y temor a las hasta ahora malas noticias que nos da el Gobierno después del Consejo de Ministros. Sigue subiendo el paro, y dicen que este año las listas de desempleados se van a incrementar en más de 600.000 trabajadores. Si es cierto que la Reforma Laboral no abarata el despido sino todo lo contrario, que creará puestos de trabajo, la explicación debe ser que hay que eliminar en el año 2012 a los más viejos y a los que tienen reconocidos sus derechos por los convenios y por la negociación colectiva.
Me acuerdo de aquellos fines de semana, que podías ir al cine. Hoy en esta ciudad, ni eso; porque han hecho un ERE, y los cierran.
Los museos, eran otra opción cultural; pero ya han cerrado el Espacio Gustavo Torner y está sin subvención la fundación Antonio Saura, “Casa Zabala”, con lo que temo también se cierre. Aunque nos queda el Museo de la Semana Santa que también es cultura.
Por el fin de semana, perdemos dos días para buscar trabajo; pero podemos ir a la casa de la cultura o a la biblioteca —que sigue siendo gratuita— pedimos un libro, nos vamos al parque y nos sentamos en un banco, cuando lo hemos despejado de la suciedad acumulada por la falta de limpieza, ya que fueron despedidos los trabajadores que se ocupaban en hacerla.
Y si no vamos a los fantásticos espacios naturales existentes, es por lo que cuesta el carburante.— Manuel Guzman Uceda.
Acampadas ilegales
Acampadas ilegales:
El ministro de Interior anuncia que no va permitir nuevas acampadas del 15-M porque son ilegales.
Si se hubiera puesto tanto celo en denunciar todas las maniobras ilegales, como pelotazos inmobiliarios, corrupción, evasión de capitales, fraude fiscal y fortunas muy sospechosas; si hubiera habido voluntad y decisión política para acabar con prácticas e instrumentos de dudosa legalidad y patente inmoralidad como la ingeniería financiera, los paraísos fiscales, las calificaciones de riesgo de las agencias de ratting y las SICAV; si se hubiera promovido el sentido de la responsabilidad para acotar las inversiones de dinero público en infraestructuras ruinosas para la mayoría, pero muy beneficiosas para unos pocos, como aeropuertos y kilómetros de alta velocidad, así como en iniciativas narcisistas para encumbrar a los políticos que olvidan la naturaleza de sus funciones, como campeonatos de Fórmula 1, premios de vela, parques temáticos o grandes espacios de ocio y consumo; si esta mal llamada crisis no fuera en realidad la coartada para acabar con el Estado social por parte de los poderosos que lo quieren todo, probablemente no se hubiera dado el movimiento ciudadano del 15-M.
Puede que el ministro de interior tenga razón en la ilegalidad de las acampadas, pero los indignados están cargados de razones para tomar las calles y plazas pacíficamente, denunciar la voracidad del modelo capitalista actual y generar el debate, el análisis y la reflexión que tanta falta hace respecto al mundo que estamos haciendo y el mundo que queremos hacer. Muy a menudo lo legal y lo ilegal no concuerdan con lo moral e inmoral.— Marina Rodríguez Martínez.
El ministro de Interior anuncia que no va permitir nuevas acampadas del 15-M porque son ilegales.
Si se hubiera puesto tanto celo en denunciar todas las maniobras ilegales, como pelotazos inmobiliarios, corrupción, evasión de capitales, fraude fiscal y fortunas muy sospechosas; si hubiera habido voluntad y decisión política para acabar con prácticas e instrumentos de dudosa legalidad y patente inmoralidad como la ingeniería financiera, los paraísos fiscales, las calificaciones de riesgo de las agencias de ratting y las SICAV; si se hubiera promovido el sentido de la responsabilidad para acotar las inversiones de dinero público en infraestructuras ruinosas para la mayoría, pero muy beneficiosas para unos pocos, como aeropuertos y kilómetros de alta velocidad, así como en iniciativas narcisistas para encumbrar a los políticos que olvidan la naturaleza de sus funciones, como campeonatos de Fórmula 1, premios de vela, parques temáticos o grandes espacios de ocio y consumo; si esta mal llamada crisis no fuera en realidad la coartada para acabar con el Estado social por parte de los poderosos que lo quieren todo, probablemente no se hubiera dado el movimiento ciudadano del 15-M.
Puede que el ministro de interior tenga razón en la ilegalidad de las acampadas, pero los indignados están cargados de razones para tomar las calles y plazas pacíficamente, denunciar la voracidad del modelo capitalista actual y generar el debate, el análisis y la reflexión que tanta falta hace respecto al mundo que estamos haciendo y el mundo que queremos hacer. Muy a menudo lo legal y lo ilegal no concuerdan con lo moral e inmoral.— Marina Rodríguez Martínez.
