Obras de la M-501 en la Comunidad de Madrid. Fuente: 20 minutos
Un alcalde de una importante localidad andaluza dijo un buen día “la justicia es un cachondeo” y se metió en un lío. Pero eso es algo que, a tenor de comprobar cómo funciona la justicia en España, es fácil de pensar y decir en público. Supongo que un cargo electo no debería hacerlo, precisamente por el cargo que ocupa, pero también me imagino que eso no quita que lo piense y que a veces se le pueda escapar.
¿Por qué es una injusticia la justicia? ¿Alguien se imagina que un cirujano tardara 10 años en extirpar un tumor a un paciente, o un profesor empezara a dar clase 5 años después de que el alumno se matricule en la escuela? Pues esa es mi principal crítica a la justicia española: su lentitud. Por un sumatorio de razones que no voy a entrar a analizar, los juzgados se han llenado de causas pendientes que tardan años en resolverse. Y eso no es justicia. Muchas veces la sentencia llega cuando el demandante ha fallecido o cuando el cumplimiento de la misma se antoja imposible.
Así llegan compensaciones económicas o restituciones laborales a personas que ya no pueden disfrutar de ellas por haber fallecido hace tiempo, órdenes de alejamiento de violentos que ya se han llevado por delante a la persona de la que se tenían que alejar, reconoce derechos de paternidad cuando los hijos ya le son completamente desconocidos, etc.
Entre esos ejemplos leo hoy en el diario El Mundo que el Tribunal Supremo anula el acuerdo que dio luz verde al desdoblamiento de la carretera M-501. Pero ha tardado tanto en llegar la sentencia que la carretera está prácticamente construida, con lo que se antoja imposible que la situación vuelva a ser la de antes. Construir y destruir en este país sale gratis. Se puede arrasar un bosque y construir una urbanización y para cuando llega la sentencia que la declara ilegal, ya están todas las casas edificadas y vendidas, con lo que los costes de volver al punto inicial son tales que se deja todo como está. Es una forma de saltarse las leyes que ampara a los destructores de las pocas reservas naturales que van quedando cada vez más aisladas. Pese a que algún día un letrado les dirá que ha cometido una ilegalidad, el resultado práctico es otra injusticia más que unir a ese enorme listado que pesa sobre los tribunales.
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