(título desconocido)

(título desconocido):
El pasado sábado 27 de octubre de 2012 la coordinadora 25S convocó una manifestación en Madrid para protestar contra los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el gobierno. Como tantas otras veces, decidí participar en la protesta, así que me dirigí con cuatro amigos a la Plaza de España, que era el sitio desde donde partía la manifestación. Aunque llegamos allí veinte minutos antes de la hora de inicio, vimos que en una zona de la plaza algunas personas ya estaban concentradas, y decidimos unirnos a ellos. Al hacerlo, descubrimos que una parte de la plaza estaba acordonada por la policía, de forma que quedaban solo unas pocas vías de acceso. Cuando intentamos acceder a la plaza por uno de esos accesos, varios policías nacionales nos detuvieron.
–Disculpen, caballeros. ¿Vienen a la manifa?
–Sí.
–Muéstrennos sus documentos de identidad, por favor.
No entendimos por qué querían nuestra documentación, pero en ese momento nos limitamos a hacer lo que nos pedían. El policía que recogió nuestros carnets se alejó un poco para hacer anotaciones. Yo no sabía muy bien por qué, pero me invadió una sensación de culpabilidad. El hecho de que un policía te pida la identificación es algo que impone e intimida, pues algún motivo tiene que haber detrás y lo que es normal pensar es que uno ha hecho algo malo. Pero ninguno de nosotros habíamos hecho nada, salvo acercarnos al núcleo de una concentración.  En ese momento me fijé en que varias personas pasaban por donde queríamos pasar nosotros y ningún policía los paraba. Nos habían elegido a nosotros entre los muchos que pasábamos por allí. Lo que no acertaba a adivinar era el motivo.
–Ya está. Muchas gracias.
Nos devolvieron uno a uno nuestros documentos de identidad. Continuamos nuestro camino no sin una cierta preocupación por lo sucedido. En principio, solo se nos ocurrió que hubieran anotado nuestros datos para incluirnos en la famosa “lista negra” de la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes. Pero como no estábamos seguros de ello, uno de mis acompañantes decidió volver para preguntarles el motivo de la identificación.
–Perdone, ¿nos habéis pedido la identificación para sancionarnos por algo?
–No. Se trata de un mero procedimiento. Nada por lo que preocuparse.
–Entonces no nos vais a sancionar ni nada parecido, ¿no?
–A ver –intervino otro policía menos educado–, piensa con la cabeza. ¿Habéis hecho algo por lo que debieseis ser sancionados?
–Vale, vale – respondió mi amigo y volvió sobre sus pasos.
Aclarada parcialmente la duda, no volvimos a hablar sobre ello. Nos unimos al resto de personas y ejercimos nuestro derecho a manifestarnos por las calles de Madrid. Aquel día precisamente no hubo ningún altercado; incluso varios medios de comunicación publicaron una noticia de Europa Pressque rezaba “Termina en Neptuno y sin incidentes la protesta contra los ‘presupuestos de la deuda�”, donde se especificaba que “la marcha de hoy se ha llevado a cabo sin incidentes”.
Pues bien, un mes más tarde me llegaba a casa una notificación por la cual se me anunciaba que había sido sancionado con una multa de 500 euros por la siguiente infracción grave: “originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público”.
Para mayor recochineo, en la notificación se especificaba lo siguiente: “Usted fue identificado en la Plaza de España, lugar en el que se incorporó a la manifestación, habiendo sido previamente advertido por los agentes que el acto no había sido debidamente comunicado y autorizado por la Delegación del Gobierno”.
Verdaderamente alucinante. Una sanción totalmente inventada, en la que no solo se me acusaba de algo que yo no había hecho, sino de algo que nadie había hecho. Además, no solo los agentes no nos habían  advertido de que la manifestación no había sido comunicada, sino que además nos aseguraron que no íbamos a ser sancionados.
Ese día fuimos identificadas y sancionadas 300 personas. Y mucho me temo que en igualdad de condiciones; es decir, que escogieron arbitrariamente a 300 personas para sancionarlas sin motivo real. El objetivo claramente es el de amedrentar a los manifestantes y quitarles las ganas de seguir reivindicando sus derechos, pues recordemos que no estamos hablando de una multa fácilmente asequible de 50 euros, por ejemplo, sino de 500, que es una cantidad notablemente elevada.
Ninguna manifestación es ilegal. Manifestarse pacíficamente es un derecho legítimo de todo ciudadano, y ninguna persona debería ser sancionada por ejercerlos. Que ocurran este tipo de cosas en un país que se jacta de tener un régimen democrático y gozar de un Estado de derecho dice mucho de la enorme farsa en la que vivimos los ciudadanos españoles.