La cancha menguante:
La sede de la compañía Endesa en Madrid es un edificio futurista, sostenible y eficiente. Un prodigio de la arquitectura bioclimática con un patio interior de 3.000 metros cuadrados que el pasado miércoles se transformó en una cancha de baloncesto. Por segundo año consecutivo, la empresa energética (patrocinadora de la Liga ACB desde la pasada temporada y hasta 2015 a razón de cinco millones de euros anuales) ponía el escenario para la presentación del campeonato. Pero algo había cambiado respecto a la exhibición del curso pasado. La pista había menguado hasta quedarse en la mitad. Metáfora de nuestros días. “La voluntad de crecer como competición está intacta”, matizó el director general ejecutivo de la ACB, Albert Agustí, esforzándose en poner al mal tiempo buena cara tras un verano de recortes, diáspora y burocracia que ha evidenciado la pérdida de energía de la considerada segunda mejor Liga del mundo.
El montante total de los presupuestos de los 18 clubes ha descendido 42 millones de euros en los dos últimos años, con especial repercusión en los de la mitad de la tabla para abajo. La Liga se ha fracturado. Mientras el Madrid y el Barça superan con holgura los 20 millones, casi la mitad de los equipos se maneja con menos de tres, justamente la cifra que aparece en la nómina anual de Rudy Fernández y Erazem Lorbek.
La crisis barniza el parqué y la economía manda sobre los resultados. Los dos conjuntos que descendieron la temporada pasada (Estudiantes y Valladolid) permanecen en la máxima categoría. En cambio, el Menorca desapareció tras lograr el ascenso como también lo hizo el Alicante, octavo en la última Liga, que tuvo que vender a la baja su plaza, lo que, a su vez, permitió al Canarias asumir los costes de jugar en la élite. Mientras tanto, el Lagun Aro renunció hace mes y medio a la que habría sido la primera participación europea de su historia por la imposibilidad de asumir los costes tras su reducción presupuestaria (después de perder 700.000 euros de ayuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa). El margen para alterar jerarquías es mínimo, la política de adjudicación de plazas europeas encapsula a la clase noble y la dificultad para pagar el canon de ingreso en la competición crea, en la práctica, un grupo casi cerrado en el que el descenso es un abismo de cartón piedra y el ascenso una utopía.
“Llegar a la ACB es escalar el Everest. Habíamos renunciado al ascenso porque no podíamos afrontar el canon de la competición, 5,3 millones de euros, pero surgió la posibilidad de comprar la plaza del Alicante por 2,6 millones. Con lo que nos ahorramos hemos logrado hacer el presupuesto de este año: 2,7 millones. En años anteriores era impensable competir con estas cantidades”, explica Félix Hernández, el presidente del Canarias, el último en llegar a la ACB.
“El deporte profesional se ha mantenido artificialmente por las ayudas ingentes de las instituciones y el dinero procedente de la burbuja inmobiliaria. La crisis está acabando con los dispendios”, apunta Josep Vives, el presidente del Manresa, uno de los clubes decanos de la Liga. En la misma línea se pronuncia Juan Francisco García, el de Estudiantes. “La crisis nos obliga a volver a los orígenes. Hemos vivido una inflación de salarios que nos permitía disfrutar de grandes jugadores, pero nos situaba fuera de la realidad. Todos nos creíamos ricos”, cuenta el dirigente del club colegial, que afrontará su reenganche a la ACB con siete canteranos entre sus 12 jugadores.
Los efectos de la crisis y el tradicional expolio de la meca estadounidense han dejado a la competición sin siete de los 10 mejores jugadores del ranking por ser el mvp del curso pasado además de otros muchos cabezas de cartel. A cambio, 102 movimientos de mercado entre fichajes y cambio de cromos. La mayoría, de perfil bajo. Los clubes han apostado por recuperar antiguos formatos de contratación que les llevan a explorar la Liga universitaria (NCAA) o la Liga de desarrollo (NBDL) norteamericanas, además de por rescatar jugadores de Ligas menores, como la belga, la búlgara, la danesa o la venezolana, y recurir obligatoriamente a la cantera española. “Antes, cuando un club de la ACB hacía una oferta, el fichaje estaba hecho. Como mucho, lo peleabas con otro equipo ACB. Pero ahora se nos escapan jugadores como churros. Les ha pasado incluso a los grandes. Cualquiera tiene ofertas de Rusia, China o Turquía que triplican las de aquí”, advierte Eduardo Pascual, el director deportivo del Blancos de Rueda Valladolid, el equipo más modesto, con un millón de presupuesto. “Hemos tenido que fichar lo que más nos gustaba de lo que quedaba. Hemos buscado en todos los sitios y con todas las circunstancias”, prosigue Pascual, que, en esa búsqueda, llegó incluso a Kuwait, de cuya Liga rescataron al exjugador de la ACB Alhaji Mohammed.