No es un 1° de mayo cualquiera
No es un 1° de mayo cualquiera:
La crisis económica está golpeando sobre todo a los trabajadores y sus familias. También ha puesto en evidencia cómo las políticas macroeconómicas de las pasadas décadas han socavado el valor del trabajo decente.
El actual modelo de crecimiento económico considera al trabajo como un costo de producción que debe mantenerse bajo para elevar la competitividad y las ganancias. Por otro lado, los trabajadores son vistos como consumidores a los cuales ofrecer préstamos más que oportunidades de participar en la riqueza que ellos ayudan a crear.
Nos hemos olvidado de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad y, sin ninguna duda, credibilidad en la democracia, lo cual es fundamental para la gobernabilidad. En muchas partes del mundo se ha perdido la noción básica de que el trabajo no es una mercancía.
Por eso, éste no es un 1° de mayo cualquiera. Hay quienes creen que es posible salir de esta crisis con las mismas recetas del pasado. Se equivocan, no es una crisis más.
Esta situación es más evidente en economías avanzadas y, en especial, en la eurozona, donde las políticas para enfrentar los altos niveles de deuda pública están creando un gran costo social que tarde o temprano habrá que pagar.
Cuando las tasas de desempleo juvenil rondan el 50% en países como España y Grecia, queda claro que estamos al límite de esta recesión generada por la austeridad. Se trata de políticas que ignoran los valores de justicia y solidaridad que han guiado a la Unión Europea y que están en el corazón de sus principales tratados. Y que ignoran que para pagar deudas se precisa crecimiento y empleo. Son políticas que se alejan de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se olvidan del papel fundamental que el diálogo social puede jugar en tiempos de crisis.
Precisamos políticas de consolidación fiscal que sean socialmente responsables. En democracia, es más importante contar con la confianza a largo plazo de las personas —especialmente de los más vulnerables— que ganarse el apoyo a corto plazo de los mercados.
Globalmente, la mayoría de las grandes empresas y el sistema financiero en general se han recuperado de la crisis, si bien algunos expertos creen que aún quedan bancos "frágiles". Los gobiernos gastaron miles de millones para esa recuperación. Los trabajadores, en cambio, no han recibido el mismo trato. Se entiende entonces que en este 1° de mayo mucha gente sienta que algunos bancos son demasiado grandes para quebrar, mientras que ellos son demasiado pequeños para ser tomados en cuenta.
¿Qué podemos hacer? Debemos cambiar el modelo de crecimiento de la economía global. Sin duda se trata de un modelo que ha creado mucha riqueza. Pero esta riqueza se ha concentrado en pocas manos y no ha logrado el tipo de crecimiento inclusivo que se suponía iba a generar.
Necesitamos un tipo de crecimiento que beneficie el medio ambiente, promueva el bienestar de las personas y reduzca las desigualdades. Su medida de éxito debe ser el número de empleos de calidad que crea y no el porcentaje de crecimiento del PIB.
El sistema financiero debe estar al servicio de la economía real en vez de especular con el dinero de las personas. Los bancos deben volver a su papel original, que era el de ofrecer préstamos para que las empresas sostenibles inviertan y creen empleos. Las políticas laborales, sociales y ambientales deben ser tan importantes como las políticas macroeconómicas. Éste no es el caso hoy en día.
El llamado Consenso de Washington dictaminaba: un país tendría pobres resultados si basaba su mercado de trabajo en políticas inclusivas como la creación de empleos de calidad, la protección social y el respeto a los derechos laborales. La verdad es contraria: países con políticas sociales de largo plazo han experimentado un crecimiento más estable. Algunos incluso se han vuelto más competitivos y se están recuperando más rápido que otros embarcados en la austeridad fiscal.
Debemos avanzar hacia una globalización que responda a las expectativas de la gente. Ello significa, en primer lugar, la posibilidad de acceder a un trabajo con remuneración justa y derechos laborales. En resumen, un trabajo en condiciones dignas. Esto fue lo que en su momento permitió el surgimiento de las clases medias en todos lados.
Ahora la clase media está amenazada, porque cada vez resulta más difícil conseguir un trabajo decente.
Este preocupante escenario concierne a todos los países. Ninguna nación o región puede bastarse por sí sola. Si queremos avanzar hacia una nueva era de justicia social, precisamos cooperación, diálogo y, sobre todo, liderazgo. Un liderazgo alimentado por valores humanos. Y entre esos valores, es clave la dignidad del trabajo.
Juan Somavia es director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La crisis económica está golpeando sobre todo a los trabajadores y sus familias. También ha puesto en evidencia cómo las políticas macroeconómicas de las pasadas décadas han socavado el valor del trabajo decente.
