El Informe emitido por Transparencia internacional 2012, la prestigiosa organización sin ánimo de lucro es muy claro, detallado e imparcial. Sitúa a España al mismo nivel que otros países del sur de Europa -Grecia, Italia y Portugal (diríase que “economía y corrupción” van de la mano). Dicho informe se vertebra en 44 recomendaciones que, como los mandamientos, las encierra y resume en diez propuestas finales. Aunque tenéis aquí el informe completo, las propuestas finales son muy genéricas. Marcan la tendencia y meta pero recuerdan aquello de la Constitución de 1812: “ Los españoles deben ser justos y benéficos”. A título personal, constato que hay objetivos tan retóricos como utópicos (“Despolitización” ¿?), no faltan los brindis al sol con candorosas etiquetas ( Códigos éticos, Planes estratégicos, Pacto nacional, responsabilidad social corporativa…) y abundan las recomendaciones con llamada a Leyes y mas Leyes que como los menús de los restaurantes pueden ofrecer nombres suculentos pero lo decisivo es la calidad de los ingredientes que constituyen su contenido ( Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Responsabilidad judicial, Ley de Rendimientos del Gobierno, Ley Nacional de Control Externo, etc). Dicho esto, me parecen acertadísimas las siguientes medidas concretas ( precedidas por el número de Recomendación) y que agruparía en cuatro bloques: (2). Se debe mejorar la independencia del legislativo y la rendición de cuentas de los legisladores con respecto a su distrito electoral, sin caer en un sistema imprevisible y caótico en el apoyo al gobierno; para ello, la introducción de algunas modificaciones en el sistema electoral (desbloqueamiento de las listas cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad, por ejemplo) podrían contribuir a estimular un funcionamiento interno más democrático de los partidos y a favorecer la rendición de cuentas de los representantes ante sus representados si se unen a otras medidas que refuercen la accountability.
SOBRE EL PODER JUDICIAL(4) y (8). Sería conveniente despolitizar los órganos superiores del poder judicial. El establecimiento de una carrera judicial con criterios claramente meritocráticos y objetivos podría ser una solución para el acceso a los puestos en los tribunales superiores.
La despolitización del CGPJ es esencial. La solución no es sencilla. Tal vez el nombramiento de sus miembros por sorteo entre magistrados calificados y entre abogados y juristas de reconocido prestigio, con una entrevista selectiva pública posterior en el Congreso y Senado para estos últimos, fuera una solución a plantearse.
SOBRE EL DERECHO MAS SAGRADO DEL CIUDADANO: SABER Y CONTROLAR
(10) En el marco de la Ley de Acceso debería crearse un portal de transparencia pública. ste Portal de transparencia debería recoger:
(plantilla, importe de retribuciones de cargos y currículum, número de tarjetas de crédito y teléfonos móviles así como vehículos oficiales; importe de Dietas y gastos de viaje; contratos menores e importe, nivel de ejecución presupuestaria intermedio y final; endeudamiento del organismo (importe absoluto de la deuda, así como el endeudamiento por habitante en los entes territoriales: Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, y Ayuntamientos); ayudas y Subvenciones concedidas por el EP (con los destinatarios y los importes concedidos).
(10) En el marco de la Ley de Acceso debería crearse un portal de transparencia pública. ste Portal de transparencia debería recoger:
(plantilla, importe de retribuciones de cargos y currículum, número de tarjetas de crédito y teléfonos móviles así como vehículos oficiales; importe de Dietas y gastos de viaje; contratos menores e importe, nivel de ejecución presupuestaria intermedio y final; endeudamiento del organismo (importe absoluto de la deuda, así como el endeudamiento por habitante en los entes territoriales: Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones, y Ayuntamientos); ayudas y Subvenciones concedidas por el EP (con los destinatarios y los importes concedidos).
(13) . Es preciso promover el desarrollo de la Contabilidad Analítica y el cálculo y publicación de los costes reales de las diferentes actividades y servicios de los organismos públicos,
(17) Es necesaria una Ley de protección al denunciante de corrupción, fraude, abuso o despilfarro. La oficina del Defensor del Pueblo podría crear un órgano interno dedicado a esta labor.
SOBRE LOS TIBURONES FINANCIEROS
(39) El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos: los sociales, ya que favorece indirectamente la criminalidad al permitir al delincuente “legitimar” el producto del delito, y los económicos y financieros, porque puede producir distorsiones de los movimientos financieros e, indirectamente, de los reales. Dados estos riesgos, resulta de la máxima importancia no sólo la represión del delito del blanqueo de capitales, sino también su prevención a través de la imposición de una serie de obligaciones y medidas administrativas a determinados sujetos de carácter financiero y no financiero (entidades financieras y profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros, anticuarios, etcétera) que pueden resultar más expuestos a este tipo de riesgo. Por todo ello, consideramos de la máxima importancia la implantación rigurosa de la Ley 10/2010, sobre prevención de lavado de capitales y financiación del terrorismo.
(39) El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos: los sociales, ya que favorece indirectamente la criminalidad al permitir al delincuente “legitimar” el producto del delito, y los económicos y financieros, porque puede producir distorsiones de los movimientos financieros e, indirectamente, de los reales. Dados estos riesgos, resulta de la máxima importancia no sólo la represión del delito del blanqueo de capitales, sino también su prevención a través de la imposición de una serie de obligaciones y medidas administrativas a determinados sujetos de carácter financiero y no financiero (entidades financieras y profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros, anticuarios, etcétera) que pueden resultar más expuestos a este tipo de riesgo. Por todo ello, consideramos de la máxima importancia la implantación rigurosa de la Ley 10/2010, sobre prevención de lavado de capitales y financiación del terrorismo.
A mi juicio, estas valientes y certeras recomendaciones de Transparencia Internacional debería ser el Programa para cualquier “Indignado” que se precie de serlo. Mas allá de la algarada, del populismo, de la queja indiscriminada y de la nueva “movida” de la indignación en que parece haber cristalizado el malestar de la ciudadanía que afloró el 15 M, creo que ese Informe de Transparencia pone el dedo en la llaga y bien estaría que algún partido político de forma valiente asumiera el mismo en su integridad y el candidato de turno formalizase aquello tan americano de un “Contrato con los españoles” para llevarlo a cabo.
Y mientras tanto, quizás el problema no son nuevas leyes sino aplicar las que hay y no dejar su efectividad al albur de la componenda, pasividad o estrategia política. Es triste que en el año 2012 nos sirva de receta de urgencia la luminosa recomendación que doscientos años antes nos ofrecía el Preámbulo de la Constitución de 1812 (LXXIV) en los siguientes términos:
El Gobierno ha de vigilar escrupulosamente la observancia de las leyes. Este debe ser su primer cuidado, mas para mantener la paz y tranquilidad de los pueblos no necesita introducirse a dirigir los intereses de los particulares con providencias y actos de buen gobierno. El funesto empeño de sujetar todas las operaciones de la vida civil a Reglamentos y mandatos de autoridades ha acarreado los mismos, y aún mayores males, que lo que se pretende evitar”.
Y quien dice reglamentos, dice leyes…
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