La subida de los impuestos en España y la desaparición del régimen de impatriados (Ley Beckham) sube la tributación del 45% al 52% (56% en Cataluña) y hace menos atractiva la ACB. Solo los tres clubes vascos mantienen ventajas fiscales. “El nivel medio ha bajado. Ha habido muchas incorporaciones de la LEB. Los jugadores saben que aquí no firmarán el contrato de su vida”, sostiene Salva Maldonado, el técnico del Joventut.
“Nosotros siempre hemos estado en crisis y sabemos organizarnos para sobrevivir”, resume José Quintana, el presidente del Fuenlabrada, que el curso pasado cuadró sus cuentas gracias a la venta de Biyombo y Ayón, dos de sus habituales descubrimientos. Los clubes tienen que lidiar con la fuga de patrocinadores y el descenso de abonados. “Sería interesante que se concedieran beneficios fiscales a empresas que apoyen actividades deportivas como se ha hecho en Italia”, sugiere Eduardo García, el del Unicaja, que entre la pasada campaña y la anterior perdió casi 1.000 espectadores de media en su pabellón. Tiempo en el que, según García, han reducido su presupuesto de 15 a ocho millones. “A pesar de todo, seguimos teniendo más experiencia, más rigor y más bagaje que otras Ligas y esos son valores que no los aporta el dinero”, concluye Juan Carlos Ollero, el presidente del Cajasol.
El núcleo de jugadores españoles, campeones mundiales y europeos y subcampeones olímpicos en el último decenio, y el talento emergente de una notable camada de jóvenes sostienen el presente y el futuro de la competición. “Vamos a ser capaces de generar estrellas muy reconocibles en la ACB en cuanto el talento crezca y adquiera competitividad”, pronostica Josep Vives desde Manresa al tiempo que proyecta ideas: “Tenemos que hacer un producto muy espectacular, incluso adaptando las normas y el arbitraje en función de los gustos de la gente que nos viene a ver. Tenemos que trabajar para nuestra clientela y generar nuestro dinero”.
lunes, 1 de octubre de 2012
Nos quedan las motos
Nos quedan las motos:
Soy un investigador de la Universidad de Zaragoza responsable de proyectos de investigación conseguidos en convocatorias competitivas. Tengo animales de experimentos a los que hay serias dificultades en alimentar, insumos que no se nos venden por los impagos pendientes, laboratorios que no nos proveen los resultados de análisis por la misma razón, debo adelantar de mi salario los fondos para asistir a congresos e incluso comprar insumos para desarrollar mis proyectos. La razón es que el Gobierno de Aragón no paga a la Universidad los fondos ya comprometidos. Veo también cómo se recortan becas, suben las matrículas, no se pagan becas para que coman los niños en la escuela o cómo se reducen fondos de asistencia social.
También veo cómo se organiza este fin de semana una extraordinaria competición de Moto GP al más alto nivel mundial (financiada en gran medida con fondos del Gobierno de Aragón).
Me pregunto, ¿cuáles son las prioridades de este Gobierno? Ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones.— Gustavo María Levrino.
Soy un investigador de la Universidad de Zaragoza responsable de proyectos de investigación conseguidos en convocatorias competitivas. Tengo animales de experimentos a los que hay serias dificultades en alimentar, insumos que no se nos venden por los impagos pendientes, laboratorios que no nos proveen los resultados de análisis por la misma razón, debo adelantar de mi salario los fondos para asistir a congresos e incluso comprar insumos para desarrollar mis proyectos. La razón es que el Gobierno de Aragón no paga a la Universidad los fondos ya comprometidos. Veo también cómo se recortan becas, suben las matrículas, no se pagan becas para que coman los niños en la escuela o cómo se reducen fondos de asistencia social.
También veo cómo se organiza este fin de semana una extraordinaria competición de Moto GP al más alto nivel mundial (financiada en gran medida con fondos del Gobierno de Aragón).
Me pregunto, ¿cuáles son las prioridades de este Gobierno? Ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones.— Gustavo María Levrino.
