El dedo de hielo de la muerte filmado en la Antártida:
Espectacular grabación realizada en el Ártico utilizando la técnica Time Lapse, el vídeo capta el momento en el que un dedo de hielo helado se forma bajo el mar y congela a todos los seres vivos que toca a su paso, como estrellas y erizos de mar.
Se trata de una estalactita de hielo, o ‘brinicle’ (de ‘brine icicle’, carámbano de salmuera), como se llama en inglés. Consiste en agua salada que se forma junto con el hielo, pero es más frío, denso y no se congela, sino que empieza a caer hacia el fondo del océano.
Vía | RT
sábado, 1 de septiembre de 2012
‘El cerebro moral’ de Patricia S. Churchland
‘El cerebro moral’ de Patricia S. Churchland:
Las cárceles estadounidenses apenas tienen representación atea. En Japón, uno de los países con la tasa de criminalidad más baja, sólo una minoría de sus ciudadanos declara creer en Dios. Las disensiones entre las distintas religiones son una de las causas principales de los conflictos entre países.
El cínico físico Steven Weinberg expresa de esta forma su parecer sobre los códigos morales que inculca la religión: “Con o sin religión, la gente buena hará el bien y la gente mala hará el mal, pero para que la gente buena haga el mal hace falta la religión”.
De eso trata El cerebro moral de Patricia S. Churchland, en parte. De que nuestro cerebro es moral per se.
En el primer capítulo, se trata el trasfondo de las restricciones evolutivas en la conducta social y moral. El tercer capítulo se adentra en la evolución del cerebro de los mamíferos y el modo en que éste favorece el cuidado y la atención a los demás, analizando el papel que desempeñan en ello hormonas como la oxitocina. En el capítulo cuatro, la autora se centra en el tema de la cooperación, especialmente la cooperación humana, y analiza los datos sobre la importancia de la oxitocina en la cooperación y la confianza. El quinto capítulo aborda el tema de los genes, adoptando, eso sí, un tema prudente. El sexto capítulo trata de la importancia social de la capacidad para atribuir estados mentales, así como la posible base cerebral para una capacidad de este tipo. En el capítulo siete, el tema de las normas y del papel que adoptan las leyes en la conducta moral lleva la discusión a un formato filosófico más tradicional. La religión y su relación con la moralidad son cuestiones que se tratan en el capítulo final de conclusiones.
Las cárceles estadounidenses apenas tienen representación atea. En Japón, uno de los países con la tasa de criminalidad más baja, sólo una minoría de sus ciudadanos declara creer en Dios. Las disensiones entre las distintas religiones son una de las causas principales de los conflictos entre países.El cínico físico Steven Weinberg expresa de esta forma su parecer sobre los códigos morales que inculca la religión: “Con o sin religión, la gente buena hará el bien y la gente mala hará el mal, pero para que la gente buena haga el mal hace falta la religión”.
De eso trata El cerebro moral de Patricia S. Churchland, en parte. De que nuestro cerebro es moral per se.
En el primer capítulo, se trata el trasfondo de las restricciones evolutivas en la conducta social y moral. El tercer capítulo se adentra en la evolución del cerebro de los mamíferos y el modo en que éste favorece el cuidado y la atención a los demás, analizando el papel que desempeñan en ello hormonas como la oxitocina. En el capítulo cuatro, la autora se centra en el tema de la cooperación, especialmente la cooperación humana, y analiza los datos sobre la importancia de la oxitocina en la cooperación y la confianza. El quinto capítulo aborda el tema de los genes, adoptando, eso sí, un tema prudente. El sexto capítulo trata de la importancia social de la capacidad para atribuir estados mentales, así como la posible base cerebral para una capacidad de este tipo. En el capítulo siete, el tema de las normas y del papel que adoptan las leyes en la conducta moral lleva la discusión a un formato filosófico más tradicional. La religión y su relación con la moralidad son cuestiones que se tratan en el capítulo final de conclusiones.
De bancos malos y gobiernos terribles
De bancos malos y gobiernos terribles:
Este viernes el gobierno de España anuncia un nuevo decreto ley que pondrá en funcionamiento el llamado banco malo. Se trata de una medida que venía incorporada en el memorándum que el Gobierno negoció con la troika, el cual no es otra cosa que un conjunto de condiciones económicas que ha de realizar España a cambio de los 100.000 millones de euros del rescate. Es decir, se trata de una nueva imposición que refleja la pérdida de un grado más en la soberanía de nuestro país.
Pongámonos en contexto. Actualmente estamos viviendo la resaca de la burbuja inmobiliaria, durante la cual se construyeron entre 2002 y 2007 más viviendas que en Francia y Alemania juntas (y ambas cuentan con el doble de población y el triple de territorio). Ese proceso de construcción desaforada permitió enormes ganancias al sector de la construcción-inmobiliario, que en alianza con los poderes políticos locales pudo utilizar mecanismos como las reclasificaciones y recalificaciones de suelo para añadir unos cuantos ceros a sus ganancias habituales. La conocida y práctica habitual del “pelotazo urbanístico”.
Pero en ese proceso no se utilizaba sólo dinero ahorrado sino también dinero prestado, así que durante todos esos años la economía española vio como su endeudamiento privado se disparaba. Las grandes empresas de la construcción se regaban con deudas y también los hogares (especialmente los más ricos) multiplicaban su endeudamiento para comprar varias viviendas y poder participar en la orgía especulativa. El acceso a la Unión Europea había supuesto el desmantelamiento del sector industrial y agrario de España, así que el binomio construcción-inmobiliarias se convirtió en el motor del crecimiento español y de la creación de empleo. Cuando la patata caliente estalló y ya nadie quería comprar viviendas todo se vino abajo. Las constructoras tuvieron que cerrar tras despedir a miles de trabajadores y sus activos (viviendas, suelo, préstamos, etc.) pasaron a formar parte de los bancos y cajas que les habían prestado el dinero.