El actual modelo de crecimiento económico considera al trabajo como un costo de producción que debe mantenerse bajo para elevar la competitividad y las ganancias. Por otro lado, los trabajadores son vistos como consumidores a los cuales ofrecer préstamos más que oportunidades de participar en la riqueza que ellos ayudan a crear.
Nos hemos olvidado de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad y, sin ninguna duda, credibilidad en la democracia, lo cual es fundamental para la gobernabilidad. En muchas partes del mundo se ha perdido la noción básica de que el trabajo no es una mercancía.
Por eso, éste no es un 1° de mayo cualquiera. Hay quienes creen que es posible salir de esta crisis con las mismas recetas del pasado. Se equivocan, no es una crisis más.
Esta situación es más evidente en economías avanzadas y, en especial, en la eurozona, donde las políticas para enfrentar los altos niveles de deuda pública están creando un gran costo social que tarde o temprano habrá que pagar.
Cuando las tasas de desempleo juvenil rondan el 50% en países como España y Grecia, queda claro que estamos al límite de esta recesión generada por la austeridad. Se trata de políticas que ignoran los valores de justicia y solidaridad que han guiado a la Unión Europea y que están en el corazón de sus principales tratados. Y que ignoran que para pagar deudas se precisa crecimiento y empleo. Son políticas que se alejan de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se olvidan del papel fundamental que el diálogo social puede jugar en tiempos de crisis.
Precisamos políticas de consolidación fiscal que sean socialmente responsables. En democracia, es más importante contar con la confianza a largo plazo de las personas —especialmente de los más vulnerables— que ganarse el apoyo a corto plazo de los mercados.
Globalmente, la mayoría de las grandes empresas y el sistema financiero en general se han recuperado de la crisis, si bien algunos expertos creen que aún quedan bancos "frágiles". Los gobiernos gastaron miles de millones para esa recuperación. Los trabajadores, en cambio, no han recibido el mismo trato. Se entiende entonces que en este 1° de mayo mucha gente sienta que algunos bancos son demasiado grandes para quebrar, mientras que ellos son demasiado pequeños para ser tomados en cuenta.
¿Qué podemos hacer? Debemos cambiar el modelo de crecimiento de la economía global. Sin duda se trata de un modelo que ha creado mucha riqueza. Pero esta riqueza se ha concentrado en pocas manos y no ha logrado el tipo de crecimiento inclusivo que se suponía iba a generar.
Necesitamos un tipo de crecimiento que beneficie el medio ambiente, promueva el bienestar de las personas y reduzca las desigualdades. Su medida de éxito debe ser el número de empleos de calidad que crea y no el porcentaje de crecimiento del PIB.
El sistema financiero debe estar al servicio de la economía real en vez de especular con el dinero de las personas. Los bancos deben volver a su papel original, que era el de ofrecer préstamos para que las empresas sostenibles inviertan y creen empleos. Las políticas laborales, sociales y ambientales deben ser tan importantes como las políticas macroeconómicas. Éste no es el caso hoy en día.
El llamado Consenso de Washington dictaminaba: un país tendría pobres resultados si basaba su mercado de trabajo en políticas inclusivas como la creación de empleos de calidad, la protección social y el respeto a los derechos laborales. La verdad es contraria: países con políticas sociales de largo plazo han experimentado un crecimiento más estable. Algunos incluso se han vuelto más competitivos y se están recuperando más rápido que otros embarcados en la austeridad fiscal.
Debemos avanzar hacia una globalización que responda a las expectativas de la gente. Ello significa, en primer lugar, la posibilidad de acceder a un trabajo con remuneración justa y derechos laborales. En resumen, un trabajo en condiciones dignas. Esto fue lo que en su momento permitió el surgimiento de las clases medias en todos lados.
Ahora la clase media está amenazada, porque cada vez resulta más difícil conseguir un trabajo decente.
Este preocupante escenario concierne a todos los países. Ninguna nación o región puede bastarse por sí sola. Si queremos avanzar hacia una nueva era de justicia social, precisamos cooperación, diálogo y, sobre todo, liderazgo. Un liderazgo alimentado por valores humanos. Y entre esos valores, es clave la dignidad del trabajo.
Juan Somavia es director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
PRIMERO DE MAYO
PRIMERO DE MAYO
En 1889 lo instituyó la Segunda Internacional en memoria de los trabajadores que fueron ajusticiados en Chicago por reclamar la jornada laboral de ocho horas.
¿No nos da verguenza en este siglo 21 que no defendamos los derechos de los trabajadores en aras de unos "mercados más eficientes"?
En 1889 lo instituyó la Segunda Internacional en memoria de los trabajadores que fueron ajusticiados en Chicago por reclamar la jornada laboral de ocho horas.
¿No nos da verguenza en este siglo 21 que no defendamos los derechos de los trabajadores en aras de unos "mercados más eficientes"?
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