Puesta en escena
(Parece una carta con una opinión prudente, pero va en contra del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Los Estados han proyectado el miedo para que dejemos de organizarnos en "pequeñas sociedades" que puedan gestionarse mejor. El origen de los estados es sangriento históricamente y su lógica es la de la guerra y la defensa, al servicio de una oligarquía. El origen de los países es la cultura y la organización de unos modos de vida. El estado es represor, la sociedad es convivencia libre. La política al servicio del Estado es perversa, la política al servicio de la sociedad es diálogo. A veces las mejores intenciones provocan los mayores males. No tiene la culpa el caballero de pensar así, porque tiene lavado el cerebro, como la mayoría que piensa que los Estados son necesarios. Sólo son necesarias las personas y la democracia se basa en la libertad de las personas. En cualquier momento, por las razones que sean, que se coarta la libertad, la democracia deja de funcionar)
Puesta en escena:
Realmente debo felicitar al Govern de la Generalitat por la magnífica puesta en escena soberanista que lleva protagonizando desde hace unas semanas y que ha logrado priorizar el objetivo de los catalanes hacia el futuro de Cataluña como nación, que sueñan con un Estado propio.
Después de escuchar las fórmulas de soberanía, como que no es necesario que sea una república (lo que da a entender que el mismo Rey de España podría ser jefe del nuevo Estado, como Canadá y la reina Isabel II), o un Estado Libre Asociado (como Puerto Rico y Estados Unidos), son encajes de bolillos tan innecesarios como absurdos.
Es la táctica de desviar la atención de los temas realmente importantes: degradación del Estado de bienestar, pérdida de calidad de vida, crisis, desempleo, sanidad y educación mermadas, sueldos paupérrimos y condiciones laborales más propios del norte de África que de Europa.
Cataluña fue pionera de los recortes y medidas unilaterales absolutamente impresentables, fuimos el campo de pruebas y precedente de lo que se iba a cocer en el resto de España y aunque nos llamemos Puig, González o Zumalacárregui, debemos mantener la cabeza fría y valorar qué nos jugamos realmente si CiU obtiene una mayoría absoluta, que es el único propósito de toda esta movida para las próximas elecciones del 25-N. Ellos juegan con el corazón, pero auguro que el resultado final no será tan idílico como sueña ese millón y medio que salió a la calle el 11-S y desembocará en una frustración popular realmente apoteósica e imprevisible. Así que menos banderas (española incluida), menos fronteras y más sentido común, por el bien de nuestros hijos.— Jerónimo da Silva Matz.
Puesta en escena:
Realmente debo felicitar al Govern de la Generalitat por la magnífica puesta en escena soberanista que lleva protagonizando desde hace unas semanas y que ha logrado priorizar el objetivo de los catalanes hacia el futuro de Cataluña como nación, que sueñan con un Estado propio.
Después de escuchar las fórmulas de soberanía, como que no es necesario que sea una república (lo que da a entender que el mismo Rey de España podría ser jefe del nuevo Estado, como Canadá y la reina Isabel II), o un Estado Libre Asociado (como Puerto Rico y Estados Unidos), son encajes de bolillos tan innecesarios como absurdos.
Es la táctica de desviar la atención de los temas realmente importantes: degradación del Estado de bienestar, pérdida de calidad de vida, crisis, desempleo, sanidad y educación mermadas, sueldos paupérrimos y condiciones laborales más propios del norte de África que de Europa.
Cataluña fue pionera de los recortes y medidas unilaterales absolutamente impresentables, fuimos el campo de pruebas y precedente de lo que se iba a cocer en el resto de España y aunque nos llamemos Puig, González o Zumalacárregui, debemos mantener la cabeza fría y valorar qué nos jugamos realmente si CiU obtiene una mayoría absoluta, que es el único propósito de toda esta movida para las próximas elecciones del 25-N. Ellos juegan con el corazón, pero auguro que el resultado final no será tan idílico como sueña ese millón y medio que salió a la calle el 11-S y desembocará en una frustración popular realmente apoteósica e imprevisible. Así que menos banderas (española incluida), menos fronteras y más sentido común, por el bien de nuestros hijos.— Jerónimo da Silva Matz.
Algunos términos incómodos
Algunos términos incómodos:
Está claro que el vocabulario es el que mejor se adapta a las modas; aunque parece que en este caso y de facto, la palabra “ocurrencia” ha dejado de existir. Llevo meses recabando frases, comentarios de radio y televisión, columnas de opinión, editoriales periodísticos, etc. y nadie osa utilizar la susodicha expresión para calificar la acción de gobierno del Ejecutivo de Rajoy.
Qué tiempos aquellos. Hace escasos 10 meses era la palabra más repetida en los mentideros periodísticos de todas las tendencias, en la barra de los bares, en los comedores de empresa e incluso, en las homilías dominicales; y ahora, de forma inverosímil y con más motivo si cabe, aceptamos recortes, subidas del IVA, bancos malos y lo que sea, con un simple e infantil eufemismo como explicación. Sí, ya sé; era más fácil echarle la culpa a Zapatero, pero hombre, en honor a la verdad, sin la palabra “ocurrencia” no sé cómo llamar el desparramo que nos llega todos los viernes desde hace ocho meses vía Consejo de Ministros. Lo dicho, que ya solo falta que la RAE publique una esquela que diga: aquí yace la palabra “ocurrencia” que lo dio todo entre 2008 y 2011.— Francisco Javier España Moscoso.