Pero estos bancos y cajas tenían a su vez deudas contraídas con los bancos extranjeros, y ahora las viviendas, suelo y otros activos que recibían ya no valían lo mismo que antes. Incluso, podría decirse, ya no valían nada. Así que muchos bancos tuvieron y tienen que ser rescatados. Y los únicos que los pueden rescatar somos todos nosotros, el dinero público.
Esta es precisamente la esencia de todo el problema actual. Si el banco quiebra entonces se produce un efecto dominó y los que prestaron a los bancos españoles no pueden cobrar su dinero. Si el banco es rescatado, entonces los flujos de dinero seguirán yendo hacia el extranjero al menos durante un tiempo más (que puede ser infinito mientras sigan produciéndose este tipo de rescates). Por supuesto estos rescates siempre van acompañados de condiciones, por más que los ejercicios de retórica del Gobierno pretendan hacer creer lo contrario. La troika y el Gobierno del PP, en esencia, no están rescatando a España sino a los acreedores, es decir, a los bancos alemanes y de otros países que prestaron a los bancos españoles en su afán por sacar beneficios de la burbuja inmobiliaria. Ya ocurrió con Grecia y Portugal.
El banco malo sólo persigue cambiar esos activos que no valen nada por algo de dinero que valga algo. Buscan salvar los muebles como puedan, nunca mejor dicho. El banco acepta una pérdida (que compensará de otra forma) al vender una vivienda o suelo por debajo del que la recibió, pero muy por encima de lo que recibiría si lo quisiera vender ahora mismo a cualquier sujeto económica. Por esa razón el propietario del banco malo, el Estado, pierde mucho más. Esto es, perdemos todos. Se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Una clarísima transferencia de dinero desde lo público hasta lo privado. Una explicación completa y detalla del funcionamiento genérico del banco malo puede leerse aquí.
El coste es inmenso. En primer lugar porque el gobierno asumirá pérdidas en esas operaciones: comprará las viviendas y suelo muy por encima de lo que ahora mismo valen y esperará, quién sabe cuanto, a venderlas más adelante. No es probable (¡ni deseable!) que vuelva una burbuja inmobiliaria, así que las pérdidas están aseguradas. Pero en segundo lugar porque todas estas medidas no corrigen los problemas reales de la economía, que son la falta de crecimiento económico que genere empleo. Más al contrario, aceleran el empobrecimiento de la economía y llevan a una mayor recesión. El crédito bancario no puede volver a fluir porque los bancos están absolutamente empantanados con deudas e incluso aunque no fuese así no tendrían a quien prestar en una economía en recesión. Pero el plan del memorándum y la troika prosigue porque el objetivo no es crear empleo sino empobrecer la economía (con objeto de acabar compitiendo con países como China, con bajos salarios y a través de la exportación). Estas cuestiones las expliqué con más detenimiento aquí.
Hay alternativas al banco malo, y a falta de una Unión Europea sensata (que rescate a las personas y no a los bancos) todas pasan por dejar quebrar a los bancos y nacionalizarlos después. Las viviendas y otros activos inmobiliarios podrían servir para crear un “banco bueno” que creara un stock de viviendas de alquiler público barato. Las estimaciones del censo de 2011 (que todavía está realizándose) plantean que en nuestro país hay entre 5 y 6 millones de viviendas vacías, muchas de las cuales son propiedad de los bancos. De forma paralela es conocida la necesidad de vivienda por gran parte de la población, especialmente joven. Hablamos de un problema que tiene solución técnica, pero que requiere enfrentar con la radicalidad necesaria a los poderes económicos y financieros que nos gobiernan sin legitimidad alguna.
El gobierno acredita con esta medida y una vez más que estamos ante una inmensa estafa y con un plan que responde únicamente a los intereses de los poderes financieros extranjeros. Este gobierno no se preocupa de los ciudadanos sino que sólo obedece las órdenes de instancias no democráticas que son las que realmente mandan. Ausencia de democracia y un gobierno traidor a sus votantes y a sus ciudadanos.
Este viernes el gobierno de España anuncia un nuevo decreto ley que pondrá en funcionamiento el llamado banco malo. Se trata de una medida que venía incorporada en el memorándum que el Gobierno negoció con la troika, el cual no es otra cosa que un conjunto de condiciones económicas que ha de realizar España a cambio de los 100.000 millones de euros del rescate. Es decir, se trata de una nueva imposición que refleja la pérdida de un grado más en la soberanía de nuestro país.
Pongámonos en contexto. Actualmente estamos viviendo la resaca de la burbuja inmobiliaria, durante la cual se construyeron entre 2002 y 2007 más viviendas que en Francia y Alemania juntas (y ambas cuentan con el doble de población y el triple de territorio). Ese proceso de construcción desaforada permitió enormes ganancias al sector de la construcción-inmobiliario, que en alianza con los poderes políticos locales pudo utilizar mecanismos como las reclasificaciones y recalificaciones de suelo para añadir unos cuantos ceros a sus ganancias habituales. La conocida y práctica habitual del “pelotazo urbanístico”.
