En EL PAÍS de 13 de febrero se comenta (Bata pública, bata privada, pág. 22) que la Generalitat catalana está investigando al Hospital de la Seu d´Urgell, centro público con gestión privada, donde, cerrados los quirófanos por la tarde por falta de presupuesto, hay médicos que aprovechan para operar en ellos a pacientes privados.
Y como nada nuevo hay bajo el sol, me gustaría recordar que en 1980, siendo diputada provincial de Madrid (luego pasaría a ser consejera de Salud de la Comunidad) descubrí que en el entonces Hospital Provincial de Madrid a mi cargo —antes Francisco Franco, hoy en día Gregorio Marañón— había una denominada “Clínica” donde algunos médicos, funcionarios públicos, atendían a sus pacientes privados, entre ellos al propio Franco, que pasó una temporada por tromboflebitis. Los gastos de la Clínica —unos 130 millones anuales de pesetas— eran sufragados por entero por la Diputación Provincial.
Corté de raíz esos abusos, no cerrando la clínica pero sí imponiendo unas tarifas máximas por los diferentes actos médicos, prohibiendo actuar durante la jornada laboral y, sobre todo, exigiendo que los pacientes pagaran vía hospital, lo que evitaba la evasión fiscal. Todo ello, con el consiguiente alboroto de los facultativos afectados. El Pleno de la Diputación se vio obligado a sancionar a un eminente cirujano cardiovascular por desvío de pacientes, incumplimiento de sus obligaciones y acusada disminución del rendimiento de su servicio, sanción que corroboró el Tribunal Supremo desestimando la alegación de abuso de poder alegada por el interesado.
Ojalá que nada de esto vuelva a repetirse, pero... .— María Gómez Mendoza.
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