Está claro que el vocabulario es el que mejor se adapta a las modas; aunque parece que en este caso y de facto, la palabra “ocurrencia” ha dejado de existir. Llevo meses recabando frases, comentarios de radio y televisión, columnas de opinión, editoriales periodísticos, etc. y nadie osa utilizar la susodicha expresión para calificar la acción de gobierno del Ejecutivo de Rajoy.
Qué tiempos aquellos. Hace escasos 10 meses era la palabra más repetida en los mentideros periodísticos de todas las tendencias, en la barra de los bares, en los comedores de empresa e incluso, en las homilías dominicales; y ahora, de forma inverosímil y con más motivo si cabe, aceptamos recortes, subidas del IVA, bancos malos y lo que sea, con un simple e infantil eufemismo como explicación. Sí, ya sé; era más fácil echarle la culpa a Zapatero, pero hombre, en honor a la verdad, sin la palabra “ocurrencia” no sé cómo llamar el desparramo que nos llega todos los viernes desde hace ocho meses vía Consejo de Ministros. Lo dicho, que ya solo falta que la RAE publique una esquela que diga: aquí yace la palabra “ocurrencia” que lo dio todo entre 2008 y 2011.— Francisco Javier España Moscoso.
Democracia
Democracia:
La democracia, según Aristóteles, es el poder de los más y según Platón, de la multitud. En nuestra “democracia” se trata de ir a las urnas cada cuatro años, como indicaba la “anciana” Celia Villalobos al “jovencito” Juan José Millas en la SER el otro día.
¿Y a quién voto?, a una lista en la que no participo, en la que no puedo tachar ni añadir a ancianos ni a jóvenes que no me gustan, para después qué, ¿esperar a otros cuatro años? Según la vigente legislación electoral: “los diputados elegidos no tienen ninguna responsabilidad o relación con cada provincia”. ¿Para qué me sirven si no me representan? Esta democracia se ha convertido en aristocracia: gobierno de los mejores para Platón, de los menos, para Aristóteles. Estoy más de acuerdo con este último, pues a veces no son los mejores, sino los que mejor navegaron en su partido.
Esto tiene que acabarse. Tiene que haber listas abiertas y los que salgan elegidos tienen que tener una oficina abierta una semana al mes al menos, en su circunscripción, para que podamos hacerles llegar nuestros problemas, sugerencias, inquietudes, etc. y que lo hagan bien para que no tengamos que tacharlos de las listas siguientes.— José María Jiménez Herrera.
La democracia, según Aristóteles, es el poder de los más y según Platón, de la multitud. En nuestra “democracia” se trata de ir a las urnas cada cuatro años, como indicaba la “anciana” Celia Villalobos al “jovencito” Juan José Millas en la SER el otro día.
¿Y a quién voto?, a una lista en la que no participo, en la que no puedo tachar ni añadir a ancianos ni a jóvenes que no me gustan, para después qué, ¿esperar a otros cuatro años? Según la vigente legislación electoral: “los diputados elegidos no tienen ninguna responsabilidad o relación con cada provincia”. ¿Para qué me sirven si no me representan? Esta democracia se ha convertido en aristocracia: gobierno de los mejores para Platón, de los menos, para Aristóteles. Estoy más de acuerdo con este último, pues a veces no son los mejores, sino los que mejor navegaron en su partido.
Esto tiene que acabarse. Tiene que haber listas abiertas y los que salgan elegidos tienen que tener una oficina abierta una semana al mes al menos, en su circunscripción, para que podamos hacerles llegar nuestros problemas, sugerencias, inquietudes, etc. y que lo hagan bien para que no tengamos que tacharlos de las listas siguientes.— José María Jiménez Herrera.
Antiespaña, de Almudena Grandes
Antiespaña:
Aparte de para decir allí lo que no se atreve a decir aquí, Rajoy ha aprovechado su estancia en Nueva York para resucitar el castizo mito de la Antiespaña. No es el primero que cede a esa tentación. Hace unos meses, la ministra Báñez dividió a los españoles en buenos y malos en función de su ausencia o presencia en las protestas contra la reforma laboral. Desde entonces hasta ahora, las cosas no han hecho más que empeorar en todos los sentidos.