Pero en ese proceso no se utilizaba sólo dinero ahorrado sino también dinero prestado, así que durante todos esos años la economía española vio como su endeudamiento privado se disparaba. Las grandes empresas de la construcción se regaban con deudas y también los hogares (especialmente los más ricos) multiplicaban su endeudamiento para comprar varias viviendas y poder participar en la orgía especulativa. El acceso a la Unión Europea había supuesto el desmantelamiento del sector industrial y agrario de España, así que el binomio construcción-inmobiliarias se convirtió en el motor del crecimiento español y de la creación de empleo. Cuando la patata caliente estalló y ya nadie quería comprar viviendas todo se vino abajo. Las constructoras tuvieron que cerrar tras despedir a miles de trabajadores y sus activos (viviendas, suelo, préstamos, etc.) pasaron a formar parte de los bancos y cajas que les habían prestado el dinero.
Pero estos bancos y cajas tenían a su vez deudas contraídas con los bancos extranjeros, y ahora las viviendas, suelo y otros activos que recibían ya no valían lo mismo que antes. Incluso, podría decirse, ya no valían nada. Así que muchos bancos tuvieron y tienen que ser rescatados. Y los únicos que los pueden rescatar somos todos nosotros, el dinero público.
Esta es precisamente la esencia de todo el problema actual. Si el banco quiebra entonces se produce un efecto dominó y los que prestaron a los bancos españoles no pueden cobrar su dinero. Si el banco es rescatado, entonces los flujos de dinero seguirán yendo hacia el extranjero al menos durante un tiempo más (que puede ser infinito mientras sigan produciéndose este tipo de rescates). Por supuesto estos rescates siempre van acompañados de condiciones, por más que los ejercicios de retórica del Gobierno pretendan hacer creer lo contrario. La troika y el Gobierno del PP, en esencia, no están rescatando a España sino a los acreedores, es decir, a los bancos alemanes y de otros países que prestaron a los bancos españoles en su afán por sacar beneficios de la burbuja inmobiliaria. Ya ocurrió con Grecia y Portugal.
El banco malo sólo persigue cambiar esos activos que no valen nada por algo de dinero que valga algo. Buscan salvar los muebles como puedan, nunca mejor dicho. El banco acepta una pérdida (que compensará de otra forma) al vender una vivienda o suelo por debajo del que la recibió, pero muy por encima de lo que recibiría si lo quisiera vender ahora mismo a cualquier sujeto económica. Por esa razón el propietario del banco malo, el Estado, pierde mucho más. Esto es, perdemos todos. Se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Una clarísima transferencia de dinero desde lo público hasta lo privado. Una explicación completa y detalla del funcionamiento genérico del banco malo puede leerse aquí.
El coste es inmenso. En primer lugar porque el gobierno asumirá pérdidas en esas operaciones: comprará las viviendas y suelo muy por encima de lo que ahora mismo valen y esperará, quién sabe cuanto, a venderlas más adelante. No es probable (¡ni deseable!) que vuelva una burbuja inmobiliaria, así que las pérdidas están aseguradas. Pero en segundo lugar porque todas estas medidas no corrigen los problemas reales de la economía, que son la falta de crecimiento económico que genere empleo. Más al contrario, aceleran el empobrecimiento de la economía y llevan a una mayor recesión. El crédito bancario no puede volver a fluir porque los bancos están absolutamente empantanados con deudas e incluso aunque no fuese así no tendrían a quien prestar en una economía en recesión. Pero el plan del memorándum y la troika prosigue porque el objetivo no es crear empleo sino empobrecer la economía (con objeto de acabar compitiendo con países como China, con bajos salarios y a través de la exportación). Estas cuestiones las expliqué con más detenimiento aquí.
Hay alternativas al banco malo, y a falta de una Unión Europea sensata (que rescate a las personas y no a los bancos) todas pasan por dejar quebrar a los bancos y nacionalizarlos después. Las viviendas y otros activos inmobiliarios podrían servir para crear un “banco bueno” que creara un stock de viviendas de alquiler público barato. Las estimaciones del censo de 2011 (que todavía está realizándose) plantean que en nuestro país hay entre 5 y 6 millones de viviendas vacías, muchas de las cuales son propiedad de los bancos. De forma paralela es conocida la necesidad de vivienda por gran parte de la población, especialmente joven. Hablamos de un problema que tiene solución técnica, pero que requiere enfrentar con la radicalidad necesaria a los poderes económicos y financieros que nos gobiernan sin legitimidad alguna.
El gobierno acredita con esta medida y una vez más que estamos ante una inmensa estafa y con un plan que responde únicamente a los intereses de los poderes financieros extranjeros. Este gobierno no se preocupa de los ciudadanos sino que sólo obedece las órdenes de instancias no democráticas que son las que realmente mandan. Ausencia de democracia y un gobierno traidor a sus votantes y a sus ciudadanos.
La confianza legítima como escudo jurídico contra los tijeretazos
La confianza legítima como escudo jurídico contra los tijeretazos:
Al igual que el Maestro Fray Luis de León a su vuelta a las aulas afirmaba aquéllo de “Cómo decíamos ayer…”, regreso descansado a la disciplina del blog para comprobar que siguen los tijeretazos y Decretazos, estratégicamente dosificados, siendo ilustrativo que ayer, 31 de Agosto se publicó a las 17,30 el BOE del siguiente día 1 de Septiembre ( anticipación temporal que tolera la realidad virtual e insólitas en el viejo mundo de papel), con la finalidad política de difundir – tras la hora de cierre en Bolsa y antes de que los rumores se disparasen- el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, norma que además de modificar la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el puntual aspecto competencial, está llamada a regir indirectamente las vidas de las economías de empresas y ciudadanos ( no en vano es un Decreto Ley que afecta al corazón financiero del país, y “cuando las finanzas entran por la puerta, el Derecho sale por la ventana”).
