Ni Zapatero, ni Salgado, ni Rubalcaba. Quien hizo todo lo posible para que la familia Botín fuera investigada por un supuesto delito fiscal en la Audiencia Nacional fueron los inspectores de Hacienda, que no se conformaron con la regularización practicada por los implicados e insistieron en trasladar el caso al fiscal, frente al criterio de Economía, que había dado todas las facilidades posibles para cerrar el asunto con un acuerdo privado sin publicidad.
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