Dice el presidente que la “mayoría silenciosa” que no se manifiesta está trabajando. Con la tasa de paro registrado de nuestro país, ese diagnóstico parece un chiste, y de mal gusto. Pero, además, conviene tener en cuenta otros factores. En una ciudad como Madrid, por ejemplo, los parados no pueden pagar el precio de los transportes públicos. Los abuelos que tienen que cuidar de sus nietos porque sus hijos han perdido el empleo o un porcentaje de su salario, no pueden manifestarse. Las parejas que han tenido que renunciar a la guardería de los suyos, tampoco. Los pequeños comerciantes han despedido a sus empleados y hacen guardia tras los mostradores, los licenciados en busca de su primer empleo necesitan todas las horas del día para presentar currículos y pedir becas que nunca les conceden, y a las mujeres trabajadoras que ya no pueden pagar a nadie que las ayude, no les queda más remedio que hacer la compra de noche. Los que han emigrado, no están, y los que quedan no siempre tienen fuerzas suficientes para salir a la calle a gritar su descontento. Aunque, quizás, después de ver las imágenes de los antidisturbios disparando pelotas de goma en la estación de Atocha, logren sacarlas de su flaqueza.
Si las declaraciones de Rajoy no encerraran un mensaje tan injusto y peligroso al mismo tiempo, su optimismo resultaría encomiable. Se nota, eso sí, que ve los informativos de TVE.
Aparte de para decir allí lo que no se atreve a decir aquí, Rajoy ha aprovechado su estancia en Nueva York para resucitar el castizo mito de la Antiespaña. No es el primero que cede a esa tentación. Hace unos meses, la ministra Báñez dividió a los españoles en buenos y malos en función de su ausencia o presencia en las protestas contra la reforma laboral. Desde entonces hasta ahora, las cosas no han hecho más que empeorar en todos los sentidos.
Dice el presidente que la “mayoría silenciosa” que no se manifiesta está trabajando. Con la tasa de paro registrado de nuestro país, ese diagnóstico parece un chiste, y de mal gusto. Pero, además, conviene tener en cuenta otros factores. En una ciudad como Madrid, por ejemplo, los parados no pueden pagar el precio de los transportes públicos. Los abuelos que tienen que cuidar de sus nietos porque sus hijos han perdido el empleo o un porcentaje de su salario, no pueden manifestarse. Las parejas que han tenido que renunciar a la guardería de los suyos, tampoco. Los pequeños comerciantes han despedido a sus empleados y hacen guardia tras los mostradores, los licenciados en busca de su primer empleo necesitan todas las horas del día para presentar currículos y pedir becas que nunca les conceden, y a las mujeres trabajadoras que ya no pueden pagar a nadie que las ayude, no les queda más remedio que hacer la compra de noche. Los que han emigrado, no están, y los que quedan no siempre tienen fuerzas suficientes para salir a la calle a gritar su descontento. Aunque, quizás, después de ver las imágenes de los antidisturbios disparando pelotas de goma en la estación de Atocha, logren sacarlas de su flaqueza.
Si las declaraciones de Rajoy no encerraran un mensaje tan injusto y peligroso al mismo tiempo, su optimismo resultaría encomiable. Se nota, eso sí, que ve los informativos de TVE.
Antipolítica y multitud
(Otro ejemplo más de cómo se defienden corporativamente los políticos, que han corrompido todas las instituciones y han pervertido el respeto a la legalidad)
Antipolítica y multitud:
El malestar colectivo que se llevó por delante las democracias liberales en el periodo de entreguerras vuelve a escena. Es cierto que no adopta las maneras totalitarias ni exhibe el matonismo pistolero y la marcialidad de aquellos años, pero no cabe duda de que actualiza en clave postmoderna la lógica y los mitos que movilizaron a las masas con el fin de derribar la arquitectura institucional sobre la que se sustenta nuestra civilización democrática.
Bastaría leer lo que decían en 1922 los organizadores de la marcha sobre Roma o los que en 1933 aplaudieron el incendio del Reichstag, para comprender la importancia de aquello que afirmaba Georges Santayana de que: “Quien no conoce la historia, está condenado a repetirla”. Hoy, como entonces, se cuestiona abiertamente la legitimidad de nuestras instituciones y la fuerza de nuestra legalidad democrática. Para ello se despliega ante la opinión pública de forma abrupta una animadversión antilegal y antiparlamentaria que reproduce casi milimétricamente las críticas que Carl Schmitt dirigía en los años 20 y 30 del siglo XX hacia el Estado de derecho, la primacía de la Ley, la Constitución de Weimar y los políticos que la defendían. Conscientes o no, lo cierto es que son legión sus discípulos, haciendo realidad la tesis de Jürgen Habermas de que buena parte de la izquierda post-frankfurtiana, así como del comunitarismo que alienta muchas derivas nacionalistas dentro y fuera de nuestras fronteras, viven atrapadas por el bucle conceptual que urdió el autor de La dictadura cuando disparó sin remilgos contra el diseño corrompido de la democracia liberal.