Al igual que el Maestro Fray Luis de León a su vuelta a las aulas afirmaba aquéllo de “Cómo decíamos ayer…”, regreso descansado a la disciplina del blog para comprobar que siguen los tijeretazos y Decretazos, estratégicamente dosificados, siendo ilustrativo que ayer, 31 de Agosto se publicó a las 17,30 el BOE del siguiente día 1 de Septiembre ( anticipación temporal que tolera la realidad virtual e insólitas en el viejo mundo de papel), con la finalidad política de difundir – tras la hora de cierre en Bolsa y antes de que los rumores se disparasen- el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, norma que además de modificar la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el puntual aspecto competencial, está llamada a regir indirectamente las vidas de las economías de empresas y ciudadanos ( no en vano es un Decreto Ley que afecta al corazón financiero del país, y “cuando las finanzas entran por la puerta, el Derecho sale por la ventana”).Dicho esto, podemos afirmar que corren tiempos en que los Boletines Oficiales son fuente de recorte de derechos o expectativas. Tajos que afectan al empresario, al funcionario o al común de los ciudadanos que ven sorprendidos como las reglas de ayer no valen para mañana. El problema es que el temporal no ha pasado y acechan nuevas “borrascas emboscadas” en forma de leyes, decretos leyes o reglamentos. Frente a ello el ciudadano, al igual que el burgués “hablaba en prosa sin saberlo”, se defiende en derecho aferrándose a la seguridad jurídica que, pese a su engarce constitucional, garantiza sus derechos consolidados, o como ya dijimos en un anterior post, prohíbe la retroactividad de la norma frente a efectos pasados de situaciones pasadas, aunque no impide que la nueva norma afecte a efectos futuros de situaciones anteriores. Sin embargo, mas allá de esta clásica invocación a la seguridad jurídica, se abre paso el principio de confianza legítima como escudo frente a pretensiones administrativas de cercenar el estatuto del ciudadano.
1. Diferenciemos el principio de seguridad jurídica y el principio de confianza legítima.
- Aquél impide que la nueva norma afecte a derechos y éste impide que afecte a expectativas cualificadas. P.ej. la seguridad jurídica impide que una vez comprado el billete de autobús público pueda suspenderse el servicio, y la confianza legítima impide que se suprima el servicio de autobús de la noche a la mañana cuando el usuario contaba con la confianza provocada por el propio municipio de que continuaría prestándose.
- Aquél tiene rango constitucional (art.9.3 CE) y éste rango legal ( art.3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Administraciones Públicas).
- Aquél limita al poder legislativo y al poder ejecutivo y éste solamente al Poder Ejecutivo.
- Aquél tiene origen universal y éste en el Derecho Comunitario ( aquí está el portillo para que so pretexto del principio de primacía comunitaria, pueda desplazar incluso disposiciones legales que lo conculquen, pero eso sí, no olvidemos que nuestro Tribunal Constitucional no considera canon de enjuiciamiento de la constitucionalidad al Derecho Comunitario sino solamente a la Constitución).
2. Pues bien, la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada el 6 de Julio del 2012 (Rec: 288/2011) aplica de forma valiente, certera y tajante el principio de confianza legítima para invalidar un Reglamento estatal que de forma repentina recortaba las expectativas legítimas abrigadas por unos funcionarios en cuanto a su futuro profesional ( en el caso, eran Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles adscritos a la referida Dirección General de los Registros y Notariado que veían limitadas por un reglamento las condiciones de su destino en el Ministerio de Justicia pese a que cuando concursaron a las mismas las condiciones de adscripción eran mas ventajosas, pero la doctrina de la sentencia es fácilmente aplicable al común de los funcionarios frente a reglamentos, ordenanzas o Relaciones de Puestos de Trabajo aprobadas con “alevosía y nocturnidad”).
Oigamos a la citada Sentencia en el Fundamento de Derecho Décimo que dispone literalmente sobre el Principio de Confianza Legítima:También se invoca por la parte recurrente la infracción del principio de confianza legítima ( artículo 3.1 Ley 30/92, en relación con el artículo 15 (4 y 5) del R.D. 364/95.Con arreglo a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, el principio de confianza legítima tiene su origen en el Derecho Administrativo alemán ( Sentencia de 14 de mayo de 1956del Tribunal Contencioso-Administrativo de Berlín), y constituye en la actualidad, desde las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 22 de marzo de 1961y 13 de julio de 1965 (Asunto Lemmerz-Werk), un principio general del Derecho Comunitario, que finalmente ha sido objeto de recepción por nuestro Tribunal Supremo desde 1990 y también por nuestra legislación (Ley 4/99 de reforma de la Ley 30/92, artículo 3.1.2).Así, las SSTS de 10 de mayo de 1999 y la de 26 de abril de 2012 recuerdan que «la doctrina sobre el principio de protección de la confianza legítima, relacionado con los más tradicionales en nuestro ordenamiento de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Administración y los particulares, comporta, según la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -hoy de la Unión Europea- y la jurisprudencia de esta Sala, que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. O dicho en otros términos, la virtualidad del principio invocado puede suponer la anulación de un acto o norma y, cuando menos, obliga a responder, en el marco comunitario de la alteración (sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta y proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias) de las circunstancias habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento» y este criterio se reitera en la STS de 16 de mayo de 2012, al resolver el recurso de casación nº 4003/2008.La aplicación de tal doctrina jurisprudencial permite la estimación en este caso de la vulneración de dicho principio al concurrir los presupuestos determinantes de su apreciación.”
