Ya habíamos dejado en segundo plano la polvareda levantada por la influencia que las creencias religiosas de Carlos Dívar, presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, pudieron tener en el frenazo a un informe de esta institución sobre la reforma legal del aborto. Y de pronto disponemos de otra muestra de su pensamiento. Al responder a la inquietud de un diputado catalán por el escaso uso de las lenguas cooficiales en el ámbito de la justicia, Dívar rememoró cierta ocasión en que llamó a un intérprete de mandingo a su juzgado. Después se disculpó, pero el mal estaba hecho: había comparado el uso de un idioma español, cooficial en su territorio, con el de una lengua hablada en África occidental.
Poco antes, la portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo, indicó que “no todos los imputados son iguales”, para explicar que la futura declaración judicial del duque de Palma sea dispensada de grabación. “No todos los asuntos judiciales están sometidos a la misma presión mediática (…) y no en todas las ocasiones puede estigmatizarse tanto la imagen de una persona”, argumentó. Luego insistió en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, pero que difieren “las circunstancias”. Procesos mediáticos hay muchos, además del que afecta a Iñaki Urdangarin.
Estas son las personas que reclaman rigor y respeto a las decisiones judiciales. Que se quejan, como ha hecho Dívar en sede parlamentaria, de lo que calificó como “deslegitimación” del Poder Judicial. Son los mismos que constatan, año tras año, la demora de millones de asuntos.
Lo cual no solo se debe a la escasez de medios para la Administración de justicia, sino también al tiempo —y al dinero— que se pierde manteniendo abiertos procedimientos que se sabe de antemano que no van a ir a parte alguna, pero que perviven por intereses poco transparentes, como ha sucedido con uno de los referidos a Baltasar Garzón.
Habría que preguntar a estos dignatarios del tercer poder del Estado si podrían poner algo más de su parte para merecer el respeto que demandan, mejorar la imagen de la justicia y hacerla más respetable para el ciudadano.
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