España atraviesa una coyuntura extraordinariamente compleja. La crisis golpea nuestro bienestar desde hace cinco años y se está poniendo a prueba la entereza de nuestras instituciones democráticas y, con ellas, las estructuras de equidad que salvaguardan la paz social de nuestro país. Más de 30 años después de recuperarlas, las instituciones democráticas se ven discutidas por una tempestad antipolítica que ensalza las multitudes y reclama el derecho a que sean éstas quienes decidan por dónde debe orientarse el interés general, ya sea del conjunto o de partes significativas de la sociedad española. Lo grave de la situación estriba en que este cuestionamiento de la política representativa y de su institucionalidad se basa en una doble manipulación. Por un lado, se utilizan los buenos sentimientos de mucha gente desasistida de esperanza que se manifiesta haciendo realidad aquello que Georges Bataille decía de que la “impotencia grita en mí” y, por otro, se tergiversan los defectos que objetivamente pesan sobre nuestras instituciones para transformarlos en sistémicos y deslegitimar así la raíz misma de su vigencia moral. De este modo, se desgarran las costuras de nuestra democracia invocando la promesa de una pesadilla venidera que tiene sus profetas y que levanta banderas de redención colectiva que pretenden, por la vía de los hechos, subvertir el marco constitucional a través del desarrollo de un relato mesiánico que erige a la multitud, la que sea, en protagonista de un nuevo escenario constituyente o titular de un inexistente derecho de autodeterminación.
Esta alianza entre antipolítica y culto a la multitud tiene en estos momentos una extraordinaria fuerza desestabilizadora. En primer lugar, proyecta hacia el exterior una imagen deformada de nuestro país que debilita nuestra credibilidad y solvencia. Y en segundo lugar, mina los cimientos de legitimidad de nuestra democracia debido a la simplicidad emocional de su planteamiento y a que insufla una noción romántica de identidad que pugna por dar sentido épico al abatimiento individual que produce ver cómo se derrumban casi todas las certidumbres colectivas que han dibujado la modernidad de España desde la transición a nuestros días. Así las cosas, no es extraño que la inquietud abrume a muchos que no entienden por qué, cuando la crisis nos golpea más intensamente, algunos han decidido picar las espuelas schmittianas de la antipolítica para gritar que es necesario que “la vida real haga saltar con su energía la cáscara de una mecánica anquilosada por la pura repetición”. La antipolítica deviene así en una épica de la multitud que agita la normalidad repetitiva de las leyes y la representación para ver qué surge del abismo excepcional, olvidando que siempre la primera víctima de esta peligrosa deriva es la propia libertad. Máxime si, como decía Montesquieu, la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten, pues, fiel a la tradición republicana, pensaba que el buen gobierno solo puede ser aquel donde gobiernan las leyes que los hombres se dan a sí mismos con la voluntad de respetarlas.
Y si la exigencia de respetar la legalidad democrática siempre ha de ser motivo de vigencia normal, esta circunstancia se refuerza con el status de urgencia cívica cuando el dolor y la desesperanza alfombran nuestras calles de gente que necesita respuestas para sobrellevar la inmovilidad que proyecta cada día el horizonte de la crisis. De lo contrario, la calle se convierte en un espacio propicio para el despliegue de un eficaz reclamo de subversión política en el que se violentan las formas y los límites, quebrando la paz social y el respeto a las leyes que son el fundamento de un gobierno democrático. Sustituir la institucionalidad deliberativa por el griterío de la multitud no es democracia. Como tampoco lo es defender que la voluntad de un pueblo está por encima de las leyes. Una y otra idea abocan al conflicto y la violencia al confundir la deliberación con la aclamación y al conjunto de una sociedad con la multitud.
Lo sorprendente es que hasta el momento no sean muchos los que denuncian esta estrategia que convierte la calle en una asamblea que allana el camino hacia una épica de la excepcionalidad que justifica que nada se resista al pueblo cuando éste se manifiesta multitudinariamente. El fenómeno no es nuevo. Lo analizó Elias Canetti en Masa y poder cuando describió cómo los cauces deliberativos de la representación institucional de la democracia fueron borrados en el periodo de entreguerras por el concierto totalitario de las multitudes y la lógica asertiva de la aclamación. Ésta se convirtió en un dogma indubitado que, como había defendido Carl Schmitt, elevaba el grito a la consideración de un absoluto emocional que identificaba al pueblo como una masa con vocación de poder irresistible. Una masa alagada por demagogos mediáticos cuyo objetivo era entonces, como ahora, el mismo: desposeer a la democracia parlamentaria de su soporte formal y, de paso, debilitar su legitimidad al cuestionar su fundamento como el gobierno de las leyes y no de los hombres. De ahí que no extrañe cómo la antipolítica organizada repita a través de sus francotiradores que el pueblo es una comunidad virtuosa per se que está por encima de la ley y de sus representantes; especialmente si éstos han sido previamente caricaturizados como una clase parasitaria y prescindible debido a la indignidad de su comportamiento y la falta de merecimiento para desempeñar ejemplarmente su función de representación.