Para Sevach, esta Sentencia aplica el principio de confianza legítima con soltura, aunque hubiera sido deseable que la vertiente de fundamentación jurídica del principio fuere acompañada de un cierto razonamiento que nos aclare el itinerario mental o datos que permiten apreciar esa concreta lesión reglamentaria a las expectativas cualificadas de los funcionarios allí adscritos, ya que si leemos atentamente el Fundamento de Derecho Transcrito observaremos que la sentencia salta de la solidez de la consolidación del principio de confianza legítima (no discutida) a la aplicación directa al caso concreto zanjándose el nexo lógico con la críptica expresión de “concurrir los presupuestos determinantes de su apreciación” (¿?); es cierto que es difícil reglar, pesar, contar o medir el fenómeno de lesión de la confianza legítima, pero el deber de motivar las sentencias, cuando se trata nada menos que de apreciar la ilegalidad de un reglamento, debiera a mi modesto juicio conducir a exponer ciertas pautas o referencias que permiten apreciarlo en ese caso y no en otros. Así se construiría la jurisprudencia sobre tan escurridizo principio.
De pasada, señalaremos que el ponente de la citada Sentencia, el magistrado Juan José González Rivas es ahora magistrado del Tribunal Constitucional, lo que permite nuestra “ confianza legítima” en que igual criterio mantenga en su nuevo destino ( aunque no sería el primer jugador que al ascender a la NBA cambia de táctica).
3. Así y todo, para Sevach se impone la prudencia y no echar las campanas al vuelo con el principio de confianza legítima. El filósofo Bertrand Russel nos alertaba contra los excesos de la confianza con la historia de cierto pavo que, desde el primer día de su permanencia en el corral, había observado que a las nueve de la mañana le traían la comida; no sacó conclusiones precipitadas, pero al observar que día tras día, con lluvia o con sol, recibía su pienso puntual, consideró por inducción que no era posible dejar de percibir el pienso todos los días a primera hora; sin embargo, su confianza legítima fue desmentida, y sin posibilidad de recurso, precisamente el día de la vigilia de Navidad…
Homs y el rescate a Cataluña
Homs y el rescate a Cataluña:
La actualidad económica ofrece momentos impagables, de puro surrealismo. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha subrayado que el rescate de 5.023 millones de euros solicitado por Cataluña “es un dinero que es de los propios catalanes, que pagamos con nuestros impuestos”. En línea con esta argumentación me permito recomendarle a todos los ciudadanos de a pie, a las familias que no llegan a fin de mes y a las empresas que no pueden afrontar sus compromisos de pago, que soliciten de manera inmediata al Estado central la devolución del importe de sus impuestos; seguro que así consiguen enfrentar, siquiera ligeramente mejor, las penurias que soportan. Una reflexión final: ¿de verdad los catalanes se merecen esta demagogia barata?— Diego Ferreño Blanco. Santander.
¿Sin condiciones? ¿Un rescate financiero sin condiciones? Qué curioso que todos, para pedir cualquier préstamo, tengamos que soportar condiciones financieras de explicar el para qué y el porqué, y de justificar la futura devolución del importe prestado. Y el Gobierno de Cataluña pide 5.023 millones de euros “sin condiciones”. Los ciudadanos que pagamos ese dinero que el nacionalismo ha dilapidado no precisamente en obras sociales y servicios públicos vitales, sino en embajadas en el exterior, en la promoción del catalán en políticas lingüísticas, en unas empresas públicas para amigos nombrados a dedo, en unas televisiones y radios autonómicas de coste multimillonario, en un Tribunal Constitucional catalán, en un Defensor del Pueblo catalán, en un Controlador de los Medios catalán... Suma y sigue de un despilfarro innecesario en el que, sin olvidarnos de la solidaridad interregional que debe existir en todo nuestro país, sería ilógico que ahora encima no se pusiese como condición que se deje de tirar el dinero en actos y en organismos que sólo benefician al nacionalismo y al independentismo de aquellos que, sólo se acuerdan de España cuando se han gastado sin control los ahorros del resto. Vaya cara más dura la del nacionalismo periférico y su victimismo inventado.— David García. Madrid.
La actualidad económica ofrece momentos impagables, de puro surrealismo. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha subrayado que el rescate de 5.023 millones de euros solicitado por Cataluña “es un dinero que es de los propios catalanes, que pagamos con nuestros impuestos”. En línea con esta argumentación me permito recomendarle a todos los ciudadanos de a pie, a las familias que no llegan a fin de mes y a las empresas que no pueden afrontar sus compromisos de pago, que soliciten de manera inmediata al Estado central la devolución del importe de sus impuestos; seguro que así consiguen enfrentar, siquiera ligeramente mejor, las penurias que soportan. Una reflexión final: ¿de verdad los catalanes se merecen esta demagogia barata?— Diego Ferreño Blanco. Santander.
