Creo que la declaración de la vicepresidenta del Gobierno anunciando una nueva legislación para prevenir tropelías presupuestarias y de gestión en la Administración Publica es muy desacertada. Volvemos al sistema de siempre. Aplicación estricta de la legalidad vigente al ciudadano y elaboración de nueva legislación cuando se trata de políticos. Con las leyes vigentes se pueden exigir responsabilidades civiles, penales y administrativas a quienes han saqueado el erario publico y las corporaciones de derecho publico. El que también haya miembros del partido gobernante implicados no debe ser óbice para exigir tanto la responsabilidad pertinente como el embargo de los bienes que correspondan. Subvenciones al vapor, FADs millonarios sin resultados concretos y controlables, EREs choriceros, aeropuertos fantasmas y otras lindezas no pueden terminar en un aviso a los sinvergüenzas de que tendrán que buscar nuevos trucos para robar.— Juan Carlos Anton Nárdiz.
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