Hemos llegado hasta aquí después de un caldo de cultivo que ha ido dando carta de naturaleza a una antipolítica que paso a paso ha rebajado hasta el nivel de la caricatura a nuestra legalidad democrática, a sus instituciones y, sobre todo, a sus representantes. Es indudable que muchas cosas son mejorables en nuestra democracia, empezando por el comportamiento de quienes tenemos el deber de servirla ejemplarmente. Pero mejorarla no significa poner a cero el contador de la experiencia colectiva que llevamos a nuestras espaldas democráticas y que, en términos generales, ha hecho de España un país próspero y moderno que, eso sí, está en crisis, como casi todos los países de nuestro entorno europeo. Podemos quedarnos aquí y ver en todo ello una oportunidad para mejorar y vencer la crisis. Pero podemos también cuestionarnos a nosotros mismos y echar abajo todo lo bueno que ha traído la democracia a nuestra sociedad desde la Transición para acá. Basta rebasar un límite para desandar todo lo positivo que aporta ese camino. Ese límite empieza y termina en el respeto de la legalidad.
José María Lassalle es secretario de Estado de Cultura.
Antipolítica y multitud:
El malestar colectivo que se llevó por delante las democracias liberales en el periodo de entreguerras vuelve a escena. Es cierto que no adopta las maneras totalitarias ni exhibe el matonismo pistolero y la marcialidad de aquellos años, pero no cabe duda de que actualiza en clave postmoderna la lógica y los mitos que movilizaron a las masas con el fin de derribar la arquitectura institucional sobre la que se sustenta nuestra civilización democrática.
Bastaría leer lo que decían en 1922 los organizadores de la marcha sobre Roma o los que en 1933 aplaudieron el incendio del Reichstag, para comprender la importancia de aquello que afirmaba Georges Santayana de que: “Quien no conoce la historia, está condenado a repetirla”. Hoy, como entonces, se cuestiona abiertamente la legitimidad de nuestras instituciones y la fuerza de nuestra legalidad democrática. Para ello se despliega ante la opinión pública de forma abrupta una animadversión antilegal y antiparlamentaria que reproduce casi milimétricamente las críticas que Carl Schmitt dirigía en los años 20 y 30 del siglo XX hacia el Estado de derecho, la primacía de la Ley, la Constitución de Weimar y los políticos que la defendían. Conscientes o no, lo cierto es que son legión sus discípulos, haciendo realidad la tesis de Jürgen Habermas de que buena parte de la izquierda post-frankfurtiana, así como del comunitarismo que alienta muchas derivas nacionalistas dentro y fuera de nuestras fronteras, viven atrapadas por el bucle conceptual que urdió el autor de La dictadura cuando disparó sin remilgos contra el diseño corrompido de la democracia liberal.
España atraviesa una coyuntura extraordinariamente compleja. La crisis golpea nuestro bienestar desde hace cinco años y se está poniendo a prueba la entereza de nuestras instituciones democráticas y, con ellas, las estructuras de equidad que salvaguardan la paz social de nuestro país. Más de 30 años después de recuperarlas, las instituciones democráticas se ven discutidas por una tempestad antipolítica que ensalza las multitudes y reclama el derecho a que sean éstas quienes decidan por dónde debe orientarse el interés general, ya sea del conjunto o de partes significativas de la sociedad española. Lo grave de la situación estriba en que este cuestionamiento de la política representativa y de su institucionalidad se basa en una doble manipulación. Por un lado, se utilizan los buenos sentimientos de mucha gente desasistida de esperanza que se manifiesta haciendo realidad aquello que Georges Bataille decía de que la “impotencia grita en mí” y, por otro, se tergiversan los defectos que objetivamente pesan sobre nuestras instituciones para transformarlos en sistémicos y deslegitimar así la raíz misma de su vigencia moral. De este modo, se desgarran las costuras de nuestra democracia invocando la promesa de una pesadilla venidera que tiene sus profetas y que levanta banderas de redención colectiva que pretenden, por la vía de los hechos, subvertir el marco constitucional a través del desarrollo de un relato mesiánico que erige a la multitud, la que sea, en protagonista de un nuevo escenario constituyente o titular de un inexistente derecho de autodeterminación.