¿Sin condiciones? ¿Un rescate financiero sin condiciones? Qué curioso que todos, para pedir cualquier préstamo, tengamos que soportar condiciones financieras de explicar el para qué y el porqué, y de justificar la futura devolución del importe prestado. Y el Gobierno de Cataluña pide 5.023 millones de euros “sin condiciones”. Los ciudadanos que pagamos ese dinero que el nacionalismo ha dilapidado no precisamente en obras sociales y servicios públicos vitales, sino en embajadas en el exterior, en la promoción del catalán en políticas lingüísticas, en unas empresas públicas para amigos nombrados a dedo, en unas televisiones y radios autonómicas de coste multimillonario, en un Tribunal Constitucional catalán, en un Defensor del Pueblo catalán, en un Controlador de los Medios catalán... Suma y sigue de un despilfarro innecesario en el que, sin olvidarnos de la solidaridad interregional que debe existir en todo nuestro país, sería ilógico que ahora encima no se pusiese como condición que se deje de tirar el dinero en actos y en organismos que sólo benefician al nacionalismo y al independentismo de aquellos que, sólo se acuerdan de España cuando se han gastado sin control los ahorros del resto. Vaya cara más dura la del nacionalismo periférico y su victimismo inventado.— David García. Madrid.
La ocupación del lenguaje, el País
La ocupación del lenguaje:
Actualmente la derecha acapara un inmenso poder político y económico. Pero además de imponer en toda su radicalidad el modelo neoliberal, trata de operar un cambio de mentalidades que lo normalice y con ello ejercer la hegemonía cultural mediante el control de las representaciones colectivas. Este proyecto se sustenta en una campaña sistemática de autolegitimación y descrédito de los argumentos progresistas, en coordinación con la derecha mediática mayoritaria, cuyas estrategias discursivas fundamentales son:
La creación y propagación de conceptos.Propias o prestadas, las nuevas nociones trazan un mapa de la vida pública, sus actores y sus conflictos: competitividad, moderación salarial, dar confianza a los mercados, privilegios (para denominar derechos), copago. Se exponen como verdades incuestionables pero su sentido y alcance nunca se explicitan, pues parecen lograr mayor eficacia práctico-política cuanto menor es su precisión semántica. Por ejemplo, “libertad” asume un significado muy cercano a “seguridad”. El eslogan de la BESCAM en Madrid lo ejemplifica: “Invertir en seguridad garantiza tu libertad”. Como en la “neolengua” de Orwell, las nuevas nociones son a menudo “negroblancos”, inversiones del significado común de los vocablos. El “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos” es el programa de recortes del gobierno de Castilla-La Mancha. El “proceso de regularización de activos ocultos” de Montoro es una amnistía fiscal.
Klemperer narra que la población alemana no hizo suyo el lenguaje de los nazis a través de sus tediosas peroratas, sino por medio de expresiones repetidas de modo acrítico en los contextos de la vida cotidiana. Las palabras de los actuales líderes de la derecha no son menos letárgicas. Sus muletillas (“no se puede gastar lo que no se tiene”; la sanidad “gratuita” es insostenible; solo nosotros tenemos “sentido común”) contrarían cualquier prueba de verdad o validez normativa: el capitalismo financiero se basa en el crédito, o sea, en “gastar más de lo que se tiene”; la sanidad pública no es gratuita, sino financiada colectivamente; y es una inversión ideológica y un dislate suponer que cabe sentido común en el hecho de reclamarlo como propio y exclusivo, es decir, como no común. Pero por su simpleza, su fuerte arraigo en la doxa y su apariencia no ideológica, tales expresiones consiguen adhesión.
La usurpación de la terminología del oponente. Nadie es dueño del lenguaje, pero las expresiones se adscriben legítimamente a tradiciones, relatos e identidades políticas determinadas. Al usurpar los términos de la izquierda, la derecha neutraliza y a la vez rentabiliza su sentido contestatario. Esperanza Aguirre afirma que las políticas de los sindicatos “son anticuadas, reaccionarias y antisociales”. Palabras como “cambio” o “reformas”, antes vinculadas a proyectos progresistas, disfrazan ahora contrarreformas. Rajoy dijo en la conmemoración oficial de la Constitución de 1812: “Los gaditanos nos enseñaron que en tiempo de crisis no solo hay que hacer reformas, sino que también hay que tener valentía para hacerlas”. Sustentándose en la reputación de espacios y tiempos institucionales, los actuales recortes se invisten del valor simbólico de reformas históricas.
La estigmatización de determinados colectivos. Médicos, enseñantes, funcionarios, estudiantes y trabajadores fijos son descalificados. Al disfrutar de supuestos “privilegios”, parecen co-responsables de la situación actual. Desprestigiándolos se puede activar un malestar social basado en el rencor, la envidia y el miedo, y socavar la reputación de lo público para justificar su liquidación. Se alude a los desempleados como beneficiarios de la reforma laboral, pero se les supone holgazanes que deben redimir su inutilidad con labores sociales. Un empresario farmacéutico, Grifols, propone como solución donar sangre: “En épocas de crisis, si pudiéramos tener centros de plasma podríamos pagar 60 euros por semana, que sumados al paro son una forma de vivir”. El parado se convierte así en un desecho cuyo cuerpo puede ser mercantilizado. El siguiente paso podría ser la venta de órganos o de los hijos a los que no se pueda mantener. Los primeros ajustes en la sanidad pública penalizan a un nuevo apestado, el enfermo, lo señalan como causante del déficit, y exigen que (re)pague por su debilidad. Si la estigmatización es el paso previo a la expulsión, como ya ocurre con los sin papeles, otros muchos colectivos podrán ser excluidos.
Un método de argumentación basado en la simpleza y la comprensión inmediata. De nuevo, el “sentido común”, ritornello favorito de Rajoy, sustenta este procedimiento. Formas de razonamiento y esquemas mentales al alcance de todos hacen posible que las ideas y soluciones impuestas sean aceptadas como conclusiones propias, expresiones de un pragmatismo irrefutable y del interés colectivo. Se apela así a espacios imaginarios de consenso de los que el oponente no puede autoexcluirse: “No es una cuestión de izquierdas o de derechas, sino de sentido común”, afirma Alicia Sánchez-Camacho.
El eufemismo, la atenuación y la exageración, el defender premisas contradictorias, se han normalizado en el repertorio retórico derechista: Rajoy afirma que hará “cualquier cosa que sea necesaria, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer”. La reducción de profesores interinos “no se puede plantear en términos de despidos —alega el ministro Wert—, sino de no renovación de contratos”. Beteta generaliza burdamente: los funcionarios “deben olvidarse de tomar el cafelito, deben olvidarse de leer el periódico”.
La construcción de marcos de sentido. La acción del gobierno de Zapatero era tachada de improvisada, mendaz e insensata. Establecido ese marco, cualquier medida gubernamental corroboraba la imputación general y así se lograba una incontrovertibilidad que desconocen las fórmulas dialogantes. En el espacio público se tiene más poder cuando se controla el marco de lo decible y discutible. La derecha es magistral utilizando esta estrategia, pero tras una prolongada degeneración de la vida pública, de la que el PSOE es corresponsable, se ha consolidado una visión consensual indistinta de la lógica del sistema: no hay más que una realidad y ninguna opción para interpretarla.
Una táctica de “orquestación”. La reiteración machacona de una consigna (y no de un argumento, como sugiere la equívoca noción de “argumentario”) a varias voces, en momentos y lugares distintos, es habitual: “los interinos han entrado a dedo”, “los sindicatos viven de las subvenciones”, “los profesores trabajan poco”, etcétera. “Lo que digo tres veces es verdad”, afirmaba el Bellman de Lewis Carroll. La derecha saca partido de esa “performatividad” que rige la economía de los enunciados públicos: cuando un comportamiento es reiteradamente reputado de normal, se tiende a normalizarlo; o a estigmatizarlo, si se le ha tildado repetidamente de anómalo.
La fijación de estos mecanismos gracias al poder amplificador de los media. Los medios funcionan como laboratorios discursivos que difunden las nuevas expresiones y consignas, y los asesores preparan declaraciones inmediatamente traducibles a un titular. Inversamente proporcional al impacto de estos mensajes resulta la capacidad de contestarlos: los análisis críticos se disuelven en un aluvión de artículos, columnas y editoriales que logran una difusión e influencia mucho menor.
La moralización del discurso público. La política contemporánea se desvía hacia un registro moral, explica Rancière. Pero el moralismo de la derecha desconoce las razones del otro: bueno o malo, normal o aberrante, son calificativos atribuidos de modo categórico y sin margen de discusión, apropiándose la universalidad de la noción en disputa, como señala Zizek. Las “personas normales, sensatas…, españoles de bien” a que apela Rajoy son indudablemente de derechas. Cuando encubre su integrismo moral la derecha incurre en la paradoja política: Ruiz Gallardón pretende asumir la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la “violencia estructural” que padecen con una contrarreforma de la ley de aborto limitadora de derechos y que refuerza la violencia legal.
Muchos ciudadanos nos sentimos justamente indignados por lo “descarado” de estos procedimientos. Y quizá sea en esa desfachatez, pérdida del rostro, donde podría cifrarse tanto su fragilidad como la inquietante capacidad de contagio de sus postulados.
Gonzalo Abril (UCM), Mª José Sánchez Leyva (URJC) y Rafael R. Tranche (UCM).
Actualmente la derecha acapara un inmenso poder político y económico. Pero además de imponer en toda su radicalidad el modelo neoliberal, trata de operar un cambio de mentalidades que lo normalice y con ello ejercer la hegemonía cultural mediante el control de las representaciones colectivas. Este proyecto se sustenta en una campaña sistemática de autolegitimación y descrédito de los argumentos progresistas, en coordinación con la derecha mediática mayoritaria, cuyas estrategias discursivas fundamentales son:
La creación y propagación de conceptos.Propias o prestadas, las nuevas nociones trazan un mapa de la vida pública, sus actores y sus conflictos: competitividad, moderación salarial, dar confianza a los mercados, privilegios (para denominar derechos), copago. Se exponen como verdades incuestionables pero su sentido y alcance nunca se explicitan, pues parecen lograr mayor eficacia práctico-política cuanto menor es su precisión semántica. Por ejemplo, “libertad” asume un significado muy cercano a “seguridad”. El eslogan de la BESCAM en Madrid lo ejemplifica: “Invertir en seguridad garantiza tu libertad”. Como en la “neolengua” de Orwell, las nuevas nociones son a menudo “negroblancos”, inversiones del significado común de los vocablos. El “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos” es el programa de recortes del gobierno de Castilla-La Mancha. El “proceso de regularización de activos ocultos” de Montoro es una amnistía fiscal.
Klemperer narra que la población alemana no hizo suyo el lenguaje de los nazis a través de sus tediosas peroratas, sino por medio de expresiones repetidas de modo acrítico en los contextos de la vida cotidiana. Las palabras de los actuales líderes de la derecha no son menos letárgicas. Sus muletillas (“no se puede gastar lo que no se tiene”; la sanidad “gratuita” es insostenible; solo nosotros tenemos “sentido común”) contrarían cualquier prueba de verdad o validez normativa: el capitalismo financiero se basa en el crédito, o sea, en “gastar más de lo que se tiene”; la sanidad pública no es gratuita, sino financiada colectivamente; y es una inversión ideológica y un dislate suponer que cabe sentido común en el hecho de reclamarlo como propio y exclusivo, es decir, como no común. Pero por su simpleza, su fuerte arraigo en la doxa y su apariencia no ideológica, tales expresiones consiguen adhesión.