Esta alianza entre antipolítica y culto a la multitud tiene en estos momentos una extraordinaria fuerza desestabilizadora. En primer lugar, proyecta hacia el exterior una imagen deformada de nuestro país que debilita nuestra credibilidad y solvencia. Y en segundo lugar, mina los cimientos de legitimidad de nuestra democracia debido a la simplicidad emocional de su planteamiento y a que insufla una noción romántica de identidad que pugna por dar sentido épico al abatimiento individual que produce ver cómo se derrumban casi todas las certidumbres colectivas que han dibujado la modernidad de España desde la transición a nuestros días. Así las cosas, no es extraño que la inquietud abrume a muchos que no entienden por qué, cuando la crisis nos golpea más intensamente, algunos han decidido picar las espuelas schmittianas de la antipolítica para gritar que es necesario que “la vida real haga saltar con su energía la cáscara de una mecánica anquilosada por la pura repetición”. La antipolítica deviene así en una épica de la multitud que agita la normalidad repetitiva de las leyes y la representación para ver qué surge del abismo excepcional, olvidando que siempre la primera víctima de esta peligrosa deriva es la propia libertad. Máxime si, como decía Montesquieu, la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten, pues, fiel a la tradición republicana, pensaba que el buen gobierno solo puede ser aquel donde gobiernan las leyes que los hombres se dan a sí mismos con la voluntad de respetarlas.
Y si la exigencia de respetar la legalidad democrática siempre ha de ser motivo de vigencia normal, esta circunstancia se refuerza con el status de urgencia cívica cuando el dolor y la desesperanza alfombran nuestras calles de gente que necesita respuestas para sobrellevar la inmovilidad que proyecta cada día el horizonte de la crisis. De lo contrario, la calle se convierte en un espacio propicio para el despliegue de un eficaz reclamo de subversión política en el que se violentan las formas y los límites, quebrando la paz social y el respeto a las leyes que son el fundamento de un gobierno democrático. Sustituir la institucionalidad deliberativa por el griterío de la multitud no es democracia. Como tampoco lo es defender que la voluntad de un pueblo está por encima de las leyes. Una y otra idea abocan al conflicto y la violencia al confundir la deliberación con la aclamación y al conjunto de una sociedad con la multitud.
Lo sorprendente es que hasta el momento no sean muchos los que denuncian esta estrategia que convierte la calle en una asamblea que allana el camino hacia una épica de la excepcionalidad que justifica que nada se resista al pueblo cuando éste se manifiesta multitudinariamente. El fenómeno no es nuevo. Lo analizó Elias Canetti en Masa y poder cuando describió cómo los cauces deliberativos de la representación institucional de la democracia fueron borrados en el periodo de entreguerras por el concierto totalitario de las multitudes y la lógica asertiva de la aclamación. Ésta se convirtió en un dogma indubitado que, como había defendido Carl Schmitt, elevaba el grito a la consideración de un absoluto emocional que identificaba al pueblo como una masa con vocación de poder irresistible. Una masa alagada por demagogos mediáticos cuyo objetivo era entonces, como ahora, el mismo: desposeer a la democracia parlamentaria de su soporte formal y, de paso, debilitar su legitimidad al cuestionar su fundamento como el gobierno de las leyes y no de los hombres. De ahí que no extrañe cómo la antipolítica organizada repita a través de sus francotiradores que el pueblo es una comunidad virtuosa per se que está por encima de la ley y de sus representantes; especialmente si éstos han sido previamente caricaturizados como una clase parasitaria y prescindible debido a la indignidad de su comportamiento y la falta de merecimiento para desempeñar ejemplarmente su función de representación.
Hemos llegado hasta aquí después de un caldo de cultivo que ha ido dando carta de naturaleza a una antipolítica que paso a paso ha rebajado hasta el nivel de la caricatura a nuestra legalidad democrática, a sus instituciones y, sobre todo, a sus representantes. Es indudable que muchas cosas son mejorables en nuestra democracia, empezando por el comportamiento de quienes tenemos el deber de servirla ejemplarmente. Pero mejorarla no significa poner a cero el contador de la experiencia colectiva que llevamos a nuestras espaldas democráticas y que, en términos generales, ha hecho de España un país próspero y moderno que, eso sí, está en crisis, como casi todos los países de nuestro entorno europeo. Podemos quedarnos aquí y ver en todo ello una oportunidad para mejorar y vencer la crisis. Pero podemos también cuestionarnos a nosotros mismos y echar abajo todo lo bueno que ha traído la democracia a nuestra sociedad desde la Transición para acá. Basta rebasar un límite para desandar todo lo positivo que aporta ese camino. Ese límite empieza y termina en el respeto de la legalidad.
José María Lassalle es secretario de Estado de Cultura.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)