La usurpación de la terminología del oponente. Nadie es dueño del lenguaje, pero las expresiones se adscriben legítimamente a tradiciones, relatos e identidades políticas determinadas. Al usurpar los términos de la izquierda, la derecha neutraliza y a la vez rentabiliza su sentido contestatario. Esperanza Aguirre afirma que las políticas de los sindicatos “son anticuadas, reaccionarias y antisociales”. Palabras como “cambio” o “reformas”, antes vinculadas a proyectos progresistas, disfrazan ahora contrarreformas. Rajoy dijo en la conmemoración oficial de la Constitución de 1812: “Los gaditanos nos enseñaron que en tiempo de crisis no solo hay que hacer reformas, sino que también hay que tener valentía para hacerlas”. Sustentándose en la reputación de espacios y tiempos institucionales, los actuales recortes se invisten del valor simbólico de reformas históricas.
La estigmatización de determinados colectivos. Médicos, enseñantes, funcionarios, estudiantes y trabajadores fijos son descalificados. Al disfrutar de supuestos “privilegios”, parecen co-responsables de la situación actual. Desprestigiándolos se puede activar un malestar social basado en el rencor, la envidia y el miedo, y socavar la reputación de lo público para justificar su liquidación. Se alude a los desempleados como beneficiarios de la reforma laboral, pero se les supone holgazanes que deben redimir su inutilidad con labores sociales. Un empresario farmacéutico, Grifols, propone como solución donar sangre: “En épocas de crisis, si pudiéramos tener centros de plasma podríamos pagar 60 euros por semana, que sumados al paro son una forma de vivir”. El parado se convierte así en un desecho cuyo cuerpo puede ser mercantilizado. El siguiente paso podría ser la venta de órganos o de los hijos a los que no se pueda mantener. Los primeros ajustes en la sanidad pública penalizan a un nuevo apestado, el enfermo, lo señalan como causante del déficit, y exigen que (re)pague por su debilidad. Si la estigmatización es el paso previo a la expulsión, como ya ocurre con los sin papeles, otros muchos colectivos podrán ser excluidos.
Un método de argumentación basado en la simpleza y la comprensión inmediata. De nuevo, el “sentido común”, ritornello favorito de Rajoy, sustenta este procedimiento. Formas de razonamiento y esquemas mentales al alcance de todos hacen posible que las ideas y soluciones impuestas sean aceptadas como conclusiones propias, expresiones de un pragmatismo irrefutable y del interés colectivo. Se apela así a espacios imaginarios de consenso de los que el oponente no puede autoexcluirse: “No es una cuestión de izquierdas o de derechas, sino de sentido común”, afirma Alicia Sánchez-Camacho.
El eufemismo, la atenuación y la exageración, el defender premisas contradictorias, se han normalizado en el repertorio retórico derechista: Rajoy afirma que hará “cualquier cosa que sea necesaria, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer”. La reducción de profesores interinos “no se puede plantear en términos de despidos —alega el ministro Wert—, sino de no renovación de contratos”. Beteta generaliza burdamente: los funcionarios “deben olvidarse de tomar el cafelito, deben olvidarse de leer el periódico”.
La construcción de marcos de sentido. La acción del gobierno de Zapatero era tachada de improvisada, mendaz e insensata. Establecido ese marco, cualquier medida gubernamental corroboraba la imputación general y así se lograba una incontrovertibilidad que desconocen las fórmulas dialogantes. En el espacio público se tiene más poder cuando se controla el marco de lo decible y discutible. La derecha es magistral utilizando esta estrategia, pero tras una prolongada degeneración de la vida pública, de la que el PSOE es corresponsable, se ha consolidado una visión consensual indistinta de la lógica del sistema: no hay más que una realidad y ninguna opción para interpretarla.
Una táctica de “orquestación”. La reiteración machacona de una consigna (y no de un argumento, como sugiere la equívoca noción de “argumentario”) a varias voces, en momentos y lugares distintos, es habitual: “los interinos han entrado a dedo”, “los sindicatos viven de las subvenciones”, “los profesores trabajan poco”, etcétera. “Lo que digo tres veces es verdad”, afirmaba el Bellman de Lewis Carroll. La derecha saca partido de esa “performatividad” que rige la economía de los enunciados públicos: cuando un comportamiento es reiteradamente reputado de normal, se tiende a normalizarlo; o a estigmatizarlo, si se le ha tildado repetidamente de anómalo.
La fijación de estos mecanismos gracias al poder amplificador de los media. Los medios funcionan como laboratorios discursivos que difunden las nuevas expresiones y consignas, y los asesores preparan declaraciones inmediatamente traducibles a un titular. Inversamente proporcional al impacto de estos mensajes resulta la capacidad de contestarlos: los análisis críticos se disuelven en un aluvión de artículos, columnas y editoriales que logran una difusión e influencia mucho menor.
La moralización del discurso público. La política contemporánea se desvía hacia un registro moral, explica Rancière. Pero el moralismo de la derecha desconoce las razones del otro: bueno o malo, normal o aberrante, son calificativos atribuidos de modo categórico y sin margen de discusión, apropiándose la universalidad de la noción en disputa, como señala Zizek. Las “personas normales, sensatas…, españoles de bien” a que apela Rajoy son indudablemente de derechas. Cuando encubre su integrismo moral la derecha incurre en la paradoja política: Ruiz Gallardón pretende asumir la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la “violencia estructural” que padecen con una contrarreforma de la ley de aborto limitadora de derechos y que refuerza la violencia legal.
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